El reto no es solo invertir en Defensa

En los últimos años, la defensa ha recuperado una relevancia que parecía lejana. La inestabilidad e incertidumbre del contexto internacional han obligado a situar la seguridad en el centro de la agenda política y económica, lo que ha abierto un debate necesario sobre el nivel de inversión que España debe asumir en este ámbito.

Sin embargo, la cuestión, con ser importante, se está centrando en gran medida en el cuánto, dejando en un segundo plano una cuestión que resulta igual de decisiva: no basta con incrementar los recursos, sino que es necesario, además, adaptar las normas para conseguir la velocidad adecuada para transformarlos en capacidades reales.

España dispone de una base industrial de defensa fuerte, con empresas que han demostrado su capacidad tecnológica y su compromiso en entornos complejos. Esa fortaleza, sin embargo, convive con un marco normativo que fue concebido en un entorno distinto, más estable y previsible.

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En un contexto geopolítico como el actual, marcado por la incertidumbre y la aceleración tecnológica, la política de Defensa se enfrenta a un reto ineludible: adaptarse con rapidez sin renunciar a la seguridad y al control institucional.

En este escenario la contratación pública se ha convertido en un elemento crítico. No basta con adquirir capacidades, sino que es necesario hacerlo con agilidad, eficiencia y visión estratégica.

No se trata de cuestionar el modelo ni de plantear cambios estructurales, pero sí de asumir que determinados procedimientos administrativos responden a una lógica que en este momento no encaja del todo con las necesidades de nuestras fuerzas armadas y del sector.

La contratación pública o la gestión presupuestaria requieren una mayor capacidad de adaptación si se quiere conseguir que el sistema sea eficiente.

"Hoy la defensa no puede entenderse únicamente desde una perspectiva operativa, ya que la dimensión industrial y tecnológica se ha convertido en un elemento estratégico en sí mismo".

En la práctica, el objetivo es evitar plazos que se alargan, dificultades para ajustar los contratos a la evolución tecnológica y condiciones de licitación que no siempre reflejan la realidad del mercado. Todo ello puede terminar afectando tanto a la calidad de las soluciones como a la participación de las empresas y, en última instancia, a la eficiencia del gasto público.

Pero el problema va más allá de los tiempos. Los procedimientos siguen respondiendo a una lógica de estabilidad (que hoy choca con un entorno que exige un rearme urgente y una adaptación constante), lo que limita la capacidad de ajustar proyectos durante su ejecución y dificulta incorporar avances tecnológicos o cambios en el mercado con la agilidad necesaria.

Por eso, mejorar el sistema no es solo simplificar trámites. Es avanzar hacia un modelo más flexible, que acorte plazos sin perder garantías, que integre mejor el conocimiento del mercado y que permita una mayor previsibilidad para que la industria tenga certidumbre y pueda invertir y planificar con mayor seguridad.

"España tiene ante sí una oportunidad relevante para reforzar su base industrial de defensa y posicionarse en el entorno europeo, pero para aprovecharla (...)"

El informe elaborado por Garrigues “Propuesta de reformas normativas en el sector de la contratación pública en materia de defensa”, en el que hemos colaborado desde AESMIDE, parte precisamente de esa constatación y propone una revisión acotada del marco normativo, orientada a dotarlo de mayor flexibilidad sin renunciar a los principios de control, transparencia y concurrencia que deben seguir guiando la actuación pública.

El planteamiento es deliberadamente prudente, pues no busca una transformación permanente del sistema, sino habilitar un marco específico que permita responder a un contexto excepcional durante el tiempo en que ese contexto siga vigente (tal y como ha sucedido en respuesta a fenómenos recientes, como la pandemia del COVID-19, la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o el impacto económico de la guerra de Ucrania).

Se trata, en definitiva, de ajustar las herramientas disponibles a una realidad que ha cambiado con rapidez.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es su énfasis en la necesidad de facilitar la participación de un tejido empresarial más amplio.

"La clave no reside en reducir controles, sino hacerlos más inteligentes y compatibles con la agilidad que exige el entorno actual".

Según se desprende de su análisis, muchas pequeñas y medianas empresas con alto potencial innovador encuentran dificultades para acceder a los contratos de Defensa debido a barreras administrativas, financieras o de escala. La modernización de los procesos permitiría aprovechar mejor este ecosistema, reforzando al mismo tiempo la autonomía estratégica nacional.

Hoy la defensa no puede entenderse únicamente desde una perspectiva operativa, ya que la dimensión industrial y tecnológica se ha convertido en un elemento estratégico en sí mismo.

La fortaleza de las cadenas de suministro, la autonomía industrial y la capacidad de innovación condicionan directamente la seguridad y obligan a repensar también cómo se relacionan la Administración y la industria.

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España tiene ante sí una oportunidad relevante para reforzar su base industrial de defensa y posicionarse en el entorno europeo, pero para aprovecharla es necesario que exista coherencia entre planificación, regulación y ejecución. Sin esa alineación, el incremento de recursos corre el riesgo de no traducirse en resultados proporcionales.

El reto consiste en encontrar un equilibrio que permita mantener las garantías del sistema sin bloquear su capacidad de respuesta, y avanzando hacia un modelo más orientado a la eficacia. No es una tarea sencilla, pero sí imprescindible si se quiere que el esfuerzo inversor tenga un impacto real.

La planta de vehículos de Urovesa en Valga (Pontevedra) Ministerio de Defensa

Porque, en última instancia, la defensa se mide en la capacidad de convertir el presupuesto en capacidades concretas. Y eso depende en gran medida de que el sistema en su conjunto esté preparado para hacerlo.

No obstante, el informe también advierte que cualquier reforma debe mantener intactos los principios esenciales que rigen la contratación en Defensa como la seguridad, la confidencialidad y la trasparencia. La clave no reside en reducir controles, sino hacerlos más inteligentes y compatibles con la agilidad que exige el entorno actual.

En definitiva, las conclusiones del informe de Garrigues no hacen sino reforzar la idea cada vez más compartida de que la transformación de la contratación en el ámbito de la Defensa es una necesidad estratégica.

España tiene ante sí la oportunidad de modernizar sus mecanismos de adquisición, no solo para responder mejor a las amenazas emergentes, sino también para impulsar su base industrial y tecnológica. El reto, ahora, es trasladar este diagnóstico a reformas concretas que permitan pasar de la reflexión a la acción.

*** Gerardo Sánchez Revenga, es presidente de AESMIDE