Los 106 policías y guardias civiles investigados por trabajar con el narco: "Hay manzanas podridas que se corrompen"

Lo que hallaron entre la fruta fueron "seis mil y pico paquetes" de cocaína con un peso total de 6.311 kilos, de acuerdo a los primeros informes internos.

No es una valoración puesta en juicio. El oficio policial que consta en los folios 128-129 del tomo 7 reconoce explícitamente que el peso bruto inicial fue el citado.

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Ya camino del juzgado, ese primer pesaje se encogió hasta los 4.889 kilos netos, un alijo que la Audiencia Nacional valoró en más de 934 millones de euros en el mercado negro. Entre ese cálculo final y la primera evaluación habían volado 1.421 kilos de "lo que fuera".

Lo que la propia UDYCO adujo es que no todo eso era droga, sino plástico, cinta y embalaje alrededor de los ladrillos. Es decir, que la Policía no negaba la discrepancia, solo que la justificaba con razones, en su opinión, fundamentadas.

El 27 de marzo de 2026, uno de los condenados holandeses en la causa presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional en el que trataba de desmontar esa versión con un dato pericial: el paquete que se abrió en la nave para practicar el primer narcotest —marcado con el logo FR1, olvidado entre los palés y recuperado más tarde— fue pesado en laboratorio con un resultado de 1.000 gramos brutos y 983 netos.

Eso son exactamente diecisiete gramos de plástico. Y en opinión de la defensa, si ese era el estándar del resto del cargamento, la explicación oficial no se sostenía ni a martillazos: no hay forma física de justificar 1,4 toneladas de diferencia solo a base de bolsas y cinta adhesiva.

Una de las sesiones del juicio del 'caso Karar', con el cabecilla de la trama a la derecha de la imagen, vistiendo un abrigo negro. Efe

"En el transcurso del juicio hubo una discusión bastante seria sobre el modo en que se había destruido toda esa droga", aclara a EL ESPAÑOL un abogado penalista cuyo despacho ha representado a numerosos inculpados por causas de narcotráfico.

"Normalmente, va un secretario judicial siempre por delante, pero todo lo que había en este caso como 'cadena de custodia' era un agente que decía que la coca se había enviado a destruir a los hornos de la cementera de Holcim", agrega.

Para que la explicación del embalaje se sostuviera, cada paquete habría tenido que llevar una media de 292 gramos de plástico y cinta adhesiva. Eso supondría que casi el 23% del peso bruto de cada ladrillo era envoltorio.

Los estudios sobre ladrillos de cocaína de un kilo describen envueltos en múltiples capas de plástico y cinta, pero el embalaje típico de una 'briqueta' estándar de tránsito transoceánico se mueve en un rango de 20 a 50 gramos por unidad.

Incluso en el extremo más generoso —50 g por paquete—, el total de embalaje sería de unos 243 kg, apenas una sexta parte de lo que falta.

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Claro que, por otra parte, es cierto también que en ocasiones los pesajes iniciales son groseros e incluyen otros materiales del contenedor como restos de bananas, cajas o palés.

En el caso mencionado de la calle Valle Niza, el desacuerdo entre las cifras de los pesajes reflejados en los informes internos iniciales y las cantidades finalmente fijadas en el sumario se abordó exclusivamente como una controversia entre la policía y el abogado del narcotrafiante sin consecuencias relevantes en el fallo final, pero no faltan otros ejemplos precedentes de alijos despistados.

En el macrojuicio del Karar, las defensas denunciaron igualmente la desaparición de entre 60 y 70 kilos del alijo hallado en un buque apresado en 2020 cargado con casi cuatro toneladas de cocaína rumbo a Galicia.

La cocaína, incautada en alta mar y desembarcada bajo un dispositivo de película, había pasado después por los depósitos y almacenes oficiales antes de llegar al tribunal.

Lo que los abogados denunciaron es que en algún punto de ese trayecto institucional —del barco al camión, del camión al almacén, del almacén al juzgado— setenta mil gramos se desvanecieron.

Aunque el presidente del tribunal ordenó investigar, la instrucción se estrelló contra un muro de puertas entreabiertas, firmas en cadena y huecos en la documentación. A día de hoy, nadie ha conseguido explicar dónde fueron a parar esos fardos.

Algo parecido había ocurrido años antes en el cuartel de la Guardia Civil de O Grove, en la ría de Arousa, epicentro histórico del narco gallego. Allí se esfumaron "solo" doce kilos de cocaína, pero el mecanismo fue casi calcado.

