El operativo policial desarrollado este domingo en la playa del Trampolín para desmantelar el campamento irregular en el que pernoctaban miles de invasores confirma que el Gobierno ha estado jugando con la crisis de Ceuta según un criterio de mera oportunidad y conveniencia política.
En apenas unas horas, cerca de un millar de personas han abandonado el asentamiento.
La actuación de la Policía Nacional se ha limitado a comunicar a los ocupantes que la solicitud de asilo, en el marco de la nueva legislación aprobada este verano, conlleva la tramitación acelerada de su expediente y la consecuente orden de expulsión con prohibición de entrada en territorio europeo.
Ante esta advertencia, la inmensa mayoría ha optado por aceptar el retorno voluntario a Marruecos, evitando una resolución que lastraría su futuro migratorio.
El hecho de que en un solo día hayan salido de Ceuta más personas de las que han sido devueltas en los últimos dos meses conduce a una conclusión inevitable: el Ejecutivo central ha dejado pudrirse deliberadamente la situación en la ciudad autónoma durante más de sesenta días.
Cabe recordar que, en los primeros días tras la invasión masiva del pasado 30 y 31 de julio, se produjeron decenas de miles de devoluciones inmediatas acompañadas que permitieron el retorno de la mayor parte de los asaltantes.
Un proceso que se interrumpió abruptamente poco después, abandonando a la ciudad autónoma a un colapso dotacional insostenible.
A lo largo de todo este tiempo, el Gobierno se ha parapetado en un argumentario farragoso y burocrático, invocando la extrema "complejidad" de los procesos de extranjería, así como los condicionantes jurídicos o la supuesta imposibilidad técnica de agilizar las expulsiones.
El desalojo de este domingo, ejecutado sin que los ocupantes hayan ofrecido la menor resistencia u oposición, demuestra que esta narrativa no es más que una pantomima.
Cuando existe voluntad política, la ley vigente ofrece las herramientas necesarias para proteger la frontera y restituir la normalidad.
Tampoco parece casual el momento elegido para activar la contundencia policial.
Difícilmente puede desligarse la urgencia por vaciar las playas de la inminente visita oficial de los Reyes a Ceuta y Melilla, para la cual el Gobierno no podía permitirse proyectar la imagen de una ciudad tomada por asentamientos irregulares.
Del mismo modo, el despliegue se produce curiosamente en un domingo de máxima expectación, en el que la atención pública está pendiente de si el presidente del Gobierno anunciará en el día de hoy la disolución de las Cortes tras la caída de los decretos de vivienda en el Congreso, y la convocatoria de elecciones anticipadas.
La docilidad con la que los desalojados han acatado la orden y la rapidez con la que se ha materializado su retorno al país vecino permiten inferir la existencia de alguna clase de acuerdo entre Madrid y Rabat para coordinar esta salida. Y, por consiguiente, de una ascendencia directa de Marruecos sobre los asaltantes que permanecen en nuestro territorio.
Lo cual, a su vez, no viene sino a confirmar lo desvelado por los informes clasificados de la Inteligencia militar a los que tuvo acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.
A saber, que el asalto masivo de julio no obedeció a un flujo migratorio espontáneo, sino a una operación programada y dirigida sobre el terreno por decenas de militares y agentes de los servicios secretos marroquíes infiltrados para generar caos y medir la capacidad de respuesta de España.
La facilidad demostrada para ejecutar las devoluciones en cuanto el Gobierno ha tenido la urgencia de adecentar la escena deja al descubierto la verdadera naturaleza de lo vivido este verano.
La crisis de Ceuta ha consistido en la escenificación de un teatrillo de "crisis humanitaria" en el que se ha presentado a los invasores como inmigrantes.
Unos inmigrantes que, a la luz del regreso de muchos de ellos tras dos meses de acampada, responderían a la insólita categoría de migrantes de temporada.
Lo terrible es que hayan tenido que ser los ceutíes los que hayan cargado con el coste de esta representación, sufriendo dos meses de abandono hasta que las necesidades de la agenda institucional y electoral han hecho conveniente actuar.