Mónica García, ministra de Sanidad, en el Consejo de Ministros.
La ideología no puede guiar las reformas sanitarias
Establecer, como pretende Sanidad, obstáculos adicionales a instrumentos como los conciertos sanitarios sería un auténtico desastre para los pacientes.
El debate abierto tras el anuncio del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en la sanidad española: la relación entre lo público y lo privado.
Es un debate legítimo, e incluso necesario, pero que corre el riesgo de desviarse hacia el terreno ideológico, olvidando lo verdaderamente importante: la atención a los pacientes.
Es obligatorio partir de una realidad incuestionable para todo el mundo. El Sistema Nacional de Salud no dispone hoy de recursos suficientes (ni humanos, ni materiales, ni de capacidad instalada) para dar respuesta por sí solo a todas las necesidades asistenciales de la población.
Las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas son, en muchas comunidades autónomas, francamente alarmantes, cuando no directamente inaceptables. Negar esta realidad no la hace desaparecer.
En este contexto, la colaboración público-privada no puede interpretarse desde un enfoque puramente ideológico, sino como una herramienta asistencial imprescindible.
No se trata de privatizar el sistema ni de renunciar a su carácter público, universal y equitativo, sino de utilizar de forma inteligente todos los recursos disponibles para garantizar que los pacientes sean atendidos en tiempo y forma.
Derogar el Real Decreto 15/97 de nuevas fórmulas de gestión sanitaria, con la finalidad de acabar con un modelo de colaboración sanitaria o de gestión indirecta concreto (como el de las concesiones), no puede suponer la creación de obstáculos para otras formas de colaboración que funcionan con normalidad desde hace décadas.
Es el caso de los conciertos, que además vienen recogidos expresamente en la norma superior que dio lugar a nuestro sistema sanitario actual: la Ley General de Sanidad de 1986.
"La colaboración público-privada no puede interpretarse desde un enfoque puramente ideológico, sino como una herramienta asistencial imprescindible"
Por tanto, el problema del anteproyecto puede surgir al introducir el término "excepcionalidad" para el resto de las fórmulas de gestión indirecta.
Establecer obstáculos adicionales, ambiguos o ideológicamente motivados a instrumentos tan cotidianos y necesarios como los conciertos sanitarios, especialmente en un escenario de listas de espera desbordadas, sería un auténtico desastre.
No para los operadores, sino para los pacientes.
Conviene recordarlo: colaborar no es privatizar.
La colaboración público-privada en Sanidad forma parte del ADN de nuestro sistema desde sus orígenes. Esta permite que la administración sanitaria siga planificando, financiando y controlando la asistencia, mientras se apoya en proveedores externos para reducir demoras, absorber picos de demanda o suplir déficits estructurales.
El paciente no pierde derechos. Al contrario, gana acceso. De hecho, no deberíamos cuestionar permanentemente estos modelos por una sencilla razón: no hay otra alternativa.
Existe, además, un consenso amplio en algo fundamental. La colaboración indirecta debe ejercerse con reglas claras. Con transparencia, control público, exigencia de calidad asistencial, evaluación de resultados en salud y plena seguridad jurídica para todas las partes.
En esto no hay discusión razonable.
Si la "excepcionalidad" se interpreta de forma rígida, dogmática o maximalista, el efecto práctico no será una Sanidad más íntegra, sino más retrasos, más inequidad territorial y más sufrimiento evitable. Justo lo contrario de lo que se pretende.
Puede que haya quien lo justifique desde el papel o la atalaya política. Pero la realidad para los que esperan, para los que no tienen alternativa en la sanidad privada y no pueden colarse en la Sanidad pública, sería bien distinta.
Por eso, más allá de los principios generales, será clave aclarar con precisión qué significa realmente esa "excepcionalidad". Cuándo se aplica, cómo se justifica y, sobre todo, cómo se evita que se convierta en un freno automático a soluciones asistenciales que hoy son necesarias.
En Sanidad, la ideología no puede marcar el límite. Y ese límite sólo puede ser uno: el paciente.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.
