Escribano, el hombre tranquilo de la Defensa que no se pliega a que Indra sea un peón en la estrategia electoral de Sánchez

Es lo que ahora tiene enfrente. Le eligieron de urgencia hace un año para liderar Indra por ser el socio (con mayor porcentaje de capital por detrás del Estado) más idóneo dado su conocimiento del negocio de la defensa, que se ha convertido de la noche a la mañana en El Dorado de la industria europea.

Planteó la fusión de su empresa familiar con Indra con todas las reservas y en connivencia con Moncloa, en plena vorágine política por hacer de Indra una empresa tractora del sector. Pero las tuercas se retuercen demasiado si eso supone que el poder político en la compañía cede ante el empresarial.

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Pedro Sánchez necesita ahora más que nunca tener controladas a las joyas de la corona en tecnología y defensa. Marc Murtra, ex de Indra, ha cogido las riendas de Telefónica. Y la SEPI no va a correr ningún riesgo con Indra, aunque eso suponga politizar aún más la compañía.

Uno de los grandes fracasos de Sánchez ha sido no poder convencer a la oligarquía empresarial con su planteamiento político. El giro a la izquierda total en vivienda, la guerra con las eléctricas y la poca sintonía con la gran banca no le han ayudado.

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Siempre le queda el uso del BOE para ajustar los sectores regulados y la SEPI como órgano controlador de empresas estratégicas, cueste lo que cueste. Y en ese escenario Indra es una de las estrellas del momento.

A la tecnológica se le han encomendado la mayor parte de los programas de modernización de la defensa con un doble propósito: primero, reforzar los ejércitos e invertir un 2% de PIB en defensa como sea; y segundo, generar planes industriales y empleo cualificado en cada programa.

Todo lo que se pueda vender como el logro económico de una gestión política cuestionada y en constante campaña electoral, es prioritario para el Gobierno.

Después de todos esos eslóganes políticos es cuando se coloca en la agenda de Sánchez lo de hacer de Indra una empresa grande y capaz de competir en la UE. Y esto último es justo lo que Ángel Escribano se ha marcado a fuego en la primera línea de su hoja de ruta.

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Es cierto que una fusión entre Indra y Escribano sería un broche de oro inimaginable para los dos hermanos, que empezaron casi de la nada con su padre en un taller de mecanizado en Coslada en la década de los ochenta.

Pero con los números sobre la mesa, no ha sido acertado plantear una operación en la que el poder de los socios privados puede suponer una amenaza al control político de la empresa.

Equilibrio o precipicio

La SEPI también sabe que es complicado dar la vuelta de repente a un proceso empresarial por puros intereses políticos, que son los mismos que en su día lo pusieron en marcha.

Escribano será mejor o peor, pero no estaría al frente de Indra si no lo hubiera puesto Moncloa. Y en la última Junta de Accionistas tuvo más del 90% de respaldo a su proyecto.

El propio Escribano recordaba esta semana, en su descargo frente a los rumores de sucesión, que el papel que se ha marcado para colocar a Indra en un lugar de privilegio en Europa, "requiere un liderazgo fuerte y una visión disruptiva".

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Eso es una de las máximas que aplican a su gestión todos los empresarios que quieren que su empresa apoye el progreso de su país. Pero hacerlo compatible con unos intereses políticos que cambian según donde se ponga el punto de mira, puede ser imposible.

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Las cosas se han precipitado en apenas una semana y necesitan volver a serenarse, como ha recordado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una llamada a la sensatez. Indra cotiza en bolsa y es una parte esencial de la aportación española a la autonomía estratégica europea.

Queda una semana donde los nervios van a estar a flor de piel en cualquier cosa que se diga o se haga con Indra. Sobre todo si recordamos cómo al anterior presidente de Telefónica lo quitaron de su puesto en un fin de semana.

En el equilibrio está la virtud, aunque es cierto que el Gobierno tiene la sartén por el mango. Falta saber si quiere buscar soluciones a una situación enquistada o va a decantar la balanza a su favor, sólo porque puede.

Si la fusión planteada entre Indra y Escribano se sustituye por la compra de un paquete mayoritario, un convenio, una alianza o cualquier otra fórmula sensata que no paralice el despegue de Indra, las cosas se podrían encauzar.

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Incluso se solventaría en gran medida el tremendo conflicto de interés que genera la compra de la empresa familiar del presidente. La SEPI seguiría controlando la situación y no habríamos dado un gatillazo vergonzoso ante todo el sector europeo de la defensa.

Desde la propia Indra y sus consejeros saben que la fórmula de la integración de las dos empresas es algo que no admite prisas ni presiones. Y Escribano está dispuesto a negociar lo que haga falta y seguir adelante.

El papel de los 'susurradores'

Plantear la fusión ha sido un resquicio idóneo para que los susurradores habituales de Sánchez en este sector tomasen cartas en el asunto.

El asesor de Sánchez y valedor ahora de General Dynamics en Europa, Iván Redondo, ha movido sus hilos. Todo el mundo sabe en Moncloa que le queda mucha capacidad de influencia. También la oposición de entidades como SAPA, desde dentro del consejo, han jugado su papel.

General Dynamics no quiere dejar que su filial española, Santa Bárbara, salga descalabrada de las adjudicaciones a Indra. Ha impugnado ante el Tribunal Supremo los préstamos a tipo cero que ha dado el Gobierno y la adjudicación de dos de los mayores contratos de Defensa.

Buscar el equilibrio en este caso obligaría a Indra a negociar con la filial europea de la multinacional americana la compra de blindados. Aunque sólo sea porque tienen en España dos plantas de las que comen mil familias. Es una opción que Defensa nunca vio mal.

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Sobre todo si la alternativa propuesta es traer tecnología coreana (de fuera de la UE) para intentar instalarla en un viejo Tallerón que puede tardar demasiado tiempo en resucitar.

Tampoco es previsible un varapalo del Supremo a los préstamos del Ministerio de Industria a Indra (que luego paga Defensa). Es un sistema de financiación pública de la defensa que lleva más de 30 años funcionando en España y está plenamente legitimado por el interés general de la decisión.

Y mucho menos se puede colegir que se vaya a poner en duda todo el modelo europeo de adjudicación directa del artículo 346 del Tratado de la Unión. Su base jurídica está en la garantía de la seguridad europea. Se impugnan el decreto español, no la validez de un modelo que se ha usado en Francia y Alemania.

Entramos ante una semana en la que se verá si la intención real del Gobierno es salvar al soldado Escribano o mandarle a la reserva.

Pero en esa decisión estará incluida también la intención de poner los intereses políticos partidistas por delante de la lógica empresarial, en un momento clave para Indra y para el sector español de la defensa.