La droga había sido intervenida a una red local y guardada en dependencias del Instituto Armado a la espera de juicio. Cuando el juzgado pidió recuento, el número de fardos no cuadraba. No había acta clara que permitiera reconstruir quién los movió, quién los pesó ni en qué momento exacto desaparecieron.

En el otro confín de la Península, en el litoral de Andalucía, la Costa del Sol no es solo el principal parque temático del crimen y del tráfico de drogas en Europa, sino también uno de los sumideros españoles —visibles e invisibles— de la corrupción policial ligada a ese negocio.

Y la corrupción policial ligada al narco ya no va solo de guardias que miran hacia otro lado en una cala.

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En el Campo de Gibraltar, algunos mandos de la lucha antidroga han sido objeto de procedimientos judiciales. Entre ellos figura el teniente coronel David Oliva, exjefe del OCON Sur, para quien la Fiscalía solicita seis años y medio de prisión en una causa que sigue su curso.

El teniente coronel Oliva, jefe del OCON durante los últimos 4 años. E.E.

La investigación original por supuestos vínculos con narcos (operación Varea) fue archivada, y en el procedimiento actual se le atribuyen delitos de cohecho y revelación de secretos en relación con su actuación mientras estaba bajo escrutinio interno.

A unos cientos de kilómetros al este, en Ceuta, el tráfico del narco ha ido literalmente por debajo del suelo en una trama en la que se investiga la implicación de varios agentes.

En 2025, la Guardia Civil localizó el primer narcotúnel que conectaba el polígono del Tarajal con Marruecos, una galería subterránea por la que una red introducía hachís hacia la península para redistribuirlo, entre otros destinos, por las costas andaluzas.

El narcotúnel descubierto el pasado 2025 en la zona de El Tarajal. E. E.

La operación destapó que el túnel no era solo una obra de ingeniería criminal: detrás había una "estructura de seguridad" formada por guardias civiles implicados en la trama destinados en la Compañía Fiscal y de Fronteras del puerto ceutí.

Según las diligencias del caso, cobraban alrededor de 120.000 euros por alijo, a repartir entre varios agentes, a cambio de garantizar que los camiones cargados de droga atravesaran los filtros “sin sorpresas”.

Un año después, los investigadores han localizado un nuevo narcotúnel en el mismo polígono y, de nuevo, hay agentes de la Guardia Civil y un exfuncionario bajo sospecha por su presunta colaboración con la red.

Lo que tratan de dirimir los expertos en seguridad es si los casos conocidos e investigados deberían preocuparnos.

Solo hay un dato oficial acerca del alcance del fenómeno y es el que proporcionó el Ministerio de Interior hace algunos días a raíz de una pregunta en el Congreso de Jon Iñarritu.

Según la información remitida al diputado de EH Bildu, entre 2021 y 2025 han sido 106 los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil detenidos o investigados por delitos relacionados con el narcotráfico.

El último año con cifras completas, 2025, se cerró con 24 agentes arrestados, el mismo máximo que ya se había alcanzado en 2023; el mínimo del periodo fue 2022, con 16.

El cuadro empeora cuando se cruzan esos números con el registro conocido de grandes alijos.

Al menos cuatro de las diez mayores capturas de cocaína registradas en España entre 2022 y 2026 han terminado con policías nacionales o guardias civiles detenidos o investigados en la misma operación.

Algunos sindicatos policiales como Justicia Policial (Jupol) no ocultan que les ha incomodado que el Gobierno español haya divulgado unas cifras que, a su juicio, se prestan a equívocos.

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"Estamos completamente en contra de generar alarma social o de trasladar una imagen distorsionada", asegura un portavoz de esa organización, sindicato mayoritario de la Policía Nacional nacido en 2018 al calor de las movilizaciones por la equiparación salarial con los Mossos y heredero del movimiento Jusapol.

"Quien delinque debe responder ante la justicia, pero la inmensa mayoría de los policías son ejemplo de compromiso, integridad y servicio público. Por ello, reclamamos al Ministerio del Interior que deje de utilizar datos descontextualizados y apueste por lo verdaderamente importante: más medios, más protección y más reconocimiento", precisa el portavoz.

Cuando se ponen todas las piezas sobre la mesa —los kilos que se desvanecen, los narcotúneles del Tarajal o un inspector jefe emparedando millones en su casa—, la categoría de "casos aislados" que abraza la mayoría de las interpretaciones todavía se sostiene en cierto modo, aunque igualmente precisa de contexto.

