Bandera de la Unión Europea.

Bandera de la Unión Europea. Imagen de archivo IStock

Sociedad

Bruselas quiere cambiar la norma: propone restringir el alquiler turístico y la compra de segundas residencias en la UE

La Comisión Europea propuso un reglamento que pretende proteger las zonas afectadas por la crisis de la vivienda.

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Las claves
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La Comisión Europea propone restringir el alquiler turístico y la compra de segundas residencias en zonas tensionadas de la UE.

La nueva Ley de Vivienda Asequible permitirá a las autoridades limitar estas actividades si se demuestra que afectan los precios o la disponibilidad de vivienda.

Las restricciones solo podrán aplicarse en áreas donde el precio medio sea al menos ocho veces la renta per cápita y hayan aumentado en la última década.

La normativa busca ofrecer seguridad jurídica y exige planes de aceleración de vivienda para aumentar la oferta en las zonas afectadas.

Se ha hablado mucho de la crisis de la vivienda en España, pero realmente es un fenómeno que afecta a toda Europa. Así, se ha consolidado como un desafío estructural del continente que ha visto desde el 2008 un encarecimiento de los inmuebles, la escasez de la oferta asequible y una importante brecha entre los salarios y el precio del suelo.

Uno de los motivos detrás de este incremento es la proliferación del alquiler turístico que ha drenado la oferta de vivienda permanente en los centros urbanos, disparando los precios de las zonas tensionadas, que es usualmente donde están ubicados estos inmuebles.

Por ello, la Comisión Europea ha propuesto la Ley de Vivienda Asequible que permitiría a las autoridades restringir el alquiler turístico y la compra de vivienda no destinada a residencia habitual en zonas tensionadas.

¿Fin de la crisis de la vivienda?

El nuevo reglamento busca otorgar una mayor seguridad jurídica a las autoridades locales a la hora de restringir el acceso a inmuebles tanto turísticos como segundas residencias en zonas afectadas por la crisis inmobiliaria.

La norma establece que estas 'zonas tensionadas' podrán declararse en tres requisitos simultáneos; que el precio medio de un inmueble sea al menos ocho veces la renta per cápita en la zona, que esta proporción haya subido en la última década y que no haya previsiones de que bajen en los próximos tres años.

De esta manera, una vez ha sido declarada la zona tensionada, las autoridades podrán restringir la adquisición de los citados inmuebles siempre y cuando consigan probar que esta actividad afectó durante tres años la disponibilidad o el precio de la vivienda.

Así, deberán limitar las medidas a esa zona específica y diferenciar el alquiler ocasional con el profesionalizado. Estas medidas no podrán exceder los cinco años y deberán someterse a una revisión periódica.

La Comisión citó de ejemplo a Madrid donde en el centro de la ciudad hay alrededor de 40 alojamientos turísticos por cada 100 viviendas en el mercado de alquiler de larga duración, cuyos precios han subido alrededor de 75% en los últimos diez años.

En vista de que Bruselas no tiene competencias directas en política de vivienda, la ley realmente lo que busca es regular las condiciones bajo las cuales las medidas nacionales sean compatibles con las normas de libre mercado de la Unión. Gracias a esta compatibilidad, se reduce la inseguridad jurídica y el riesgo de demandas contra ayuntamientos.

Por otro lado, la nueva ley europea no regulará los alquileres de larga duración, ni tampoco aspectos de urbanismo, normativas de construcción o la fiscalidad de las plataformas de alquiler.

Además, la normativa insta a las autoridades a llevar a cabo "planes de aceleración de la vivienda" en zonas bajo tensión, o que estén en riesgo de estarlo, con el objetivo de aumentar la oferta.

Entre estos planes se encuentra acelerar la concesión de permisos, mejora del uso del suelo y fomentar la reconversión de edificios existentes, además de aprovechar las viviendas y suelos vacíos o infrautilizados, poniendo especial atención a la vivienda social y asequible.

Bruselas también aprovechó para reclamar el refuerzo de la capacidad del sector de la construcción haciendo pleno uso de los instrumentos de financiación de la Unión Europea y nacionales.