Reunión del Consejo de Ministros.
Dame un 51%
¿Las decisiones de un gobierno deben dirigirse a "su gente" o a todos los ciudadanos?
Se atribuye a Bill Clinton la frase give me a 51% ("dame un 51%") para pedir a su equipo medidas que tuvieran el apoyo de más de la mitad de la población. El objetivo era no depender de extremos partidistas, sino representar (y conseguir el apoyo) de amplias mayorías transversales.
Eran los tiempos en los que la obsesión en Estados Unidos era tener un índice de valoración positivo. Todo el prestigio presidencial se basaba en el índice de aprobación de Gallup. Esta encuesta se había realizado desde 1938 y dejó de publicarse de forma sorpresiva a inicios de 2026.
El índice mide la diferencia entre los ciudadanos que aprueban y los que desaprueban al presidente en ejercicio.
Su resultado es un porcentaje de aprobación que permite analizar la evolución presidencial desde que toma posesión hasta que finaliza su mandato (y también comparar con presidentes anteriores).
El peso específico que se le da a una valoración así genera un claro incentivo para llevar a cabo una acción de gobierno dirigida a satisfacer a amplias mayorías.
Esto implica, asimismo, evitar decisiones que puedan molestar a sectores amplios de la población. Y ello aunque esas decisiones sean necesarias o positivas para el país o para un colectivo concreto.
El expresidente Bill Clinton gesticula durante la Iniciativa Global Clinton de 2025 en Nueva York. Reuters
Se trata de un dilema muy interesante que siempre se produce en el ejercicio del poder y, particularmente, en la labor de gobierno.
Los partidos políticos y los candidatos plantean durante la campaña electoral programas y prioridades políticas a afrontar en su acción de gobierno.
Pero luego, ya en el gobierno, se toman muchas decisiones que no formaron parte de la campaña ni de los programas. Y otras que se producen ante circunstancias bien diferentes a las previstas anteriormente.
Rueda de prensa tras un Consejo de Ministros.
"Campaña en verso y gobierno en prosa".
Esta expresión se utiliza habitualmente para señalar la diferencia entre lo que se promete durante las campañas electorales para obtener amplios apoyos y lo que realmente se lleva a cabo durante la acción de gobierno.
En este caso, desde el punto de vista de la ética política, no hay ninguna duda: la coherencia y la honestidad son valores esenciales en el ejercicio del poder. Todo lo que sea separarse de estos valores no es aceptable. Y en caso de producirse un cambio de opinión o de prioridades, debe ir precedido de una explicación y una asunción de responsabilidades.
Existen ejemplos claros, como el referéndum de la OTAN que planteó Felipe González de forma previa a tomar decisiones diferentes a las prometidas en campaña.
"¿Para quién debe ser útil la acción de gobierno de un político? ¿Para quienes le votan, para una mayoría de la población o para el conjunto de la ciudadanía?"
¿Al servicio de quién deben estar los políticos?
Una cosa es la coherencia entre la campaña electoral y la acción de gobierno. Pero otra distinta es cuál es la utilidad de un partido y de un gobierno. ¿Para quién debe ser útil su acción de gobierno? ¿Para quienes le votan, para una mayoría de la población o para el conjunto de la ciudadanía?
A diferencia de la necesaria coherencia y honestidad que debe existir entre lo prometido y lo ejecutado, en este caso no hay una única respuesta válida. Cada uno debe decidir cuál es su papel y el de su partido político: si representan y gobiernan para todos, o lo hacen para algunos.
La política consiste en decidir cuáles son las prioridades y el contenido del proyecto que se presenta. Se trata de determinar los objetivos concretos a alcanzar en las dos principales tareas que tiene un político demócrata: desarrollar políticas públicas y generar convivencia.
Se puede optar por proponer y aplicar medidas que gustan muchísimo al 35% de la población (los propios votantes), pero que son totalmente rechazadas por otro 35% de ciudadanos que piensan diferente.
O también se podrían aplicar medidas compartidas, o al menos no muy rechazadas, por la inmensa mayoría de la población.
Estas decisiones suelen tomarse, casi siempre y por desgracia, aplicando teoría de juegos y analizando en términos electorales cuál es el coste-beneficio de cada medida ("give me a 51%"). No es la mejor manera ni la más honesta de tomar posición política.
Cada medida de gobierno debería responder a un modelo coherente y consistente de proyecto de país, acorde con los compromisos adquiridos y la ideología que se representa. Y hacerlo teniendo siempre en cuenta el objetivo de generar convivencia entre los ciudadanos.
Estas decisiones no son fáciles, pero son las que determinan si un partido o un candidato tienen liderazgo social y político.
Hasta hace unos pocos años, cuando se ganaban unas elecciones (fuera con la mayoría que fuera), el ganador hacía un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos, y se comprometía a gobernar para todos desde ese momento.
Parece que esto ha pasado de moda.
El populismo polarizador que vivimos en estos tiempos genera lo contrario. Cada vez escuchamos más cómo, en las noches electorales, los perdedores no felicitan a los ganadores. Y cómo los ganadores se comprometen no a gobernar para todos, sino contra los demás.
Lo hemos visto recientemente en Castilla y León, con la única excepción de Carlos Martínez, que sí felicitó al ganador.
Afortunadamente, aún existe un mundo paralelo que se sigue resistiendo a esta moda polarizadora: la política local. Los alcaldes y alcaldesas, en su inmensa mayoría, sienten que lo son de todos sus vecinos y que gobiernan para todos sus vecinos. Y son conscientes en todo momento de que generar convivencia en sus pueblos y barrios debe ser su principal objetivo.
Seguramente por este tipo de actitudes, en todos los estudios y encuestas, la política local es la mejor valorada, a gran diferencia de la política nacional y regional.
El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, celebra la victoria electoral en Salamanca. ICAL
Cada partido y cada candidato tienen que hacer su propia reflexión.
Existen partidos nicho, como Vox o el actual Podemos, cuya identidad no se define únicamente por defender a unos ciudadanos determinados, sino que incluyen en su posición política el ataque específico a otros, a los que ubican como "enemigos".
El objetivo de generar convivencia es totalmente secundario o irrelevante para estos partidos.
El PSOE, en cambio, es un partido de gobierno. Nuestro papel histórico, nuestra razón de ser y nuestra identidad se alejan mucho de las de un partido populista, radical y polarizador. Somos un partido con una clara vocación de mayorías.
Tenemos que ser capaces de que toda la ciudadanía se sienta respetada por el PSOE y de que una amplia mayoría se sienta identificada y representada por él.
No todos los partidos tenemos la misma responsabilidad, por la mera diferencia entre las posiciones ideológicas de unos y otros. Tenemos la suerte de vivir en un país en el que la amplísima mayoría de los ciudadanos nos sentimos demócratas con convicciones sociales, lo que coincide con la posición ideológica del PSOE.
Esto implica un plus de responsabilidad que debe inspirar al PSOE a ubicarse en una posición de gobierno, de generación de convivencia y de estabilidad y consolidación democrática.
No se trata de buscar propuestas o mensajes que apoye un 51% de la población para tener éxito electoral, sino de tener un modelo de país coherente y consistente, y una actitud política que genere convivencia y prosperidad.
*** Juan Lobato es senador y técnico de Hacienda del Estado.