Lo que los números de Interior dibujan es un goteo constante de agentes incrustados en los puntos neurálgicos del negocio: puertos, unidades antidroga, controles fronterizos y depósitos de efectos.

"Un solo caso de corrupción policial ya resulta escandaloso, de manera que 106 son una barbaridad", asegura el vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, Josema Vallejo.

"Sin embargo, tampoco podemos concluir diciendo automáticamente que eso es solo la punta del iceberg porque nuestros casos se detectan con bastante rapidez gracias a la eficiencia de los mecanismos de control", continúa.

El aragonés Josema Vallejo (Zaragoza, 1978) es cabo primero de la Guardia Civil y tiene a sus espaldas unos 25 años de servicio, buena parte de ellos en destinos de Huesca, donde fue candidato al Congreso en 2023 por Vox, aunque se quedó a la postre fuera de la cámara.

En su libro España, zona de confort criminal, publicado en 2025 por La Esfera, se expone una idea tan interesante como controvertida: que España ha pasado de ser mera ruta de paso a un entorno estable y atractivo para el crimen organizado por la combinación de debilidad institucional, lentitud judicial y penas bajas.

"Las organizaciones criminales llevan mucho tiempo infiltrándose en todas las esferas del Estado, desde las instituciones hasta la sociedad", asegura el zaragozano.

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"Necesitan mano de obra —que obtienen de los estratos más desfavorecidos— y, cuando ya tienen cubiertos los puestos más bajos y poseen capital, recurren a abogados, economistas y funcionarios. El último eslabón son las fuerzas de seguridad a las que reclutan para que no persigan sus delitos o, llegado el caso, colaboren", añade.

Según Vallejo, hay que considerar también que, dentro de los 106, "son muy pocos los que han sido detenidos por colaborar estructuralmente con una organización de narcotráfico. La mayoría era gente muy desgraciadita: el típico, por así decirlo, que tiene deudas de juego y hace pequeños favores para conseguir un sobresueldo o compañeros a los que, por ser adictos, les han pillado comprando veinte papelinas para vender quince".

Y, en efecto, la respuesta de Interior a Iñarritu no desglosa esos 106 casos por tipología delictiva, rango del agente ni grado de implicación con organizaciones criminales, de modo que es imposible saber cuántos corresponden a "desgraciaditos" y cuántos a "insiders" estratégicos incrustados en puertos, unidades antidroga o fronteras.

Sin ese nivel de detalle, las cifras sirven para medir la magnitud del goteo, pero no permiten cartografiar con precisión los patrones de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad: quién se corrompe, dónde, cómo y al servicio de quién.

Vallejo dice también en el libro publicado por La Esfera que España va camino de convertirse en una especie de narcoestado.

Claro que, tal y como precisa, no tanto porque su policía sea corrupta sino porque "las organizaciones criminales se han venido arriba y se están infiltrando en todas partes. Igual que en un paraíso fiscal se establecen las estructuras financieras, aquí se establecen las sucursales operativas".

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Es inevitable igualmente plantearse qué conduce a esos agentes a pasarse al enemigo y abrazar el universo criminal.

"Lo que yo he visto en el Campo de Gibraltar es que las organizaciones delictivas se comportan como los cárteles mexicanos", asegura la diputada popular gallega y portavoz de Interior en el Congreso, Ana Vázquez Blanco.

La diputada del Partido Popular (PP), Ana Vázquez Blanco. Sara Fernández

"Los narcos hacen seguimientos a las fuerzas del orden y les intentan meter miedo, incluso echando mano de coacciones que involucran a sus familiares. He presenciado auténticas barbaridades. Les dicen que saben dónde viven o que conocen a sus hijos", continúa la congresista.

Además de diputada del Partido Popular, la ourensana Vázquez Blanco es inspectora alumna de la Policía Nacional en servicios especiales. Al poco de aprobar la oposición, salió elegida diputada, así que nunca llegó a jurar el cargo porque su plaza quedó en suspenso en tanto dure su mandato.

"Es verdad que hay otros lugares como Cataluña donde la policía ha sido brutalmente acosada por el independentismo, pero lo que nos llega del Campo de Gibraltar todavía es peor", aduce.

"He visto a un Guardia Civil echarse a llorar porque se sentía abandonado frente a las amenazas que él y su familia sufren. Pero no es solo una cuestión de dinero: los intentan corromper amenazando a sus familias", apostilla.

