El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia conjunta del jueves con el presidente francés Emmanuel Macron. Europa Press
España será el único país de la UE en votar 'no' al reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes pese al asalto a Ceuta
El Gobierno alega que la norma no resuelve la situación pese a que Interior sólo ha ejecutado 449 expulsiones en 2 meses.
El comisario de Interior presenta hoy a los ministros su plan para reforzar la seguridad tras la invasión de Ceuta.
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En contra de lo que esperaban algunos de sus socios europeos, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a rectificar su política migratoria de puertas abiertas pese a la avalancha sufrida por Ceuta los días 30 y 31 de julio, una crisis que, lejos de resolverse, va camino de cronificarse.
En la reunión de ministros del Interior de los 27 que se celebra este jueves en Luxemburgo, Fernando Grande-Marlaska tiene previsto votar no —y lo hará en solitario— al nuevo reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares, que además da cobertura legal a los centros de deportación en países extracomunitarios.
El rechazo del Gobierno de Sánchez no tendrá ningún efecto práctico, más allá de poner de relieve de nuevo su absoluto aislamiento en la UE en materia migratoria. La norma saldrá adelante en cualquier caso con el voto a favor de los otros 25 Estados miembros —Bélgica se abstiene—, según consta en los documentos preparatorios a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Este será el último paso en la aprobación del nuevo reglamento de retornos, ya aprobado por la Eurocámara y que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la UE. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con un periodo de transición de 12 meses.
En los días previos a la votación definitiva, algún socio europeo ha reprochado al Gobierno que mantenga su oposición en solitario al reglamento de retorno, anunciada desde su primera aprobación en el Consejo de Interior de diciembre de 2025, según explican fuentes diplomáticas.
Una negativa que sorprende en Bruselas tras lo ocurrido en Ceuta, que 22 líderes europeos atribuyeron en una carta conjunta al "efecto llamada" de la política migratoria de Sánchez, en particular la regularización masiva.
Sin embargo, el departamento que dirige Grande-Marlaska sostiene que el nuevo reglamento no sirve para resolver la situación en Ceuta, pese a las dificultades del Gobierno para mandar de regreso a Marruecos a los migrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma.
Según el último informe aprobado por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Sánchez sólo ha logrado ejecutar 449 expulsiones en los últimos dos meses, de las cuales apenas 131 se produjeron en la última semana, a las que se suman 7.794 retornos voluntarios. El Gobierno no ofrece datos sobre cuántos migrantes irregulares permanecen todavía en la ciudad autónoma.
Los países de la UE ejecutaron en el segundo trimestre 36.825 retornos a terceros países, equivalentes al 33,4% de las 110.335 órdenes de salida dictadas en ese periodo. En España, fueron 1.805 expulsiones sobre 7.825 órdenes, un 23,1%, más de diez puntos por debajo de la media comunitaria, según los datos publicados este miércoles por Eurostat, anteriores a la crisis de Ceuta.
En un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Gobierno de Sánchez justifica su no al reglamento de retorno con tres argumentos principales. En primer lugar, la nueva norma no contempla un reconocimiento mutuo automático de las decisiones de expulsión, lo que supondría un "paso atrás" en la construcción de una política migratoria común.
Pero su principal objeción son los centros de retorno en terceros países, que a juicio de Grande-Marlaska generan "inseguridad jurídica", ofrecen "garantías limitadas" y podrían permitir incluso trasladar a familias con hijos a países "con los que no tienen absolutamente ninguna vinculación".
En tercer lugar, el ministerio del Interior también considera desproporcionadas las nuevas reglas sobre detención, que permiten prolongar la privación de libertad hasta 24 meses y encadenar detenciones en distintos países sin límite temporal.
"Por último, los acontecimientos recientes en Ceuta han demostrado la necesidad de mecanismos específicos que garanticen un retorno efectivo en casos de entradas masivas y caóticas en las fronteras exteriores. Sin embargo, este reglamento no contiene medidas para abordar estas circunstancias excepcionales", concluye la declaración del Gobierno de Sánchez.
Explicaciones de Marlaska
En la reunión de este jueves, los socios europeos esperan explicaciones de Fernando Grande-Marlaska sobre la situación en Ceuta y las medidas que está tomando el Gobierno para acelerar la devolución a Marruecos de los migrantes irregulares que todavía permanecen en la ciudad autónoma.
"Hemos pedido a la Presidencia y a todos los demás Estados miembros que aborden especialmente la situación derivada de Ceuta y, también, las implicaciones más amplias de lo que ocurrió allí. No se trata de cargar contra España, no es eso lo que pretendemos", explica un diplomático de uno de los países más duros en materia migratoria.
Por su parte, el comisario de Interior, el austriaco Magnus Brunner, tiene previsto presentar a los ministros su plan de acción de cinco puntos para reforzar la resiliencia y la seguridad de las fronteras de la UE, puesto en marcha precisamente a raíz de la avalancha migratoria en Ceuta.
![Desalojo migrantes en la playa de Benítez de Ceuta.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11366411.jpg?p=w:320\/h:240&h=AWNd3PHC"])
"La principal expectativa de la Unión Europea, también de nosotros como Comisión, es que todo el mundo sea devuelto. Así que cualquier cosa que podamos hacer para apoyar a España, lo haremos. Creo que es realmente importante", ha insistido Brunner.
La principal novedad del plan es el mecanismo de emergencia anunciado por Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión del pasado 15 de septiembre. Su contenido todavía no está completamente definido, pero en teoría debería permitir a los Estados miembros suspender el derecho de asilo en caso de ataques migratorios.
"La crisis de Ceuta demostró hasta qué punto pueden producirse con rapidez llegadas masivas y repentinas en las fronteras exteriores de la UE. Estas situaciones ponen en peligro nuestra seguridad y nuestra unidad comunes, al tiempo que provocan una pérdida inaceptable de vidas", avisa la Comisión.
"La protección de todas nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida. Una respuesta europea común, una acción unida y la solidaridad son esenciales", concluye el documento preparado por Von der Leyen.
Una unidad que, de momento, sigue lejos de hacerse realidad: el Gobierno de Sánchez insiste en desmarcarse de la línea mayoritaria de la UE, que apuesta por endurecer al máximo la política migratoria.
