La severa llamada de atención que supuso la invasión de Ceuta los días 30 y 31 de julio no ha servido para que Pedro Sánchez enmiende su suicida política migratoria de puertas abiertas.
Lejos de extraer lecciones de una crisis que desbordó la capacidad de la ciudad autónoma, el Gobierno persiste en una orientación que sigue favoreciendo que la instrumentalización bélica de los flujos humanos vuelva a repetirse.
En la reunión de ministros del Interior de los 27 este jueves, el Gobierno de España ha intentado boicotear el nuevo reglamento europeo orientado a acelerar las devoluciones masivas en casos de asalto como el de Ceuta.
El intento ha terminado en una contundente derrota diplomática por 23 a 1.
La votación del Consejo de la UE ha servido para dar la luz verde definitiva a una norma largamente negociada que busca dotar a la Unión de un mecanismo de retornos efectivos y acelerados.
El nuevo Reglamento de Retornos agiliza las deportaciones de quienes carecen de derecho a permanecer en la UE, da cobertura legal a la creación de centros de internamiento y retorno en terceros países ("return hubs"), amplía los plazos máximos de detención preventiva y faculta a los Estados a dictar prohibiciones de entrada de carácter indefinido por razones de seguridad.
España ha sido el único país de la Unión Europea que ha votado en contra.
Para justificar este voto en solitario, el Ejecutivo de Sánchez ha esgrimido que la norma genera inseguridad jurídica con los centros en terceros países, que no contempla un reconocimiento mutuo automático de las expulsiones y que fija periodos de detención que considera desproporcionados.
Pero lo cierto es que la reforma no pone en riesgo la seguridad jurídica.
Su propósito central es, precisamente, armonizar los trámites y requisitos a nivel europeo para dotar a los procedimientos de repatriación de un marco garantista que evite la dispersión normativa y la arbitrariedad entre Estados miembros.
La negativa resulta incomprensible entre los socios comunitarios tras los graves episodios vividos en la frontera sur española, quienes esperaban una enmienda en la posición de España después de que hasta 22 líderes europeos atribuyeran recientemente en una carta conjunta la crisis de Ceuta al "efecto llamada" de la política migratoria de Sánchez.
Por mucho que el Ministerio del Interior se esfuerce en asegurar que este reglamento no resolvería situaciones como la de Ceuta, distintos ministros comunitarios reunidos este jueves han vinculado de forma directa ambos eventos.
Para la mayoría de los 27, la crisis ceutí demuestra que el sistema europeo de inmigración y asilo continúa siendo vulnerable. Y que los asaltos masivos constituyen situaciones excepcionales que justifican dejar de lado los exámenes individuales caso por caso para aplicar procedimientos de retorno acelerados.
Incluso la presidenta de la Comisión Europea anunció en su discurso sobre el estado de la Unión un mecanismo de emergencia para permitir la suspensión del derecho de asilo en casos de ataques migratorios, diseñado de resultas de la crisis de Ceuta.
Y el comisario de Interior prepara un plan de acción para reforzar la resiliencia fronteriza, puesto en marcha precisamente a raíz de la avalancha migratoria sufrida en la ciudad autónoma.
El presidente se quejaba recientemente de que la Unión Europea no había demostrado la suficiente solidaridad con España en la protección de la frontera sur.
Pero es un contrasentido pedir el respaldo de los socios y, al mismo tiempo, votar en contra en Bruselas cuando se somete a aprobación el marco normativo destinado a responder a esas mismas emergencias y a fortalecer las fronteras exteriores de la Unión.
Por aferrarse a su propaganda de faro progresista global en materia de inmigración y derechos humanos, Sánchez ha vuelto a desmarcarse del sentir mayoritario de Europa.
La orientación comunitaria discurre en el sentido opuesto al del Gobierno de España: los socios europeos abogan por endurecer la gestión fronteriza mientras Sánchez aumenta todavía más el efecto llamada, tal como se quejaron amargamente los líderes comunitarios a propósito del antecedente de su regularización masiva.
Esta postura en solitario no es ni mucho menos inocua.
Venimos constatando que se está produciendo un creciente aislamiento que margina a España de los grandes foros internacionales donde se adoptan las decisiones importantes.
Los únicos goles que marca un presidente que presume de desplegar una política exterior influyente y admirada son ya en propia meta, actuando en la práctica como un factor de protección de quienes asaltan las fronteras de la Unión.
España no puede seguir transmitiendo a sus aliados la imagen de que defiende las posiciones de países hostiles a la cohesión comunitaria.
Es inevitable preguntarse a quién defiende hoy un Gobierno de España que ha dimitido de la salvaguarda del interés nacional. ¿Al Reino de Marruecos? ¿Tal vez al Sindicato de Inquilinas?