Collage del contrato de alquiler de Maricarmen y Maricarmen en su piso en alquiler.
En una democracia, la libertad individual no es absoluta, ya que limita -o termina-, exactamente, donde empieza la libertad de los demás, en la busca de proteger los derechos de todos, manteniendo la sociedad en equilibrio.
Quizás a alguien le pudiera apetecer hacer una fiesta en su vivienda particular durante todas las horas de una noche, pero ello limitaría el derecho al descanso de sus vecinos.
El intervencionismo del Estado en todos los ámbitos, es un debate que viene de antiguo, ¿hasta dónde regular, en cualquier esfera, y a partir de dónde, el derecho individual que se puede ver afectado por ello? La hipérbole que sirve de ejemplo a lo anterior, puede ser la famosa ‘Segunda Enmienda’ en los Estados Unidos, que ampara el derecho de cualquier ciudadano, a nivel individual, a portar armas para defenderse, algo que desde la visión de Europa, y de otras zonas del mundo, es ampliamente criticado, identificando en ello la abundante casuística, en EEUU, de tiroteos y agresiones múltiples. Sirva de ejemplo que en el año 2025 fueron 300 las víctimas por esa causa.
Por supuesto que desde estas líneas no defendemos el uso de armas, sobra decirlo, pero esa casuística sirve para exponer cómo la libertad del individuo debe estar limitada por el ejercicio de las de los demás.
España, como país, es reconocido por la solidaridad de sus gentes, en el caso general. A mitad del siglo XX ciudadanos españoles fueron acogidos en otros países para ganarse la vida y durante décadas fuimos un país de emigrantes. Hoy España es país de acogida, pero la forma, el cómo, la cantidad y las condiciones deben obedecer a las posibilidades reales. Todo es finito, desde las posibilidades de acogimiento, a las presupuestarias y no ser consciente de ello es vivir en un mundo si no irreal, sí insostenible.
El artículo 47 de la, actualmente discutida, Constitución de 1978, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, señalando que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y regular la utilización del suelo para ese fin. Sin embargo hoy en España falta vivienda, y la primera pregunta a hacer es ¿por qué se vendieron todas las antiguas viviendas de protección oficial (VPO), de diferentes épocas y hornadas, limitando los recursos públicos y, con esa medida, sí, fomentando la especulación de personas a los que se hicieron beneficiarios de ese tipo de ayuda como arrendatarios y terminaron por ser propietarios. No hará falta recordar la venta máxima de viviendas públicas que se hicieron a los ‘fondos buitre’ tras la eclosión de la llamada ‘crisis financiera e inmobiliaria’ acaecida en la primera década de este siglo XXI. Sí, hoy faltan viviendas, pero además de la dificultad en construir promociones públicas al ritmo necesario, hay responsables, con nombres y apellidos, en todos aquellos que decidieron la venta de grandes cantidades de inmuebles de protección oficial, especialmente desde mediados del siglo XX.
¿Es legítimo el derecho a una vivienda digna?, por supuesto que sí.
Pero igual de legítimo es el esfuerzo hecho por un particular a lo largo de su vida -en muchos casos, durante cuarenta o cincuenta años-, por adquirir un inmueble, al margen del suyo de residencia, y arrendarlo para complementar sus ahorros y su pensión.
Hoy en España, la LAU, con las modificaciones aprobadas en 2018 y 2019, dificulta la libre recuperación de una vivienda arrendada, por parte del arrendador, aunque se haya cumplido el plazo recogido en origen en el contrato, y ello hace chocar dos legitimidades, la del inquilino y la de la propiedad, aún estando dentro de los que se llama ‘pequeños propietarios’, es decir que no tienen más de tres viviendas, lo cual lleva a otra dura realidad cual es llegar a retirar del mercado oferta de viviendas de alquiler, ante la dificultad para administrar un patrimonio hecho a base de esfuerzo, a lo largo del tiempo, convirtiendo lo que se buscaba como herramienta de solución en un nuevo problema para el mercado de la vivienda en España, todo ello a causa del enfrentamiento entre dos legitimidades que confrontan libertades individuales.