Vázquez también insiste en que la cifra de 106 debe ser matizada y que los casos conocidos son tan solo “unas pocas manzanas podridas que se han dejado corromper”.

"Hay que tener cuidado con los titulares porque existe un contexto que aclara ese dato y es ese narco violento que menciono", apunta.

"No es casualidad que esos casos de policías investigados coincidan con este último periodo de cinco años en que las fuerzas de seguridad han sufrido la embestida más violenta por el narco. Por lo demás, yo entiendo que la pregunta de Bildu iba esencialmente dirigida a desprestigiar a la Policía Nacional y la Guardia Civil", añade.

El propio diputado vasco aclara en respuesta a EL ESPAÑOL que se interesó por esos datos a raíz de "un número bastante llamativo de casos de corrupción que se vienen produciendo durante los últimos meses".

"Me viene a la cabeza, por ejemplo, la noticia del arresto del jefe de Narcóticos de Valladolid; el responsable de la UDEF al que le encontraron un montón de millones en la pared o aquella historia casi de risa de un guardia civil de Bilbao que metía los fardos de droga en el coche patrulla".

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Por precisar un poco los casos que menciona, Iñarritu se refiere al jefe antidroga de Valladolid encarcelado por su presunta implicación en una red de narcotráfico; al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil, al que hallaron millones emparedados en casa y que está procesado por favorecer grandes entradas de cocaína; y a un guardia civil arrestado en Bilbao cuando llevaba en un coche patrulla cerca de 120 kilos de esa misma droga.

Algunos de los fardos incautados en la operación, junto al jefe de Policía detenido, Óscar Sánchez Gil.

"Es normal preguntarse ahora si es un fenómeno residual o algo sistémico", dice el diputado de Bildu. "Yo creo que ni una cosa ni la otra. Se nota que hay un problema del que el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad no son ajenos. Cuestión diferente es la envergadura del asunto. Que cada cual interprete las cifras como quiera", añade.

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Y si alguien puede ayudar a interpretar el fenómeno de la corrupción ese es Francisco Mena (Tetuán, 1962) rostro histórico del movimiento social contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

Electricista de profesión, nacido en Marruecos y residente desde joven en la comarca, 'Paco' lleva casi 35 años en primera línea del activismo antidroga. Preside la coordinadora Alternativas, una de las organizaciones más veteranas de la zona, y la federación provincial Nexos, que agrupa a varias entidades de la bahía de Algeciras.

"Es blanco y en botella", afirma. "El narcotráfico maneja muchísimo dinero y tiene una enorme capacidad para corromper a gente de la Policía Nacional, de la Guardia Civil e incluso de Aduanas".

"En el Campo de Gibraltar, los casos conocidos de corruptelas son mínimos cuando se comparan con el número total de efectivos", apostilla.

"Pero los que se dan son muy sonados porque hablamos de gente que facilita la logística del narcotráfico, a veces de forma directa y a veces indirecta, mediante el blanqueo de capitales", agrega.

Mena ha acompañado desde finales de los años ochenta a las primeras familias destrozadas por el hachís y la heroína y se ha convertido en referencia obligada para entender cómo el narcotráfico ha colonizado barrios enteros de La Línea, Algeciras o San Roque.

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"Hace algunos años, les pagaban para que no estuvieran en la playa durante el desembarco o miraran hacia otro lado. Pero ahora vemos a agentes de las fuerzas de seguridad del Estado metidos en el blanqueo de capitales", señala.

Según el activista, si se quiere entender cómo se corrompe a los funcionarios hay que considerar que "ellos hacen casi siempre una selección para ver a quién pueden tocar. Lo primero que miran es el puesto que ocupa: no vale cualquiera. Y luego examinan sus dificultades económicas: que si tiene hipotecas, que si tiene problemas. Al final es cuestión de poner la cantidad precisa de dinero encima de la mesa".

Mena no cree que la raíz del grueso de estas corruptelas se halle más conectada a la capacidad del narco para intimidar a los agentes que a la codicia.

"La causa principal, en mi opinión, es la avaricia del ser humano", afirma. "El miedo viene después, cuando ya estás dentro y quieres dejarlo, que es cuando te dicen: 'Tú esto no lo dejas cuando quieres. Vas a estar el tiempo que yo quiera y que te necesite'. Y no es que les amenacen con matarles. Basta con decirles que tienen pruebas de lo que están haciendo".