Juana Rivas junto a su asesora jurídica, Francisca Granados, el pasado martes 25 de julio.

Juana Rivas junto a su asesora jurídica, Francisca Granados, el pasado martes 25 de julio. Efe

Reportajes CASO JUANA RIVAS

Paqui, la voz que susurra a Juana, escribe a los muertos y ni es abogada

Francisca Granados es la asesora jurídica de la madre de Maracena. La abogacía española ha tenido que emitir una nota aclarando que no es letrada.

Íñigo Zulet

Juana Rivas está “feliz” y “descansando” junto a sus dos hijos. Después de casi un mes ilocalizable, este martes la madre de Maracena (Granada) reaparecía voluntariamente y, tras ser detenida, un juez la dejaba en libertad. Pese a esta pequeña victoria, el culebrón judicial sigue adelante y no parece inclinarse a favor de Juana, que sigue obligada a entregar a sus hijos.

Hasta el momento, lo único que ha conseguido es desactivar la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre ella desde el 8 de agosto. Precisamente este martes, cuando Juana Rivas ponía fin a su fuga, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada –la que instruye la vía penal- se encontraba de vacaciones. Ese contratiempo provocó que se encargara de tomar declaración el juez de guardia (Juzgado de Instrucción número 9), que fue quien decretó su puesta en libertad.

Pero todo lo demás sigue igual. Es decir, en el ámbito penal Juana Rivas mantiene su condición de investigada por supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia; y en lo que respecta a la vía civil, una sentencia ratificada hasta en dos ocasiones por la Audiencia Provincial de Granada ordena la “restitución inmediata” de los pequeños a Italia, donde vive el padre, Francesco Arcuri. Se espera que este jueves, cuando la juez vuelva a su puesto de trabajo, se pronuncie sobre la declaración de la vecina granadina.  

Hasta ahora, todas las decisiones judiciales tomadas por Juana Rivas y su equipo legal han ido complicando su situación procesal. Desde que en mayo de 2016 se escapó de Italia junto a sus hijos, se puso en manos de Francisca Granados (Paqui), directora del Centro de la Mujer y responsable de Igualdad en el Ayuntamiento de Maracena. Tras recibir atención, el 12 de julio de ese año presentó una denuncia de malos tratos contra Arcuri. El genovés ya había sido condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009. Desde entonces, Francisca Granados ha ejercido de asesora legal y portavoz de Juana Rivas. 

“Juana Rivas está mal asesorada”. Es una opinión que comparten sus detractores, pero también sus defensores más acérrimos. Esas palabras las han pronunciado desde el padre italiano hasta la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, pasando por el ex defensor del menor Javier Urra. “Ha estado aconsejada no mal sino pésimamente”, decía Ana María Pérez del Campo, fundadora de la citada plataforma feminista en 1973.

¿Podía haber actuado mejor la vecina granadina? Repasamos los distintos momentos dentro del caso de Juana Rivas donde el asesoramiento recibido podía haber sido mejorable. Alguno de ellos resulta incluso anecdótico y no afecta al plano jurídico.

Escribir a un muerto 

Horas antes de terminar con su desaparición voluntaria, Juana Rivas hacía pública una carta emitida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al presidente del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el nombre que acompañaba a este último cargo no era el de Juan José González Rivas. La misiva se refería a un hombre muerto: Manuel García-Pelayo.

El jurista García-Pelayo presidió mucho antes que González Rivas el Alto Tribunal. Lo hizo entre los años 1980 y 1986. De hecho, fue el primer titular de la institución, que nacía a comienzos de los 80.

Granados no es abogada 

A día de hoy, Francisca Granados representa para Juana Rivas su nexo más directo con la justicia. Le da apoyo jurídico y social. Pero Granados no es letrada. Ha tenido que aclararlo el Consejo General de la Abogacía Española, que en un comunicado tuvo que desmentir esta mujer fuera abogada. “María Francisca Granados no figura inscrita en la actualidad como colegiada en el Censo de Letrados de ningún Colegio de Abogados de España”.

Esto significa que Granados “no está legitimada para ejercer ninguna de las funciones inherentes al ejercicio profesional de la abogacía”. Así, “cualquier actuación suya en este ámbito se encontraría al margen del debido control deontológico”, puntualiza la abogacía española. 

Acusada de intrusismo profesional

Tras las distintas manifestaciones en apoyo de Juana Rivas difundidas por Francisca Granados, la defensa de Arcuri puso en marcha el estudio de acciones legales contra esta mujer. En concreto, el abogado del padre italiano se querellará contra la directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena por posibles delitos de intrusismo profesional y contra la administración de la justicia.

“Está ejerciendo de jurista sin tener el título de abogado”, decía a EL ESPAÑOL Adolfo Alonso, letrado de Francesco Arcuri. “No pienso dedicarle ni un minuto de mi tiempo al señor Arcuri”, contestaba la asesora de Juana tras ser preguntada sobre esta cuestión. 

Los dos ‘mazazos’ del Constitucional

Juana Rivas ha tocado hasta en dos ocasiones las puertas del Tribunal Constitucional. Y las dos veces la respuesta ha sido negativa. En la primera inadmisión, el 31 de julio, el Alto Tribunal consideró que era prematuro y que antes había que agotar la vía judicial ordinaria. La segunda vez se rechazaba avalar a la madre porque el TC consideró que el recurso estaba fuera de plazo.

Para el asunto del Constitucional, Juana recibió la asistencia jurídica de dos abogados: Almudena Mendoza y Juan Ramón Montero. El Constitucional consideró que los abogados de Rivas eligieron una vía errónea para impugnar el fallo judicial que ordenaba la entrega los niños. Francisca Granados tildó este revés judicial de "mazazo" y anunció que recurriría a Estrasburgo.

Una foto que perjudica a Juana

Cuando el 14 de diciembre de 2016 el Juzgado de Primera Instancia dictaminó que los hijos de Juana debían ser devueltos a Italia, Francisca Granados puso en marcha una petición en la plataforma Change.org. En enero de 2017 la vecina granadina se presentó en el Congreso para pedir ayuda al Ministerio de Justicia. En Madrid entregó 150.000 firmas de una petición en contra de que la Justicia permitiera que los padres maltratadores tuvieran contacto con sus hijos. 

En las fotos frente a la cámara baja aparece junto a Vanessa Skewes, una mujer chilena que llevó a los tribunales a su expareja por agredirla y violarla. Poco después se demostró que sus denuncias eran falsas, tal y como destapó el diario El Mundo.