Víctimas de accidentes y negligencias, contra Junts por dejarlos desprotegidos ante las aseguradoras: "Será irreparable"

"Desprotegidos". "Un ataque frontal". "Un retroceso en los derechos de los afectados". Los abogados de las víctimas de accidentes de tráfico han mostrado su rechazo y su preocupación ante las enmiendas de Junts per Catalunya registradas en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

Las asociaciones de víctimas, la administración y el sector de las aseguradoras dijeron haber alcanzado un acuerdo para mejorar el sistema de indemnizaciones. Entre ellas se encontraba favorecer la eficiencia y la descongestión judicial para evitar demoras en el pago de los gastos de compensación, los litigios y las secuelas físicas de los accidentes.

No obstante, las enmiendas 22 y 24 presentadas por el grupo parlamentario catalán suponen, en palabras de ANAVA-RC, ADEVI y ADAVIAC, "un ataque frontal a la línea de flotación del sistema de indemnizaciones consagrado en nuestro país desde 1995", pues desmontan "dos pilares esenciales de protección para las víctimas". Entre ellas "la reparación íntegra del daño y la sanción frente al incumplimiento de las obligaciones de las aseguradoras".

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El daño, auguran, "será irreparable", ya que dicha enmienda desarticularía el principal mecanismo legal que garantiza que las aseguradoras no se demoren en el pago de las indemnizaciones. La rebaja que se plantea convierte el artículo 20 en un incentivo financiero y no en una herramienta de presión y de compensación de daños. Para Alberto Salas, presidente de ADEVI, "las víctimas no pueden ser las grandes olvidadas en una reforma construida desde el equilibrio. Estas enmiendas no sólo desvirtúan el proyecto: lo dinamitan desde su base”.

Salas asegura que las medidas no favorecen la eficiencia ni la descongestión judicial y, por el contrario, incentivan "el incumplimiento y la estrategia de demora, desnaturalizando el espíritu del legislador, beneficiando sin sentido y de forma evidente a las entidades aseguradoras y debilitando y penalizando a las víctimas, que ya es la parte más débil en el sistema".

La propia estructura de la RDL 8/2004 contiene instrumentos esenciales como el de oferta y respuesta motivada o el de informes médicos complementarios para fomentar la resolución de los conflictos sin necesidad de juicio.

"Pero estos instrumentos carecen de eficacia si no existe una sanción real al incumplimiento de la aseguradora", señalan los representantes de las víctimas. "El castigo actual ya es mínimo durante los dos primeros años de retraso, pues los intereses se limitan al interés legal incrementado en un 50 %, siendo realmente sólo a partir del segundo año cuando se aplican intereses del 20%, intereses que sólo se condenan con judicialización del asunto y sentencia al respecto, lo que permite que muchas entidades se beneficien de retrasos prolongados sin consecuencias reales".

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Es decir, si hoy una aseguradora no paga a tiempo sin excusa, paga un interés anual del 20% tras dos años de retraso. "Una medida pensada para que las compañías no jueguen con el sufrimiento de las víctimas e intenten alcanzar acuerdos indemnizatorios rápidos". La enmienda bajaría ese mínimo al equivalente de un 10-12% anual. En la práctica, haría más rentable para las aseguradoras retrasar los pagos, ya que la cantidad a pagar sería casi la mitad, demorando los procedimientos judiciales, lo que va en contra de la ley de eficiencia procesal.

Otra de las enmiendas excluye las negligencias médicas del llamado baremo de indemnizaciones, que es la tabla oficial que orienta la cuantía a pagar por lesiones o fallecimientos, y que se aplica actualmente para los accidentes de tráfico y para las negligencias, para garantizar compensaciones justas y homogéneas.

“La discriminación que pretende introducir la enmienda 24 contra las víctimas de negligencias médico-sanitarias no tiene precedente", señala Xavier Coca Verdaguer, presidente de ADAVIAC.

"Pretender excluir del sistema de baremo a las víctimas de negligencias sanitarias, alegando supuestos riesgos económicos para el sistema de salud es inadmisible desde cualquier óptica jurídica, médica o social, además de ignorar la igualdad de derechos de todas las víctimas con independencia del agente causante, y más teniendo en cuenta que, en derecho sanitario, sólo se indemnizan situaciones de verdadera negligencia culpable que ningún paciente tiene el deber de soportar, a diferencia de las víctimas de tráfico que están protegidas por un sistema cuasi-objetivo de responsabilidad".

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“No es tolerable que se modifique una norma tan sensible como el artículo 20 de la LCS sin debate, sin transparencia y a espaldas de quienes representamos a las víctimas”, afirma Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

Además, resulta especialmente grave que estas enmiendas se hayan presentado fuera del proceso técnico de discusión de la ley, donde las asociaciones profesionales y las víctimas han presentado propuestas razonadas y consensuadas que no han sido atendidas. Sin embargo, los intereses del lobby asegurador y del sector del taxi, por poner ejemplos sorprendentes, han encontrado vía libre para introducir propuestas en el último momento que o no tienen nada que ver con las leyes que se modifican o corrompen su equilibrio.