El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En España hemos perdido el sentido del peligro: se viene un cambio de régimen
Los ciudadanos españoles no podemos ya depositar gran confianza en la Constitución como elemento capaz de impedir una tiranía.
En Hispanoamérica, el derrumbe de la res publica ha coincidido normalmente con la crisis de los partidos tradicionales. Esa crisis tuvo lugar como consecuencia de la corrupción, el descrédito generalizado y el hartazgo de la población, tal y como explicó en su día el sociólogo Jorge Lazarte.
Ocurrió en México, desde donde ya no llegan prácticamente noticias sobre el desmantelamiento definitivo de lo poco de Estado constitucional que tenían.
También en Ecuador, con el inolvidable y perseverante Rafael Correa.
En Venezuela o en Bolivia, qué decir.
Además, en El Salvador e incluso en Argentina o Chile, aunque con dispar desenlace.
Nuestro país, aunque nos llamen exagerados o gimnastas del pesimismo, lleva tiempo experimentando un proceso singular que participa claramente de lo acaecido en no pocos de los lugares citados.
Quienes allí hemos vivido, creo, lo sabemos bien.
Pedro Sánchez el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.
La corrupción ha sido, y es, impactante. Además, como ha sucedido en no pocos casos al otro lado del Atlántico, aquí se ha colonizado la totalidad de los organismos de control o contrapesos en el ejercicio del poder.
Ahora le toca a determinadas empresas.
Se asedia todo lo que se puede el Consejo General del Poder Judicial y también se intriga a diario para condicionar el sentido de las sentencias del Tribunal Supremo, o directamente se maniobra para no aplicarlas.
El Estado constitucional ha cedido ante el Estado político.
De hecho, algunos artículos de la Constitución han entrado en desuso o han sido tácita o discretamente derogados.
Ello se debe también a la labor de un Tribunal Constitucional en manos de una especie de agentes, más o menos declarados, con una afiliación y un pasado conocidos, obsesionados además con el constructivismo.
No parece que los ciudadanos podamos ya depositar gran confianza en la Constitución como elemento que impide una tiranía.
Si a esto unimos la opacidad casi absoluta de la gestión pública de nuestros días (véanse los datos de la aplicación de la Ley de Transparencia); que se puede redefinir el sentido constitucional del derecho a la vida; que se pueden encajar sistemas de financiación autonómica no previstos en la Constitución o inventar directamente una teoría del indulto, dejando el Derecho a merced de las necesidades de la política mientras se grita lawfare, es evidente que no vamos bien.
Y no vamos bien porque el derecho de propiedad puede también vaciarse prácticamente de contenido.
La fiscalidad puede elevarse a nivel de confiscación.
Pueden entregarse territorios de soberanía nacional o establecerse posiciones de política internacional especialmente delicadas sin dar mucha explicación y sin preguntar siquiera al Parlamento.
Este se ha convertido ya en una mera cámara para señorearse de vez en cuando y poco más.
Ahora sabemos (y el Tribunal Constitucional bendecirá casi con certeza) que se puede gobernar sin Presupuestos Generales.
Se puede aumentar la deuda mediante créditos sin cobertura presupuestaria de manera ilimitada, mientras se abusa, de modo absolutamente injustificado, del real decreto ley como instrumento normativo, entrando así la ley en desuso.
"Qué dices", "cómo va a ser eso", "pero qué barbaridad"…
Viene otra mayor. Porque, como vamos conociendo, faltaba la manipulación electoral.
Lo que está ocurriendo con el ensanche del censo electoral y la introducción de mecanismos, como ha sucedido recientemente con ese sistema digital en las autonómicas de Castilla y León, no es cuestión menor.
Ha reaccionado la Junta Electoral Central, sí. Pero lo cierto es que no debió reaccionar ante las denuncias, sino directamente haber impedido la medida.
Diputados socialistas aplauden en el Congreso.
Creo que no ha dimitido ni cesado nadie en el organismo. Ahora ya es imposible no poner bajo lupa las mismísimas elecciones. Ni más ni menos.
Ahora bien, imagino que nada de esto merece la atención ni el griterío de nuestros creadores de opinión ni de los verificadores, nacionales o internacionales, de eso que llamamos calidad democrática.
Porque, claro, el actual inquilino de la Casa Blanca es tan odioso que merece toda nuestra atención y oprobio.
Lo demás es irrelevante. Hay objetivos y preocupaciones de mayor altura, por favor.
Así las cosas, que no se engañe nadie. El sistema está agotado. Seguiremos votando y viviendo en la apariencia, comprobando cotidianamente cómo el mass media condiciona, orienta y manipula la decisión de voto.
También conoceremos nuevas versiones de la geometría variable si fuera necesario. Haciendo socio democrático al ISIS o a Al Qaeda si fuera necesario.
Predisposición, desde luego, no falta. Sólo hay que ver la pasión con la que se financian territorios bajo control, más o menos intenso, de Hamás o de Hezbolá.
La degradación es absoluta, aunque se oculta sistemáticamente. Denunciarla, insistir en ella, tomar decisiones incluso, puede dar votos a la ultra mega-turbo-derecha.
![Francesc de Carreras, Andrés Betancor y Pablo de Lora, esta tarde durante la presentación del 'Memorial por la recuperación de la normalidad democrática'](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/06\/19\/actualidad\/1003743813424_256638829_320x180.jpg"])
Ni siquiera parece ya posible la reflexión profunda sobre los males de la nación, porque llegamos a contradicciones y verdades incómodas.
Reina una rara sensación de fanatismo, hartazgo y apatía. Por no decir, en muchos casos, lobotomía.
No ayuda, desde luego, aquello de la ventana de Overton. La noticia próxima supera y condena al olvido la anterior, dejando a los manipuladores su gestión.
Así es como se abre entre nosotros una particular pérdida de la sensación de peligro, que proyecta un cambio de régimen.
Ese cambio ya está avanzado, aunque los principales actores incluso lo ignoren.
Muchos seguirán llamando democracia a la tiranía, incluso democracia plena.
Hay que ser ilusos… o malvados, porque no hace falta ser Cicerón para comprenderlo.
*** Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo.
