Donald Trump en la base conjunta Andrews en Maryland, EEUU, este lunes.

Donald Trump en la base conjunta Andrews en Maryland, EEUU, este lunes. Reuters

EEUU

Donald Trump desmantela un programa que ayuda a inmigrantes sin recursos a tener representación legal asequible

Su Gobierno ya ha adoptado varias medidas que dificultan o restringen que los inmigrantes logren avanzar dentro del sistema legal de inmigración de EEUU.

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S. de Diego
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Las claves

La Administración Trump ha desmantelado el Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A) que facilitaba representación legal asequible a inmigrantes de bajos recursos.

El programa permitía que trabajadores de organizaciones comunitarias, no necesariamente abogados, ayudaran a inmigrantes en trámites como residencia, naturalización o estatus humanitario.

La destitución de abogados y el traslado de personal han dejado el programa prácticamente inoperativo, según fuentes legales y organizaciones como Catholic Legal Immigration Network.

El desmantelamiento se suma a otras medidas recientes que dificultan el acceso de inmigrantes al sistema legal estadounidense, como la destitución de jueces y el endurecimiento de normas para apelaciones.

La Administración Trump ha desmantelado un antiguo programa del Departamento de Justicia que ayuda a inmigrantes de bajos ingresos o sin recursos a tener representación legal competente y asequible en temas migratorios, ,según ha informado la CBS News.

El Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A), que lleva más de 60 años funcionando, acredita a trabajadores de organizaciones de defensa legal, que no son abogados, para asistir a los inmigrantes en la mayoría de trámites migratorios.

El objetivo de la iniciativa es aumentar la disponibilidad de representación legal “competente” en materia de inmigración para personas de bajos ingresos e indigentes, promoviendo así una administración de justicia eficaz y eficiente, según el Departamento de Justicia de EEUU.

Sin embargo, varias fuentes aseguran a CBS News que los abogados asignados a este programa fueron transferidos la semana pasada a los tribunales de Inmigración, dejando solo a dos personas de apoyo que no tienen autoridad para otorgar las acreditaciones.

"Este programa salva vidas"

Bajo esta iniciativa, que forma parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), unos 2.600 defensores de organizaciones comunitarias, como Catholic Legal Immigration Network Inc. y Jewish Family Services, han sido acreditados para dar asesoría a extranjeros con bajos recursos que tienen trámites pendientes con las autoridades migratorias.

De hecho, la mayoría de estas personas están acreditadas para ayudar a los inmigrantes a obtener representación ante el Departamento de Seguridad Nacional cuando solicitan beneficios migratorios, como tarjetas de residencia, naturalización o estatus legal por razones humanitarias.

Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network Inc., ha confirmado la destitución de sus abogados por parte de la Administración Trump.

"Es alarmante. Este programa salva vidas y también ayuda a aliviar la acumulación de casos en el sistema de inmigración. Los abogados no dan abasto y cualquier intento de ralentizar el programa solo va a entorpecer un sistema ya sobrecargado y colapsado", ha asegurado.

La CBS ha contactado con un funcionario del Gobierno Trump, que ha negado que este programa haya sido desmantelado.

El Gobierno de Trump ya ha adoptado varias medidas que dificultan o restringen aún más que los inmigrantes logren avanzar dentro del sistema legal de inmigración.

El año pasado, el Departamento de Justicia destituyó al director de la Oficina de Programas de Acceso Legal y desmanteló la mayor parte de sus servicios de orientación legal, que ayudaban a preparar a inmigrantes vulnerables, como menores no acompañados y familias, para desenvolverse en el sistema legal. Además, despidió o destituyó a más de 100 jueces de inmigración.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia impuso nuevas normas que dificultan mucho más a los inmigrantes la apelación de fallos adversos, una medida que, según predicen los abogados, pronto saturará los tribunales federales de apelación.