Vehículos circulan por un tramo de la AP-9
PSOE, BNG y Sumar pactan transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a la Xunta
El Tribunal Supremo, por otro lado, avala que el Gobierno central no haga público el expediente de infracción "confidencial" abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la autopista AP-9
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PSOE, BNG y Sumar han pactado transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia, tal y como exigía el Parlamento gallego. Esta es una de las medidas incluidas en el texto que las tres formaciones han acordado y que previsiblemente revalidarán mañana martes en el Congreso de los Diputados tras semanas de negociaciones.
Así lo han ratificado fuentes de las tres formaciones consultadas por Europa Press, aunque las de Sumar han precisado que sus enmiendas agregadas referidas a mariscadoras y mineros se mantienen. Las formaciones, en todo caso, reivindican que las negociaciones hayan terminado con este acuerdo que celebran.
El acuerdo se ha adoptado a través de varias enmiendas pactadas que darán pie a una proposición de ley orgánica, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que, salvo sorpresa, será validada en la ponencia antes de continuar su tramitación en las Cortes hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central. Las fuentes consultadas afirman que el pacto se sellaría con luz verde del Ejecutivo de Sánchez.
Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".
La Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.
Esta propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, entre ellas la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. El acuerdo también establecerá cómo se supervisa e inspecciona el correcto funcionamiento de la autopista y la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación.
El texto también abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la redacción y aprobación de convenios, o adendas a los actuales.
La Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.
Las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".
La Xunta, por su parte, asumirá "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso" respecto a la concesionaria de la autopista.
Las modificaciones que Galicia quiera promover sobre el régimen económico financiero de la concesión no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y "cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga".
Reacciones
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó este lunes a preguntas de los medios tras el Consello da Xunta que el Parlamento autonómico lleva años pidiendo la transferencia. Así, Rueda instó a cumplir en el acuerdo al que han llegado PSOE, BNG y Sumar las premisas solicitadas desde Galicia: "Si todo esto se cumple, será una buena noticia; sino, un anuncio incompleto que no cumple las expectativas y las reclamaciones hecha por unanimidad en Galicia".
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado que sea un Gobierno socialista el que haya hecho "una realidad" el traspaso de la AP-9 a Galicia, al mismo tiempo que ha instado a la Xunta a "negociar la gratuidad" en el marco de la transferencia de la titularidad. En un desayuno informativo en Ferrol, Besteiro aseguró a medios que las bonificaciones actuales "no son suficientes" aunque la situación a mejorado respecto a la gestión llevada por el PP.
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, va más allá de la transferencia y señala que el objetivo de su formación es que la AP-9 sea también "libre de peajes". Rego ha calificado el acuerdo como un "paso muy importante" y ha señalado que todo lo que supondrá "se concretará en una comisión mixta" después de la publicación del real decreto. "Es un momento fundamental, porque es la concreción de una reivindicación histórica", añadió Rego.
Expediente por la prórroga
El Tribunal Supremo (TS), por otro lado, ha avalado que el Gobierno central no haga público el expediente de infracción "confidencial" abierto por la Comisión Europea respecto a la gestión de la autopista AP-9. Este texto considera que la prórroga de la concesión vulneró las reglas de la UE.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo deniega, en una resolución del 12 de mayo de 2026 recogida por Europa Press, el recurso presentado por la asociación de transportistas gallegos Apetamcor. La entidad había recurrido la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre de no admitir su solicitud para revisar de oficio las prórrogas de la AP-9, además de solicitar tener acceso al procedimiento abierto por la Comisión Europea.
Apetamcor solicitó la ampliación del expediente administrativo para que se remitiese el de infracción que se tramita ante la Comisión Europea. El Supremo señala que esto no procede y avala la "confidencialidad" del procedimiento: "En caso de divulgarse podría resultar más difícil todavía que se iniciara un proceso de negociación y se llegara a un acuerdo entre la Comisión y el Estado miembro involucrado que pusiera fin al incumplimiento reprochado".
"La Comisión europea carece de competencia para declarar que un acto de un Estado miembro es contrario al Derecho de la UE correspondiendo esa facultad en exclusiva al TJUE, instancia ante la cual la Comisión habría de acudir interponiendo la correspondiente demanda", señala el abogado del Estado, que añade que la recurrente "no invoca razón alguna de interés público superior".
El TS también considera que "es constante" la jurisprudencia del Tribunal de Justicia "según la cual existe una presunción general de confidencialidad en cuanto a los documentos correspondientes a un procedimiento precontencioso por incumplimiento".
Respecto a Audasa, se opone a que haga público el expediente: "La divulgación del dictamen no solo resultaría contraria al ordenamiento de la Unión, sino que perjudicaría gravemente los intereses públicos cuya tutela tiene encomendada el Ministerio, puesto que se trata de un procedimiento de infracción todavía en tramitación y las cuestiones tratadas en el mismo son estrictamente confidenciales".
El Supremo desestima de esta forma el recurso e impone a la recurrente el pago de costas con un límite por 1.000 euros.
