El encuentro mantenido este fin de semana entre Alberto Núñez Feijóo y sus barones territoriales, que gobiernan doce de las diecisiete comunidades autónomas, ha resultado sustancialmente más fructífero que la Conferencia de Presidentes hospedada por Pedro Sánchez el pasado diciembre.

Y ello porque, en este caso, el PP se ha esmerado por consensuar con sus presidentes autonómicos un documento que, sin ser la panacea, refleja una vocación de comprometerse con propuestas sustantivas y fundamentadas.

Una labor de armonización pactada que está lejos de la armonización forzosa que patrocina el Gobierno al pretender imponer por la fuerza su Ley de Vivienda. Lo cual explica que aquella reunión de líderes se saldara sin compromisos tangibles en materia de vivienda, aun siendo uno de los puntos tratado en el orden del día.

Pero la Declaración de Asturias dimanada de este retiro de Feijóo con sus barones, y presentada este domingo en Oviedo, contrasta principalmente con el espíritu de la política de vivienda del Gobierno. Y patentiza de forma muy gráfica la diferencia entre un modelo liberal, que prima los incentivos, y uno intervencionista, que prioriza la regulación.

Las vigas maestras de las soluciones propuestas por el PP son el alivio fiscal, la simplificación administrativa y el otorgamiento de garantías jurídicas. Una aproximación desde la colaboración público-privada antitética al enfoque estatalista de Sánchez, que desde que tomó la vivienda como material de campaña se ha decantado por la limitación de precios, la construcción pública de viviendas, los subsidios al alquiler y, más recientemente, la creación de una empresa pública de vivienda.

Frente a estas recetas, que encomiendan casi en exclusiva al Estado la tarea de corregir por ley las deficiencias del mercado inmobiliario, el decálogo del PP acierta al contemplar el rol de la Administración como el del actor que suministra "un poco más de ayuda para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda".

Una labor asistencial que se puede vehicular, por un lado, aligerando las cargas impositivas relacionadas con el mercado de la vivienda, a través de deducciones en el IRPF, de la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para jóvenes, o avalando a los menores de 40 años hasta el 100% del precio del inmueble para facilitar su acceso a una hipoteca.

Por otro lado, mediante incentivos para propiciar que los propietarios saquen más viviendas al mercado.

La Declaración de Asturias incluye medidas como movilizar suelo público para "vivienda pública, social y asequible, en alquiler o en propiedad"; ofrecer incentivos a promotores y constructores para fomentar la edificación de Viviendas de Protección Oficial y de vivienda en alquiler asequible; conceder seguros de impago para estimular la puesta en alquiler de viviendas vacías; o derogar la legislación que ampara el fenómeno de la okupación y la inquiocupación.

Por último, mediante una flexibilización del marco regulatorio, reformando la Ley del Suelo para revisar los planes de ordenación urbanística y agilizar las tramitaciones para la promoción de viviendas.

La experiencia avala que hay muchas posibilidades de bajar los precios de la vivienda actuando sobre la ampliación de la oferta, con fórmulas como la liberalización del suelo, el adelgazamiento burocrático y los incentivos fiscales, que estableciendo limitaciones al alquiler y la construcción. Lo cual sólo redunda en un aumento de la demanda que a su vez empuja al alza los precios.

Por eso, en lugar de desacreditar gruesamente el plan de vivienda del PP como una "farsa" que "sirve a los especuladores", el PSOE debería detenerse a estudiar el planteamiento de la oposición, para buscar puntos de acuerdo sobre los que pactar una política de Estado sobre el que ya se ha convertido en el principal problema de los españoles.