La joven venezolana de 30 años en proceso de regularización de Pedro Sánchez.

La joven venezolana de 30 años en proceso de regularización de Pedro Sánchez. E.E. E.E.

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Arelis Pérez, una venezolana en proceso de regularización que desconfía de la medida: "Será el caos, no hay trabajo para todos"

Hay caos y desconcierto debido al colapso por el gran volumen de solicitudes en la Seguridad Social para obtener el certificado de vulnerabilidad.

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Arelis Pérez es una joven de 30 años que lleva en España viviendo desde febrero de 2024, aunque no fue hasta abril cuando pudo empadronarse.

Después de dos años, esta venezolana tiene la esperanza de poder regularizar su situación gracias al nuevo Reglamento de Extranjería aprobado por Pedro Sánchez.

"Veo todo muy complicado y siento que al final no lo van a hacer", comenta Pérez a El ESPAÑOL, quien además piensa que "hay muchas contradicciones".

El inicio de este proceso de regularización de 500.000 inmigrantes ha estado marcado por el caos en las administraciones.

Desde este lunes los inmigrantes que quieran regularizar su situación pueden ir presencialmente a las oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería para realizar este proceso.

El problema está en la presión que se está ejerciendo sobre el sistema que está colapsando. En Madrid, por ejemplo, según el Ayuntamiento de la capital han pasado de 1.500 a 5.000 citas al día.

Algo difícil de asumir con el mismo personal y los mismos recursos que antes.

Arelis cuenta que "la mayoría de personas no está de acuerdo" con cómo se está gestionando este proceso.

Muchos de ellos reciben información confusa y el problema está en que "solo se tiene una oportunidad, si hay un papel mal o que no está, sales del proceso", relata esta venezolana.

Un riesgo que muchos no se pueden permitir porque no saben cuándo volverá a haber otra oportunidad como esta.

"Va a traer problemas"

Arelis Pérez cuenta que no le extraña que haya gente en España que se muestre reticente a la regularización de medio millón de personas.

Ella ha vivido proceso de inmigración desde 2018. En ese momento salió de su país, fue a Perú, Colombia y después Francia.

Hasta que finalmente llegó a España porque "sacar papeles en Francia es más difícil que aquí", cuenta.

Ahora vive en Madrid y trabaja en hostelería, pero los primeros meses aquí no fueron fáciles. Ha trabajado en todo lo que le han ofrecido, aunque reconoce que "fue todo una odisea".

Aunque ella es de Venezuela y todavía no está legal, cuenta que "no juzga a las personas que están en desacuerdo" porque reconoce que "va a traer problemas".

Esta joven augura que todo este proceso "va a atraer a más personas y va a ser muy difícil encontrar trabajo. Será el caos, no lo habrá para todos".

"Si ahora mismo escasea y es muy complicado conseguir uno, imagínate después de esto", reconoce Pérez.

Además, reflexiona sobre lo que puede suponer para un país como España y sentencia: "Si yo estuviera en mi país, lo pensaría dos veces".

Caos, incertidumbre y miedo

Este proceso está marcado por el temor de muchos inmigrantes a no conseguir la cita necesaria para obtener el certificado de vulnerabilidad.

Arelis está en esta situación y, es que, las personas que no hayan sido solicitantes de asilo, que no tengan hijos o personas dependientes a su cargo, ni una oferta de trabajo, tienen que presentar el certificado.

Este documento es expedido por las entidades colaboradoras de extranjería o por la Seguridad Social.

El problema con el que se están encontrando es la cita.

"No hay citas para hacer este certificado, la mayoría son para julio y ya sería después de que acabe el plazo de este proceso", cuentan.

Además, a todo esto se suma la confusión y la falta de información, según cuentan, entre administraciones para expedir los certificados que son un requisito indispensable.

"Lo veo todo muy complicado. He llamado a varias organizaciones que están autorizadas por el Gobierno para darlo y dicen que no tienen conocimiento. Llamo, llamo y llamo, y nada", cuenta Pérez.

Claro, esto genera una sensación de confusión entre las personas solicitantes quienes aseguran que "es contradictorio todo lo que dicen".

Una forma de asegurarse que no va a fallar nada en todo este proceso es pagar un abogado, aunque, a priori, no tendría que hacer falta.

Pero muchos encuentran en ellos la seguridad para conseguir los papeles.

"Lo estoy haciendo a través de un abogado, porque tiene más conocimiento y si te falla algo pierdes la oportunidad", cuenta Arelis.

Y, al final, tanta traba hace que lo vea "muy complicado" y sienta que "no lo vamos a poder hacer". Por eso, se está planteando "hacer un arraigo por vía normal en vez de por esta regularización".

Rocío Neciosupe y su familia

Rocío Neciosupe, de 54 años, peruana en el proceso de regularización junto a su familia.

Rocío Neciosupe, de 54 años, peruana en el proceso de regularización junto a su familia. E.E.

Rocío Neciosupe es de Perú y llegó a Madrid hace 18 meses. Primero llegó su hija mayor, hace ya cuatro años, porque le "asaltaron tres veces con armas de fuego y tuvo que huir", relata Rocío.

Así que años después, la situación en el país no mejoraba y decidieron venir ella y sus otras dos hijas que ahora tienen 22 y 17 años. Más tarde llegó su marido.

Su preocupación es parecida a la de Arelis. Ella junto a su marido pueden regularizar su situación al tener a una menor a su cargo.

Sin embargo, su hija de 22 años no podrá hacer las prácticas de laboratorio clínico -que es lo que estudia- si no consigue el certificado de vulnerabilidad.

"La seguridad social o las ONGs que tienen potestad para hacerlo no tienen citas. Se han acabado en un día", lamenta Neciosupe.

Prefiere "mantener la esperanza y que den una prórroga para entregar toda la documentación que falta". Aunque no descarata tener que pasar la noche a las puertas de un centro para conseguir una cita.

No todos pueden pagar un abogado, en este caso cuenta que "cuesta 450 euros por persona", un precio elevado que no puede afrontar.

Solo pide tener un NIE para "poder trabajar tranquila" porque asegura que ahora va "con miedo a trabajar por si entra la policía" y la deportan.

"No hago nada malo, simplemente trabajo", asevera.

Sin embargo, a Rocío le parece "un poco egoísta" que "los propios paisanos sean los que reniegen. Más que los propios españoles", lamenta al hablar sobre este proceso de regularización.

"No es justo. No todos venimos a hacer daño. Solo queremos trabajar honradamente y caminar sin miedo por la calle", sentencia Rocío.