En una foto de archivo, varios migrantes mayores de edad celebran su traslado del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta hacia otros de la península.
Cantabria, la región 'sin menas' y la única que quiere a los de Canarias por más recursos: "No son paquetes, tienen derechos"
Mientras el resto de comunidades autónomas alertan de la saturación de sus recursos de acogida, los cántabros destacan por ser los únicos con plazas libres.
Más información: El criterio pactado con Junts sobrecarga con cientos de menas a las CCAA del PP para que Cataluña reciba 26.
Cantabria rompe la norma. Mientras 16 de las 17 comunidades autónomas alertan de que ya no pueden más, que sus centros están "desbordados" y que no tienen margen para acoger a más menores migrantes no acompañados, la pequeña región del norte de España ha enviado un mensaje distinto a Madrid: sí, tenemos plazas libres. Y sí, podemos acoger más. Pero no a cualquier precio.
Actualmente, la comunidad cántabra acoge a 22 menores en un sistema con capacidad para 36. Eso significa que aún hay 14 plazas disponibles. Un caso único en un mapa estatal saturado, donde incluso regiones tradicionalmente receptoras como Andalucía, Murcia o Madrid han notificado porcentajes de ocupación superiores al 100%. Baleares, sin ir más lejos, cuadruplica su capacidad.
El gesto de Cantabria podría interpretarse como un acto de solidaridad interterritorial. Pero desde el Gobierno autonómico lo matizan: "Estamos dispuestos a asumir nuestra parte, pero esto no puede hacerse sin planificación ni recursos", dicen fuentes del Ejecutivo regional consultadas por EL ESPAÑOL.
Un menor de origen magrebí, tras ser rescatado en una neumática en aguas próximas a la isla de Fuerteventura.
Condiciones claras
La declaración de Cantabria llega en un momento especialmente tenso. Canarias ha activado formalmente la declaración de "contingencia migratoria extraordinaria" al superar el 300% de su capacidad de acogida: atiende a más de 5.400 menores cuando apenas tiene mil plazas reales. El decreto aprobado por el Gobierno central —y que será convalidado el próximo 10 de abril en el Congreso— obliga a redistribuir a los menores desde las regiones colapsadas hacia aquellas con más margen.
El problema es que ese margen no existe: todas, salvo Cantabria, han declarado no tenerlo. Comunidades como Murcia (220%), Madrid (132%), Galicia (108%), Extremadura (111,2%) o incluso Asturias (111%), gobernada por el PSOE, han confirmado que no tienen capacidad para asumir más menores. En concreto, la red cántabra cuenta con un total de 212 plazas, de las que 36 son para menores migrantes no acompañados y 22 de ellas están ya cubiertas.
En este contexto, la Aragón de Jorge Azcón y la Cantabria de Sáenz de Buruaga comparten ahora el camino del recurso judicial, pero desde posiciones muy distintas. Mientras Aragón se ha negado incluso a facilitar datos y habla de una "imposición sin diálogo", Cantabria ha mostrado sus cifras, ha ofrecido plazas libres y plantea sus condiciones sin romper puentes con el Gobierno central.
"Estamos dispuestos a colaborar, pero esto no puede hacerse sin planificación ni recursos", reitera la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga. "No estamos hablando de fardos ni de paquetes: son niños y adolescentes que tienen derechos", subraya.
Ante el Constitucional
El pasado jueves, el Consejo de Gobierno de Cantabria autorizó a su Servicio Jurídico a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Un grupo de jóvenes africanos llegados a Canarias en cayuco camina por las cercanías del centro de acogida para extranjeros de Las Raíces, en La Laguna (Tenerife).
El Ejecutivo cántabro considera que el decreto —que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y habilita el reparto forzoso de menores migrantes no acompañados— invade las competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección y tutela de menores, recogidas en el artículo 24, apartados 22 y 23, de su Estatuto de Autonomía. El recurso deberá presentarse antes del 19 de junio.
Pero además, el Gobierno regional denuncia que la norma impone el reparto "a la fuerza", sin consenso y dejando fuera a dos comunidades autónomas del proceso. "Nos oponemos rotundamente a que este proceso se haga por imposición y sin diálogo", insisten fuentes del Ejecutivo cántabro. "No estamos diciendo no. Estamos diciendo: con garantías, sí", concluye un alto cargo del Gobierno.
El reparto que divide
Entre bambalinas, las comunidades del Partido Popular denuncian un supuesto pacto entre el PSOE y Junts que, aseguran, "carga el peso" de la redistribución sobre las autonomías gobernadas por el PP. Según las cifras que circulan entre las consejerías, comunidades como Valencia, Andalucía o Galicia deberían recibir cientos de menores, mientras que Cataluña acogería apenas 26.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia niegan favoritismos y aseguran que el criterio del reparto se basa en las plazas disponibles y no en afinidades partidistas. Pero la desconfianza está instalada. Y es en ese contexto donde el gesto de Cantabria adquiere una relevancia política singular: es una comunidad gobernada también por el PP, pero con una línea más dialogante que confrontacional.
El debate no es nuevo. Desde hace años, las comunidades costeras —especialmente Canarias, Andalucía, Murcia, Melilla y Ceuta— reclaman una mayor corresponsabilidad del resto de regiones. Hasta ahora, el sistema funcionaba sobre la base de convenios bilaterales o acuerdos voluntarios. Pero la presión migratoria creciente ha forzado un cambio de lógica.
Exterior del centro de acogida para menores migrantes de Valverde, en El Hierro. EFE.
"Lo que antes era una cuestión de buena voluntad ahora se convierte en una obligación jurídica", explica un jurista especializado en extranjería consultado por este medio. "Y eso genera tensiones entre comunidades, sobre todo cuando el reparto no viene acompañado de financiación suficiente o criterios transparentes".
Desde organizaciones como Save the Children o Fundación Raíces insisten en que el debate no puede reducirse a cupos y porcentajes. Sin embargo, el futuro inmediato pasa por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se debatirá el plan de respuesta y los requisitos para activar la redistribución. Si no hay acuerdo, el Ministerio impondrá el reparto.
Cantabria, por ahora, sigue esperando. Afirman haber cumplido con su parte: ha facilitado los datos, ha mostrado disposición y ha puesto el foco en los derechos. Pero ahora se reserva también el derecho a defender sus competencias ante el Constitucional. Y mientras tanto, más de 5.000 menores siguen esperando. Esperando una cama, una escuela, un lugar seguro.
