La presidenta del TSJ defiende que en CyL los jueces "ejercen con rigor": "La independencia judicial no es un privilegio"

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha defendido este viernes que, en la Comunidad, los jueces "ejercen con rigor, sin someterse a presiones externas y con plena sujeción al ordenamiento jurídico".

Asimismo, ha reivindicado que "la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos".

Así lo ha manifestado durante el acto de apertura del año judicial que se ha celebrado este viernes en la sede del TSJCyL en Burgos ante la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y otras autoridades.

La presidenta del TSJCyL ha reivindicado que la confianza en la justicia "se construye cada día con resoluciones claras, accesibles y fundamentadas", por lo que requiere "obrar con independencia, que no es un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos".

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Del Ser ha garantizado que los jueces que ejercen en la Comunidad lo hacen "con rigor, sin someterse a presiones externas" y "obligados a respetar esa independencia".

Asimismo, ha puntualizado que la justicia "no se construye sola" y cree que el diálogo y el respeto institucional "deben ser la norma". "La colaboración con la abogacía, la fiscalía, la universidad y otros operadores jurídicos es esencial para que el derecho funcione al ritmo de la sociedad, que es cada día más igualitaria", ha explicado.

Previamente, ha ensalzado que "la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones" y más en un ámbito regional en la que la "cercanía exige una justicia accesible, eficaz y comprensible".

Es en este contexto donde se encuentran centrados ahora en los órganos del poder judicial para la implementación de la nueva Ley de eficiencia de la justicia, que implica la implantación de los tribunales de instancia.

"Esta reforma tiene la tendencia de mejorar la eficiencia, la especialización y proximidad del servicio judicial, que implica una complejidad organizativa", ha reconocido.

En cualquier caso, ha asegurado que en Castilla y León ya se está "avanzando" en esta etapa con la puesta en marcha de una primera fase, trabajando bajo un "horizonte claro de modernización y mejora de la Administración de justicia".

Ahora bien, ha subrayado que la transformación de los juzgados en tribunales de instancia exige de una "estrecha coordinación" con el Ministerio de Justicia en cuanto a medios materiales, tecnológicos y de personal.

Por eso, ha marcado como "imprescindible" la reasignación de competencias, redistribución de cargas de trabajo y la adecuación de sistemas informáticos y de formación.

"Se necesita una planificación rigurosa y consensuada para que la reforma no se produzca con más dilaciones y sea una oportunidad real", ha apuntado.

Así, ha reclamado al Ministerio que tenga "sensibilidad ante las propuestas que desde la carrera judicial se formulan en defensa del interés general". En cualquier caso, ha asegurado que "va a salir muy bien".

En otro orden de cosas, ha resaltado el "firme compromiso" del TSJCyL en la lucha contra la violencia de género y ha destacado los "pasos significativos" que se han dado en la especialización de los órganos judiciales.

Y así lo "demuestra" la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer de Valladolid y León y la creación de secciones especializadas que "garantizan una atención más eficaz a la víctima".

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"La especialización judicial en violencia sobre la mujer es, sin duda, un avance necesario y urgente, en un contexto en el que la sociedad demanda respuestas más rápidas y eficaces", ha insistido, para seguidamente subrayar que la justicia "no solo sanciona, sino que protege y acompaña a quienes sufren violencia por razón de género y a todas las víctimas".

"Los ciudadanos esperan de nosotros imparcialidad, profesionalidad y cercanía. Es nuestra responsabilidad velar especialmente por quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. Una justicia que no les contempla pierde su esencia", ha apuntado.

También ha resaltado la incorporación de la IA y los retos que implica en el mundo judicial, situando como "crucial" que el sector afronte el nivel de este "gran" desafío. "En esta revolución digital se encuentran las claves para abordar sus propios riesgos", ha asegurado.

La máxima representante judicial de Castilla y León ha recalcado, además, que las nuevas herramientas son "cruciales para detectar pruebas falsas y los fraudes sofisticados" y ha mostrado su compromiso para afianzar el "impulso a los sistemas de gestión de los órganos del poder judicial que dote de esta eficiencia".

"La justicia de Castilla y León sigue avanzando con firmeza, cercanía y determinación, hacia una sociedad más segura y democrática", ha sentenciado.

Fiscal General

Por otro lado, el fiscal general de Castilla y León, Santiago Mena, ha querido referirse a una "realidad sobrecogedora" que afecta a Castilla y León, la de las agresiones a los profesionales médicos y sanitarios, un millar durante el 2024 y siendo un 83% de las víctimas mujeres.

"La condición de la mujer sufre un plus de ataque y discriminación. Estos datos, no obstante, son la punta del iceberg", ha destacado Mena, quien ha hecho público el interés de la Fiscalía de Castilla y León en "luchar contra este ataque contra uno de los bienes más preciados de nuestro Estado de bienestar como es la sanidad pública".

Por ello, ha pedido el "apoyo" de las administraciones y la "comprensión" de los ciudadanos usuarios de este servicio ante las "reticencias a denunciar por parte de los profesionales por el miedo de sus agresores en las consultas médicas".

Siguiendo con esta reclamación, el fiscal general ha hablado de la especialización de sus compañeros en la violencia sobre la mujer, ya que "desde hace dos décadas comprobamos que crece".

Por ello, Mena cree que estos datos hacen "más incomprensible que algún sector político y social sigue anteponiendo su ideología a la cruda realidad de las cifras y de los hechos que por si misma deberían acallar las falacias que sobre esta realidad se pretende proyectar".

Precisamente, ha incidido en que en 2024 aumentaron el número de procedimientos incoados un 17% en Castilla y León. Ha recordado que de las 48 mujeres asesinadas, dos fueron en la Comunidad, una cuellarana de 43 años y una vallisoletana de 49.

Desde que hay registros, 64 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, por lo que Mena ha resaltado que "si con este dato alguien sigue dudando de que esto no es un problema nacional, que aguante la mirada ante los familiares de esas mujeres y la sociedad entera".

En cuanto a los incendios forestales, Mena ha explicado que los fiscales son "especialistas dedicados a combatir la delincuencia contra el medio ambiente", por lo que son conocedores del "limitado papel que este derecho penal puede tener".

Y es aquí donde "desde hace años", la red de fiscales "se empeña en descubrirlo" y ha reivindicado que "no podemos dejarnos llevar como sociedad por la importancia que en ocasiones genera la incertidumbre de los incendios".

De esta forma, ha abogado por "proporcionar prudencia y rigor frente a las soluciones simplistas". "Deberíamos evitar el riesgo de criminalizar al mundo rural y determinados colectivos y no podemos reducir el complejísimo problema a la represión penal".

Por último, ha reivindicado el papel del fiscal como parte del poder judicial y ha destacado que las reclamaciones que se pueden hacer "frente al eventual ataque que inspira nuestro trabajo pueden y deben ser equiparables y compartidos con lo de los jueces y magistrados".

"Es digno de protección el respeto a la independencia judicial, como es el respeto a la imparcialidad y objetividad del fiscal. Todos ellos se sustentan en el cumplimiento de la ley", ha zanjado.