Tradicionalmente, España ha podido siempre presumir de Sanidad. Un sistema público de Salud eficaz y robusto que era la envidia de muchos países. Por eso, es motivo de alarma el deterioro continuado que está sufriendo nuestra Sanidad pública desde los recortes forzados por la crisis económica, agravados por la pandemia de Covid-19.

Este diario avanza hoy un dato muy preocupante. Según el Ministerio de Sanidad, la lista de espera de la Sanidad española alcanza los 700.000 pacientes. El peor registro de la serie histórica. Además, el tiempo medio que tiene que soportar un paciente para ser operado es de 123 días.

Es cierto que la enorme presión a la que la pandemia sometió a nuestro sistema sanitario explica gran parte del engrosamiento de la lista de espera quirúrgica. Pero la Sanidad pública lleva años acusando un desgaste que amenaza con poner en jaque una de las piedras angulares del Estado del bienestar español.

Uno de los indicadores que acreditan el mal estado de nuestra Sanidad es el déficit de profesionales sanitarios. El Sindicato de Enfermería ha amenazado con convocar pronto una huelga si el Gobierno no incrementa las plantillas. Otro de los problemas que atenazan al Sistema Nacional de Salud (SNS) es la alta tasa de temporalidad. Una elevada eventualidad que también ha soliviantado a los médicos.

Como señaló en este periódico el experto sanitario Juan Abarca, nuestro sistema de Salud está extenuado. Una situación de agotamiento que es mucho más acuciante que la imagen de tranquilidad que los partidos políticos transmiten a los ciudadanos.

Problemas como la obsolescencia tecnológica, el malestar entre los profesionales de la Atención Primaria o la lentitud burocrática en la aprobación de los fármacos atestiguan el progresivo y continuado declive de la Sanidad española.

Reformas valientes

Mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios sanitarios exige también despojarse de dogmatismos ideológicos infundados sobre la privatización. Los responsables de la Sanidad pública no pueden ni mantener cautivos a unos pacientes sin alternativa, ni tampoco empujar a cada vez más ciudadanos a elegir el sector privado.

Se impone la necesidad de estudiar fórmulas de colaboración público-privadas, que exploren un modelo concesional capaz de avanzar hacia un sistema sanitario más flexible, eficiente y ágil. La complementariedad entre la gestión pública y la prestación privada no es ni debe ser incompatible con una mayor inversión pública en Salud.

No hay lugar para la autocomplacencia ni para la demagogia. Todas las fuerzas políticas deben sumarse a un pacto por la Sanidad que pueda revertir la sucesión de fracasos de los distintos gobiernos para reforzar el SNS.

Los partidos políticos tienen que hablar con sinceridad a los ciudadanos sobre el maltrecho estado de la Sanidad pública. Y trabajar conjuntamente y con urgencia en un plan de reformas estructurales para construir un sistema sanitario garantista, innovador y equitativo.

Evitar el colapso irreversible del que un día fuera una de los mejores sistemas de Salud del mundo es aún posible.