España necesita una nueva Ley de Sanidad

El próximo 25 de abril se cumplirán cuarenta años de la aprobación de la Ley General de Sanidad, la norma más importante en la construcción del sistema sanitario español.

Aquella ley, impulsada en 1986 por el ministro Ernest Lluch, sentó las bases del modelo sanitario que hoy conocemos: un sistema público, universal y equitativo, basado en el acceso a la asistencia sanitaria como un derecho de ciudadanía.

Es la base sobre la que se ha sustentado nuestro envidiable Estado de bienestar hasta el día de hoy.

La Ley General de Sanidad pretendió ser una ley de construcción del sistema sanitario nacional. Aunque después necesitó otras normas para completarse (como la Ley de Cohesión y Calidad de 2003), supuso una reforma estructural de todo lo que venía siendo hasta entonces.

Así se consolidó un cambio fundamental en la lógica de nuestro sistema sanitario: el paso de un modelo vinculado a la condición de cotizante de la Seguridad Social creado bajo la dictadura (el asegurado) a otro basado en el principio de ciudadanía (el ciudadano).

Al financiarse fundamentalmente a través de impuestos, el sistema introdujo un claro componente redistributivo. Todos contribuyen según su capacidad económica y todos acceden a la asistencia sanitaria según su necesidad.

Una paciente de ELA prueba el nuevo exoesqueleto en el Hospital Isabel Zendal junto a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. CAM

Su propósito era claro. Avanzar hacia un sistema sanitario universal, equitativo y cohesionado que garantizara la asistencia sanitaria a toda la población.

A efectos prácticos, no tiene mucho recorrido. Porque, a día de hoy, en los países de la UE en los que el punto de partida es la cotización social, donde no llega esta llegan los impuestos.

Y los efectos son los mismos.

Sea como fuere, aquel proceso no estuvo exento de tensiones políticas. La tramitación parlamentaria fue compleja y el consenso no fue inmediato. El grupo parlamentario que representaba entonces al actual Partido Popular votó en contra de la ley.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la norma terminó convirtiéndose en uno de los grandes consensos institucionales de nuestra democracia.

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Cuando ese mismo partido accedió posteriormente al Gobierno, en 1996, no sólo mantuvo el modelo sanitario que la ley había configurado, sino que contribuyó a su consolidación y desarrollo.

Ese es, probablemente, uno de los mayores éxitos de la Ley General de Sanidad. Haber construido un marco común que, más allá de las diferencias políticas, permitió desarrollar durante décadas un sistema sanitario ampliamente compartido por la sociedad española.

Sin embargo, cuarenta años después, el sistema sanitario español es profundamente distinto del que existía cuando se aprobó aquella ley. La descentralización sanitaria hacia las comunidades autónomas se ha completado plenamente, la revolución tecnológica ha transformado la práctica médica, y el envejecimiento de la población y la cronicidad han cambiado las necesidades asistenciales.

El sistema afronta, además, nuevas tensiones organizativas y financieras.

De que llegaríamos a todo esto ya se nos advirtió allá por 1991 a través de lo que se conoció como Informe Abril, sin que hiciéramos mucho caso.

"Se apostó por no hacer nada porque el sistema iba aguantando y daba buenos resultados. Y de estas lluvias…"

Se optó por el inmovilismo, sin introducir reformas que nos permitieran ir adaptando el sistema para afrontar estos retos.

Se apostó por no hacer nada porque el sistema iba aguantando y daba buenos resultados.

Y de esas lluvias…

Actualmente, apenas un 25% de los artículos de la ley del 86 están vigentes. La mayor parte del contenido original de la Ley General de Sanidad ha sido modificado, sustituido o ha quedado superado por la evolución normativa posterior.

Reformas legislativas, directivas europeas, leyes autonómicas, nuevas normas sanitarias y la propia evolución institucional del sistema han ido transformando profundamente el marco jurídico que aquella ley estableció.

Incluso vemos artículos vigentes que las administraciones sanitarias se saltan a la torera con las excusas más peregrinas, por una razón muy sencilla: no se adaptan a la realidad que necesita el sistema sanitario actual.

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La Ley General de Sanidad sigue siendo una referencia histórica y un símbolo del consenso sanitario en España, pero su arquitectura normativa ha quedado obsoleta y trasnochada.

No haber abordado a tiempo las reformas que el sistema necesitaba ya no es sólo un problema sanitario, es también un problema económico, social e institucional.

A junio de 2025, el Sistema Nacional de Salud acumulaba 832.728 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, con una demora media de 118,6 días.

