José Luis Rodríguez Zapatero.
A primera hora de este martes se ha hecho pública la noticia de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por la presunta comisión de dos delitos relacionados con el tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
En primer lugar, hay que destacar que la imputación se ha hecho después de las elecciones andaluzas para no interferir en los resultados electorales, lo que desmonta la estrategia del Gobierno y su séquito de periodistas y apesebrados de acusar a la judicatura de ejercer "lawfare" contra el Ejecutivo.
El juez que ha redactado el auto que explica los motivos de la imputación, José Luis Calama, esgrime con todo lujo de detalles cómo Zapatero habría cometido cada uno de los delitos por los que se le acusa.
En el referido texto se menciona "la utilización de sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos". Es decir, en todo momento, el expresidente habría tratado de aprovechar sus influencias, mediante personas allegadas a él, dentro de la compañía aérea Plus Ultra.
También se menciona el uso de "contratos de asesoría elaborados 'ad hoc' y pagos directos e indirectos de Plus Ultra", para tapar su beneficio personal en todo el entramado del rescate a la compañía señalada.
Lo más destacado del auto, de 85 páginas de extensión, es cómo se señala a Zapatero como el "líder de una organización estructurada". Además, se le vincula con el empresario Julio Martínez Martínez por el "desempeño de un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor con la compañía, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Zapatero y como responsable del entramado societario".
Toda la investigación, contra todo lo que se está diciendo en los medios afines al Gobierno, no proviene de una querella de la asociación Manos Limpias, sino de una investigación que parte de la Fiscalía Anticorrupción y de diligencias internacionales relacionadas con Suiza y Francia, porque todo este entramado también habría operado a nivel internacional.
En resumen, Zapatero habría ocultado sus beneficios por el rescate de la compañía mediante la creación de sociedades mercantiles fuera de España, en las que cada una de ellas se constituyó con una parte de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra después de aprobarse su rescate en el Consejo de Ministros. Para más inri, con el objetivo de tapar el dinero recibido, Zapatero habría firmado contratos como asesor para desviar el foco de estos fondos. De ahí, la falsedad documental de la que se le acusa.
Todavía queda por saber la vinculación de su enriquecimiento patrimonial derivado, como se señala en el propio auto, de "su intervención directa en operaciones internacionales de alto valor económico", como el "petróleo" y el "oro".
Por si alguien todavía no ha entendido por qué Zapatero se ha ocupado de blanquear la dictadura de Venezuela, en lo anterior puede encontrar el motivo exacto. Como buen socialista, ha sabido vender ante la opinión pública la imagen de una persona tremendamente preocupada por los "derechos humanos", además de comprometida con los "valores democráticos".
Todavía cuesta entender cómo una persona de semejante cariz antidemocrático y amoral ha podido gobernar España con mayoría absoluta. La alegría de los que llevamos años denunciando la vinculación de Zapatero con la dictadura chavista no oculta la tristeza de ver a un expresidente del Gobierno de España —y por primera vez en la historia de nuestra democracia— imputado por delitos que pueden llevarle, en caso de acabar condenado, a la cárcel durante 19 años.
En condiciones de normalidad institucional y democrática, Pedro Sánchez habría convocado elecciones generales hoy mismo. Se trata de una persona estrechamente vinculada a él que acaba imputada por la presunta comisión de delitos muy graves, y más tratándose del expresidente del Gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea.
Todo empezó con Delcy Rodríguez y acabará con el propio Sánchez.