Tres residentes nacidos en el extranjero de Japón han denunciado al Gobierno por racismo

Tres residentes de Japón nacidos en el extranjero presentaron este lunes una denuncia contra el estado nipón por la discriminación racial "diaria" por parte de la Policía, en la que supone la primera acusación de este tipo en el país asiático.

Los tres ciudadanos presentaron la demanda hoy en el juzgado de distrito capitalino contra el estado de Japón, el ayuntamiento de Tokio y el gobierno de la prefectura de Aichi por los supuestos frecuentes interrogatorios dirigidos por la policía de acuerdo a la etnia o la raza del sujeto, recoge la agencia Efe.  

Uno de los denunciantes, Zain Syed, quien se mudó a Japón desde Pakistán con su familia cuando tenía ocho años y se convirtió en residente a los trece, afirma en la denuncia que ha sido interrogado por la policía 15 veces desde que se trasladó a Nagoya (capital de Aichi) en 2016.

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"Creo que hay una asociación directa entre extranjero y criminal", dijo hoy en una rueda de prensa, según las declaraciones recogidas por el diario The Mainichi.

Los otros denunciantes, de nombres Maurice, de ascendencia afromamericana, y Matthew, nativo del Pacífico Sur, narraron incidentes similares sobre abusos en los que los agentes no les habrían aclarado los motivos por los que eran obligados a detenerse o eran interrogados en la vía pública, hasta 70 desde 2002 en el caso del segundo, sostiene Efe. 

"Todo lo que sé es que si la policía me para en la carretera y no me va a multar, ¿para qué lo hace?", observó en la rueda de prensa por su parte Matthew, interrogado en más de una decena de ocasiones en diez años y quien advirtió que este tipo de sucesos habían aumentado en el pasado quinquenio.

Además de pedir una indemnización de 3,3 millones de yenes (unos 22.000 dólares) cada uno, los tres buscan la confirmación oficial de que es ilegal por parte de la policía parar e interrogar a alguien únicamente por su raza o nacionalidad, y la aceptación de que la Agencia de Policía Nacional de Japón es responsable por no asegurar que el cuerpo de seguridad no incurre en prácticas racistas.