La España de los 'kapos'

Parece una obviedad, pero no debe de serlo cuando tantas personas parecen no caer en ello.

Cuando los políticos de tu país incentivan políticamente, protegen judicialmente y justifican ideológicamente la delincuencia, es que estás viviendo en una dictadura.

Y eso, por mucho que creas vivir en una democracia.

Bueno, venga, sé que este tipo de afirmaciones escandalizan a las almas nobles. Digamos que no estás viviendo en una dictadura, sino en un país inmerso en una evidente deriva autoritaria.

¿Mejor así?

El libro Esclavos en la Europa del siglo XX, del historiador estadounidense Michael Seidman, explica por qué los regímenes totalitarios, como el nazismo y el comunismo, generaron de forma deliberada una cultura de protección (y utilización) del criminal.

Cultura que algunos intelectuales de salón atribuyen al romanticismo, pero cuyas motivaciones reales son bastante menos líricas.

Seidman habla en su libro de los campos de concentración del nazismo.

'Esclavos en la Europa del siglo XX', de Michael Seidman.

“En aquellos campos penitenciarios y de concentración solía haber camaradas nacionales alemanes y arios que actuaban como Kameraden-polizist o kapos. Los kapos eran a menudo delincuentes y antisociales”.

“Los kapos, como la mayoría de los alemanes, creían en la superioridad racial aria. En muchos sistemas de confinamiento, los criminales y los delincuentes comunes han tendido a ejercer su propio dominio sobre los otros presos, sobre todo los políticos”.

Y aquí viene el meollo del asunto.

“Los regímenes nazi y soviético estaban convencidos de que los ladrones y otros convictos por el estilo no eran tan subversivos para sus intereses políticos como los contrarrevolucionarios o las minorías raciales y nacionales”.

“Además, los estalinistas y los hitlerianos estaban especialmente bien preparados para admirar la solidaridad de grupo de naturaleza violenta como la que unía a los miembros de las bandas criminales, que se tenían por leales camaradas”.

“Ambos sistemas preferían degradar a sus presos políticos permitiéndoles que los convictos por delitos comunes los humillaran. En los campos de internamiento alemanes, como en los soviéticos, los presos comunes dominaban buena parte de la existencia cotidiana”.

Un testigo de la acusación señala al kapo Emil Erwin Mahl durante el juicio por crímenes de guerra de Dachau.

Los delincuentes son la herramienta que permite a los regímenes totalitarios acentuar la violencia represiva sobre los ciudadanos varios grados por encima de lo que se podría permitir una fuerza policial convencional.

Allí donde la policía, incluso la corrupta de un régimen dictatorial, debe atenerse a una mínima apariencia de orden legal, aunque este sea en la práctica una pantomima, el criminal tiene vía libre para ejercer esa violencia de forma arbitraria, caprichosa y aleatoria, cuando y donde lo crea necesario.

En la práctica, la delincuencia común es el terrorismo que el Estado ejerce contra sus propios ciudadanos sin asumir responsabilidad alguna por su parte.

La delincuencia es la guerra civil fría que el Estado ha declarado contra sus súbditos.

Por supuesto, el Estado tiene todos los recursos necesarios para acabar con la delincuencia si así lo desea. La delincuencia cero es imposible, pero países como Japón, Singapur o Taiwán han demostrado que una tasa casi-cero es perfectamente posible si existe voluntad política para ello.

Los delincuentes son la dosis de caos que el autoritarismo introduce en el sistema para a) generar terror entre sus ciudadanos, b) impedir que se organicen en contra del régimen y c) mantenerles ocupados defendiéndose de la violencia inmediata para evitar que reaccionen contra la mediata del propio Estado.

Un solo ejemplo.

¿Cuántas organizaciones, instituciones y medios internacionales controlados por la izquierda han denunciado el encarcelamiento de 88.000 pandilleros en El Salvador, pero no abrieron la boca mientras esos pandilleros convertían el país en uno de los más violentos del planeta?

En una búsqueda rápida: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), la ONU, el Comité contra la Tortura de la ONU y medios como la BBC, The New York Times, El País y The Associated Press, entre muchos otros.

Cuando los únicos derechos humanos que se reivindican públicamente son los del delincuente, pero no los de sus víctimas, es legítimo sospechar que el objetivo no es la protección de esos derechos, sino la de los regímenes que garantizan los ingresos de esas organizaciones, instituciones y medios.

El sanchismo es un ejemplo de libro de cómo modular la respuesta del Estado a la delincuencia en función de las necesidades del presidente del Gobierno.

No ya por la corrupción del entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Sino por su propia acción de gobierno.

Sánchez ha indultado y amnistiado a delincuentes convictos.

