Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. EFE

Sociedad

El Gobierno lo hace oficial: los afectados por las borrascas podrán pedir ayudas para la recuperación en 2026

El Consejo de Ministros ha declarado como zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por 76 episodios catastróficos.

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Las claves

El Gobierno ha declarado zona afectada por emergencia de protección civil a áreas afectadas por 76 episodios catastróficos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Las ayudas públicas estarán disponibles para ciudadanos y territorios damnificados por lluvias intensas, inundaciones, temporales, nevadas y fuertes descensos de temperatura en 14 comunidades y Ceuta.

Las compensaciones cubrirán daños personales, viviendas, establecimientos y servicios esenciales, además de subvenciones para ayuntamientos y apoyo a quienes colaboraron en emergencias.

Las cuantías pueden llegar hasta 72.000 euros por daños personales y hasta 60.480 euros por destrucción de vivienda, además de ayudas para empresas, autónomos y reparación de infraestructuras municipales.

Tras casi tres meses marcados por una inestabilidad meteorológica constante, el Gobierno ha dado un paso adelante para apoyar a los territorios y ciudadanos afectados.

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil para las áreas impactadas por un total de 76 episodios catastróficos registrados entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

Una decisión que abre la puerta a un amplio abanico de ayudas públicas destinadas a facilitar la recuperación económica y social de las zonas damnificadas.

Ayudas para los afectados por las borrascas

Las sucesivas borrascas que han atravesado la Península durante este período han dejado un balance de daños significativos en numerosas comarcas de catorce comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta.

Estas zonas se han visto afectadas por lluvias intensas, inundaciones, temporales marítimos, fuertes rachas de viento, nevadas y fuertes descensos de temperatura que han alterado de forma repetida la normalidad.

Consecuentemente, el temporal ha provocado daños a infraestructuras, servicios esenciales y actividad económica así como a la población.

Por ello, la decisión del Ejecutivo no se limita únicamente a los episodios en los que las comunidades autónomas activaron niveles elevados de sus planes de protección civil.

De forma excepcional se incluyen determinados sucesos ocurridos en Galicia y Ceuta que, pese a no superar la fase de premergencia, han sido considerados dentro del acuerdo por la acumulación de fenómenos adversos en un corto espacio de tiempo y por la magnitud de los daños.

Entre noviembre y diciembre, varias borrascas provocaron inundaciones y temporales que castigaron especialmente a regiones como Galicia, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Extremadura o Baleares.

Enero mantuvo el mismo patrón, con nuevos episodios de frío, nieve y viento asociados a varias borrascas consecutivas que complicaron la movilidad y pusieron a prueba los servicios básicos.

Ya en febrero, la llegada de nuevos temporales agravó la situación en territorios que aún no se habían recuperado de los impactos anteriores.

La declaración aprobada por el Consejo de Ministros permite que los afectados puedan solicitar desde ya ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior, de acuerdo a la legislación en materia de protección civil.

Estas compensaciones están pensadas para cubrir daños personales, desperfectos en viviendas, pérdidas en establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así como respaldo a las corporaciones locales.

También se contempla apoyo a quienes colaboraron de forma directa en las tareas de emergencia, aportando medios personales o materiales. No obstante, el acuerdo abre la vía a que otros ministerios activen medidas complementarias.

Algunas de estas medidas figuran beneficios fiscales, iniciativas en el ámbito local y de la Seguridad Social, ayudas específicas para ayuntamientos y la agilización de obras públicas para restablecer servicios dañados.

El Gobierno subraya que este paquete de medidas es flexible por lo que podría ampliarse una vez se contemple la evaluación detallada de los daños.

De cualquier manera, la concesión de las ayudas estará condicionada a la acreditación de las pérdidas sufridas, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes los necesitan y contribuyan a una vuelta a la normalidad.

¿Qué tipo de ayudas?

En el caso de estas borrascas, las cuantías exactas se aplican caso por caso y todavía están pendientes de los detalles que dicten el Real Decreto-Ley que se apruebe.

Sin embargo, si se tienen en cuenta los últimos paquetes aprobados, es posible hacerse una idea. En daños personales por fallecimiento o incapacidad se puede llegar hasta unos 72.000 euros por víctima, como referencia orientativa.

Para vivienda habitual, las cuantías máximas se sitúan en torno a 60.480 euros si la casa queda destruida, unos 41.280 euros cuando los daños afectan a la estructura y alrededor de 20.640 euros si se trata de daños no estructurales.

Además, suele haber importes específicos para elementos comunes en comunidades y para enseres básicos.

También se prevén subvenciones para ayuntamientos con el fin de reparar infraestructuras y equipamientos municipales, normalmente cubriendo hasta el 50% del coste de los proyectos.

Cuando se activan líneas específicas para empresas y autónomos, se suelen articular ayudas directas por tramos, desde cifras en torno a 10.000 euros hasta cantidades bastante superiores según el tamaño y la facturación del negocio.