El gesto de Ximo Puig hacia los empresarios hoteleros de la Comunidad con el rescate el Imserso (el Consell destinará 5 millones a subvencionar parte del programa, ya que el Gobierno de España se niega a subir los precios) se produce en un contexto con un horizonte preelectoral delicado para los intereses socialistas, con varios frentes abiertos en el sur del territorio valenciano. 

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En la superficie, el anuncio, realizado por el propio presidente, se limita a acabar con "una injusticia" que su secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, había denunciado de manera bastante agresiva en numerosas ocasiones: que los precios que se pagaban por los viajes del Imserso eran insostenibles para los empresarios. 

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Pero también es cierto que, analizado friamente, al final el dinero de una comunidad infrafinanciada va a ir a parar a sufragar parte del viaje de ciudadanos de otras regiones, lo que tendrá un retorno electoral muy limitado para el propio PSOE valenciano. ¿Por qué se ha hecho entonces? 

Por un lado, la maniobra de Puig va destinada a cerrar parte de las heridas abiertas por políticas delicadas como la tasa turística, un impuesto pensando principalmente para Valencia pero que ha tenido una recepción unánimemente negativa entre el empresariado de la región. Las relaciones entre el PSOE y el sector turístico habían tocado su punto más bajo el pasado 14 de julio, cuando los socialistas aceptaron tramitar este tributo pese a los constantes intentos de la patronal de que rompiese el acuerdo con sus socios de Compromís y Unidas Podemos. 

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Lo cierto es que el debate de la tasa ha dividido al PSOE, entre cuyas filas hay defensores de las tesis de Compromís y Unidas Podemos. La voz cantante, sin embargo, la ha llevado el secretario autonómico de Turismo, quien ha peleado de manera bastante indisimulada contra la gestión de este gravamen, al considerar que no era el momento de aplicarlo.

Esta postura le ha supuesto roces casi constantes con algunos cargos del tripartito de izquierdas, especialmente con Compromís. Este mismo martes algunos de los diputados de la formación nacionalista cargaban contra el acuerdo anunciado por Puig, y volvían a cuestionar la cercanía de los socialistas con los empresarios.

Un conseller sin Conselleria

La posición de Colomer en el Gobierno valenciano siempre ha sido muy curiosa. Para empezar, Turismo no tiene su propia Conselleria, tal como prometió el propio Puig en campaña electoral. La excusa extraoficial es que eso ha permitido al presidente mantener el control de unas competencias que, de otro modo, hubiese reclamado para sí Compromís. 

Sin embargo, en la práctica Colomer ha ejercido ese papel de conseller, aunque con un poder limitado y, sobre todo, con unos recursos (personal principalmente) cada vez más menguantes. 

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Pero aún así el responsable de coordinar la política turística del Consell ha conseguido un logro notable: ser el político mejor valorado por los empresarios turísticos desde hace lustros, y con poco margen de discrepancia entre los distintos subsectores. Colomer pone de acuerdo a hoteles, apartamentos, campings y casas rurales, e incluso a administraciones de distinto color político como la Diputación de Alicante.

En este sentido, y tras el acuerdo de este martes, es evidente que el secretario autonómico continuará en su puesto al menos hasta que acabe la legislatura. La foto de Ximo Puig con el presidente de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), Toni Mayor, no deja de ser un espaldarazo a las gestiones que Colomer realiza personalmente para tratar de amortiguar el impacto que los exabruptos de determinados cargos del Botánico han tenido en los últimos meses. 

Eso sí: fuentes de Hosbec confirmaron a EL ESPAÑOL que el acuerdo con el presidente de la Generalitat no variará "ni un ápice" su postura respecto a la tasa turística, y aseguraron que será "igual de beligerante" cuando continúe su tramitación a partir del mes de septiembre. 

La centralidad

Pero la decisión de rescatar el Imserso no ha sido solo una medida de gracia para con el sector turístico. El movimiento de Puig abunda también en la estrategia que está empezando a desarrollar de desmarque del Gobierno central en algunas cuestiones puntuales, y que se ha dejado ver en temas como los accesos a la estación del AVE a Villena. 

En una visita reciente, el jefe del Consell anunció que la Administración autonómica asumiría la realización de este proyecto con el objetivo de que las obras puedan iniciarse cuanto antes. La actuación se incluirá dentro de los presupuestos autonómicos de 2023 y se asume ante la dejadez del Ejecutivo central. 

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De hecho, en la provincia de Alicante el relato de la infrafinanciación que Puig lleva años predicando no solo no se ha corregido, sino que se ha visto ampliado al ser la última en la inversión per cápita. Y todo a pocos meses de unas elecciones autonómicas donde las encuestas empiezan a romper el empate técnicos entre PP y PSOE a favor del primero, y con el lastre de que las políticas de sus socios a la izquierda identifiquen a los socialistas como una opción hipotecada. 

En esa búsqueda de la centralidad, de "ser el partido de la mayor parte de los valencianos", como ya explicó Puig en el congreso de su partido celebrado en Benidorm, se encuadra exctamente la foto de Puig con los hoteleros en el palau, y los cinco millones de euros que va a destinar a rescatar el programa del Imserso.