Lo ha hecho de forma directa e indirecta, utilizando para ello instituciones como el Tribunal Constitucional, pisoteando la Constitución y obviando cualquier interpretación jurídica más o menos sensata de la legalidad.

También ha modificado el Código Penal en beneficio de los políticos corruptos que roben en nombre de una causa y no en beneficio propio. Una distinción de esas que sólo un político corrupto es capaz de ver.

De su arbitraria aplicación de la ley se han beneficiado los golpistas del procés, los corruptos de los ERE, varias secuestradoras de niños condenadas por la justicia (Juana Rivas, María Sevilla) y los violadores amparados por la ley del 'sí es sí' de Irene Montero y el propio Pedro Sánchez.

Sánchez ha gobernado de la mano de EH Bildu, los herederos ideológicos de ETA. También de ERC y Junts, que dieron un golpe de Estado en 2017 por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo.

Ha concedido vicepresidencias y ministerios a Podemos, cuyos vínculos con el régimen de los ayatolás iraníes, así como con las dictaduras venezolana y cubana, son conocidos.

Su principal apoyo político dentro del partido es José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos vínculos con las dictaduras venezolana y china sólo están empezando a investigarse hoy.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habla junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, este martes en Caracas (Venezuela). EFE

Su propia biografía personal roza las zonas más grises posibles del Código Penal.

Su suegro era un conocido empresario de saunas y prostíbulos. Sánchez nunca ha negado que su patrimonio inmobiliario haya sido financiado con dinero procedente de esos negocios.

Su tesis doctoral es de todo menos original y mucho menos propia. Es dudoso siquiera que Sánchez la haya leído.

EL ESPAÑOL ha publicado durante los últimos meses varias noticias que refuerzan la sospecha de que Sánchez amañó las primarias de su propio partido. Y no una vez, sino dos.

Sánchez ha sido felicitado por Hamás, por los talibán afganos y por Hezbolá. Los misiles que los ayatolás iraníes lanzan sobre población civil llevan una pegatina con su cara, agradeciéndole los servicios prestados.

A lo largo de su mandato, los delitos graves se han disparado exponencialmente en España.

Los homicidios dolosos y los asesinatos consumados han aumentado un 22,5%.

Las tentativas de homicidio, un 76,8%.

Las lesiones graves y las riñas tumultuarias, un 74,1%.

Los secuestros, un 65,2%.

El tráfico de drogas, un 75,4%.

De la conversión del sur y el Levante español en una puerta blanda de entrada de la droga que luego circula hacia el resto de la UE, y de la laminación de las fuerzas policiales que luchan contra esas mafias del narcotráfico, hablamos otro día.

Los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 85,2%.

Las violaciones, un estremecedor 286,7%. Y eso, autoconsiderándose el gobierno más feminista de la historia de este país.

La violencia callejera, medida en riñas y peleas con heridos, alcanzó en 2025 un récord histórico con una media de 2.600 reyertas al mes, un 72% más que cuando Sánchez llegó al poder.

La okupación es ya un delito tan común, y tan protegido por las administraciones del Estado, que ha logrado hundir el mercado inmobiliario español a niveles literalmente tercermundistas.

Manifestación al grito de 'Stop Okupación' convocada por la Plataforma Afectados Ocupación. Fernando Sánchez Europa Press

En 2024 se registraron 16.426 allanamientos y usurpaciones de inmuebles, un 7,4% más que en 2023 (15.289 casos). Era la primera vez que la serie oficial superaba el umbral de las 16.000 denuncias, con un récord de 11.133 personas investigadas o detenidas por okupación de viviendas.

Bajo el gobierno de Sánchez, las okupaciones crecieron hasta un máximo en 2020‑2021 (en torno a 17.000 casos anuales) y han vuelto a repuntar en 2024 hasta las 16.426.

El Instituto de Estudios Económicos calcula que en 2024 hay casi un 30% más de denuncias por okupación que antes de Sánchez.

Sánchez, además, anunció hace sólo unas semanas una regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales, que se convertirán según los expertos en dos millones, a los que no se exigirá que acrediten que carecen de antecedentes penales.

Lo que ha hecho Sánchez, en la práctica, es lanzar una invitación a todos los ilegales con antecedentes penales que se encuentran hoy en algún país de la UE. El mensaje ha llegado alto y claro donde tenía que llegar y la Policía Nacional ha detectado ya varias rutas de entrada a España de esos ilegales.

Esto tiene dos objetivos evidentes.

El primero es alterar el censo electoral.

El segundo, generar el caldo de cultivo para una crisis de seguridad susceptible de provocar estallidos de violencia ciudadana.

Algo que permitiría a Sánchez presentarse como el bálsamo contra la supuesta “epidemia de violencia” provocada por la presunta ultraderecha.

O nos caemos del árbol o nos cae la realidad.