Huelga imposible del Poder Judicial

La noticia de que los jueces y los fiscales se hayan manifestado anunciando la posibilidad de una huelga frente al Gobierno, debe dejarnos pensativos porque no hay mejor evidencia de que los poderes del Estado no están separados, lo que redunda en la inexistencia de una democracia formal que permita canalizar nuestros derechos y libertades correctamente.

La idea de que un Poder del Estado –en este caso el Poder Judicial– se ponga en huelga frente a otro Poder (el Ejecutivo) no es posible, porque la huelga no está pensada por el legislador para que una parte del Estado se ponga en huelga frente a la otra parte del Estado –la huelga del Estado contra sí mismo constituye una aberración en sí misma–, como no está pensado por el legislador, por otra parte. Porque jurídicamente no es posible, que una parte que no tiene dependencia con respecto otra, se ponga en huelga, mucho menos, insisto, cuando e trata de poderes del Estado, y por tanto, poderes que deberían estar separados y perfectamente delimitados, ademas de tener independencia plena.

La huelga viene a cuento de la reforma legislativa promovida por el Ministerio de Justicia, que, en alguna manera, pretende socavar aún más la independencia del Poder Judicial. Todo esto no sucedería si el Poder Ejecutivo no tuviera asignadas funciones que son propias, o deberían serlo, del Poder Judicial. La existencia del Ministerio de Justicia es incompatible con la separación de poderes, porque el Ejecutivo no puede absorber funciones de otro Poder.

La Administración de Justicia precisa la eliminación del ministerio de Justicia del organigrama del Ejecutivo, y el traslado de sus funciones al Consejo General del Poder Judicial. Este consejo precisa, además, policía y presupuestos propios y elecciones corporativas, legitimando en el voto a los jueces (como mucho, podríamos asumir que votaran igualmente fiscales, letrados judiciales, abogados en ejercicio y procuradores).

De cambiar el organigrama, las proposiciones legislativas en torno a reformas de gran calado y de gran afectación en el funcionamiento independiente de la Justicia deberían ser propuestas por los operadores jurídicos, que conocen mucho mejor el terreno que pisan, no digamos si se trata de leyes procesales que se imbrican directamente en el núcleo de la independencia del Poder Judicial, por cuanto el proceso jurídico delimita realmente el calado del Poder Jurisdiccional.

Ya está mal que legisle el ejecutivo y que una ley se elabore en un ministerio en lugar de elaborarse en sede parlamentaria, por cuanto de poco elegante democráticamente significa esto y poco pulcro en lo que atiene a la separación de los Poderes Públicos.

¿Cómo es posible que personas formadas en derecho –jueces y fiscales– se pongan en huelga frente al Gobierno, asumiendo con ello y haciendo explicito ante la sociedad que no son independientes? ¿Cómo es posible que estos operadores no sean conscientes de lo que significa ser un Poder del Estado, lo que, a efectos de protocolo y de derecho, es decir formal y materialmente, hace imposible una huelga suya?

Si los jueces y los fiscales no son conscientes de su autonomía y las linderas de su dominio, que nadie puede invadir ¿quién puede ser jurídicamente consciente de su autonomía normativa como ciudadano?

En una democracia parlamentaria, en todo caso, el Poder prevalente, de haberlo, debería ser el Legislativo. Pero en esta legislatura, no solo seguimos viendo a los ministros y al presidente sentados en el Parlamento, legislando y votando, es que, ademas de seguir eligiendo representantes mediante un sistema electoral que sólo representa a los partidos políticos, hemos visto al presidente del Ejecutivo, con todo descaro, ordenando a la presidenta del Congreso que cortara el turno de palabra del líder de la oposición.

Son tiempos duros para el derecho, pero debemos reflexionar seriamente sobre nuestro modelo de convivencia.