Esa pérdida de accesibilidad no sólo deteriora la experiencia del ciudadano, sino que también desplaza presión hacia las urgencias, agrava procesos clínicos y afecta al funcionamiento general del país.

La OCDE ha advertido de que el incremento de las bajas laborales de larga duración y repetidas en España (un 52% desde 2018) está pesando ya sobre la productividad y las cuentas públicas, con un coste estimado de 81.600 millones de euros, el 5,4% del PIB.

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca realiza la primera donación de órganos en asistolia controlada con ECMO. DGA

A esto hay que añadir la falta de accesibilidad al diagnóstico, a la innovación o a la cobertura de una serie de prestaciones y servicios, sobre todo los relacionados con la prevención secundaria (el diagnóstico precoz), que cada vez se aleja más de lo que la ciencia y la tecnología podrían aportar.

La fortaleza del sistema sanitario español ha residido históricamente en su capacidad para combinar principios claros e indiscutibles (universalidad, equidad y acceso) con modelos organizativos diversos que han permitido adaptar el sistema a realidades territoriales y asistenciales diferentes.

Por eso, el cuadragésimo aniversario de la Ley General de Sanidad debería ser también una oportunidad para plantear una reflexión más ambiciosa sobre el marco normativo del sistema sanitario español.

"La nueva ley de Sanidad debería aprovechar los puntos de consenso, y no las diferencias, porque los primeros son mucho mayores que los segundos"

Más que reformar parcialmente una ley concebida hace cuarenta años para un sistema en construcción, más que poner parches, ha llegado el momento de abordar la elaboración de una nueva ley sanitaria que ordene el Sistema Nacional de Salud del siglo XXI.

Una ley con el apoyo de los principales partidos políticos (que vaya de arriba abajo jerárquicamente) y que trascienda los intereses políticos puntuales, porque debe plantearse como la norma que garantice nuevamente la base de nuestro Estado de bienestar para las próximas décadas.

Una ley que aproveche los puntos de consenso, y no las diferencias, porque los primeros son mucho mayores que los segundos.

Y porque la salud es lo que todos, de uno u otro espectro político o ideológico, anhelamos.

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Una nueva ley que debería preservar los principios fundacionales que han hecho fuerte a nuestro sistema sanitario, pero que al mismo tiempo incorpore los elementos necesarios para adaptarlo a la realidad actual:

1. Una gobernanza más clara en un sistema descentralizado.

2. Una mayor orientación hacia la evaluación de resultados en salud.

3. La integración de la innovación tecnológica.

4. Y el desarrollo de una verdadera estrategia nacional de datos sanitarios.

Pero, sobre todo, debería abordar una dimensión que el sistema sanitario español todavía tiene pendiente: la integración sociosanitaria.

El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas están transformando profundamente la naturaleza de la atención que requieren los ciudadanos. Cada vez más personas necesitan cuidados que combinen asistencia sanitaria y apoyo social de forma continuada.

Sin embargo, nuestro sistema sigue funcionando en gran medida con estructuras separadas que dificultan esa coordinación.

"Cuarenta años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el sistema sanitario español sigue siendo uno de los grandes logros colectivos de nuestra democracia"

El INE prevé que la población mayor de sesenta y cinco años pase del 20,4% actual al 30,5% en torno a 2055, mientras disminuye el peso de la población en edad de trabajar.

Si no adaptamos la organización, la financiación, la gobernanza y la integración sociosanitaria, el resultado será previsible: más demanda, más listas de espera, más dependencia, más absentismo y más presión sobre unas finanzas públicas ya tensionadas.

La nueva ley sanitaria debería reconocer esta realidad y avanzar hacia un modelo que integre de forma efectiva los ámbitos sanitario y social, permitiendo ofrecer respuestas más completas y más adecuadas a las necesidades de los pacientes.

Cuarenta años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el sistema sanitario español sigue siendo uno de los grandes logros colectivos de nuestra democracia.

Pero precisamente por eso merece un debate ambicioso, con el propósito claro de llegar a un acuerdo sobre su futuro.

La Ley General de Sanidad fue una ley valiente porque respondió a las necesidades de su tiempo y porque supo construir un sistema donde antes había fragmentación.

Cuatro décadas después, el mejor homenaje que podemos hacer a aquel espíritu reformista no es aferrarnos a sus instrumentos jurídicos originales, sino recuperar su ambición para diseñar el sistema sanitario que necesitará España en las próximas décadas.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.