Protestas por la muerte de periodistas en México.

Protestas por la muerte de periodistas en México. EFE

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La disparatada guerra de López-Obrador contra una prensa amenazada por el narco

En 2020, Reporteros Sin Fronteras registró cincuenta muertes de periodistas ejerciendo su trabajo en México.

5 febrero, 2022 04:09

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La semana pasada, el periodista mexicano Carlos Loret de Mola exponía en una revista la vida a todo trapo de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Houston, justo al otro lado de la frontera con Estados Unidos. A López Obrador no le gustó la noticia ni en enfoque ni el informador. En una de sus "mañaneras" -las largas ruedas de prensa a las que se somete cada mañana desde los primeros meses de su mandato, que en el fondo sirven de propaganda más que de otra cosa-, el presidente calificaba al periodista de "mercenario" y "corrupto". Palabras más bien gruesas que no iban acompañadas de ningún desmentido: la información, en sí, era impecable.

Es este un nuevo ejemplo de la tensa relación entre AMLO y determinada prensa mexicana. Pocos gobernantes llevan bien el escrutinio de la prensa libre y desde luego López Obrador no es uno de ellos. Uno de los puntos fuertes de estas "mañaneras" es precisamente cuando, a lo Hugo Chávez o Rafael Correa, el presidente se toma su tiempo en desmentir a los periodistas. Es el llamado "quién es quién", destinado, según palabras textuales, "a exponer" a aquellos cuya verdad no cuadra con la oficial del gobierno.

En otro país, esto rozaría el escándalo. En México, bordea la crueldad. En 2020, Reporteros Sin Fronteras registró cincuenta muertes de periodistas ejerciendo su trabajo, ocho de ellos -básicamente, uno de cada seis en todo el mundo- eran mexicanos. En un país donde las conexiones entre las administraciones locales y el narcotráfico son muy habituales, señalar o "exponer" a la prensa, calificar a sus miembros de "corruptos" o de "mercenarios" no parece la mejor manera de protegerles, algo que el mismo presidente López Obrador se ha comprometido a hacer en diversas ocasiones.

A menudo, atacar a un partido o a un gobernante supone atacar a los que le sostienen con dinero dudoso o a los que le protegen con las armas. Dedicar las ruedas de prensa diarias a repetir el mensaje de que la prensa miente y que miente por intereses espurios no es exactamente justificar su asesinato, pero desde luego es una manera de amortiguar el golpe o, como hemos conocido en España durante muchos años, afianzar una especie de "algo habrá hecho". Determinada prensa que busca hacer su trabajo como se debe, es decir, yendo más allá del oficialismo, no solo ve cómo su vida peligra, sino que ve cómo quien debe proteger esa vida le ataca. Se comprendería en una dictadura. En democracia, se trata de un auténtico disparate.

El revelador caso de Lourdes Maldonado

Nunca la mezcla entre amenaza y falta de reacción ante esa amenaza se vio tan clara ni se hizo tan pública como en el caso de Lourdes Maldonado. Corría el mes de marzo de 2019 -López Obrador no llevaba ni un año en el gobierno-, cuando la periodista de Tijuana, una de las entradas y salidas de droga más importantes de América Latina por su cercanía con Estados Unidos, interrumpió una de estas "mañaneras" para explicar su caso al presidente.

La intervención tenía poco de pregunta y mucho de confesión pública. Una especie de "si me pasa algo, que sepa todo el mundo por qué" Una manera desesperada de protegerse. Maldonado anunciaba aquel día que la justicia le había dado la razón en un pleito contra Jaime Bonilla, pero los contactos y recursos del político habían convertido esa victoria fraguada a lo largo de seis años de disputa judicial en una derrota absoluta en menos de tres semanas. Maldonado decía que "temía por su vida". Daba a entender así que Bonilla o su entorno la tenían amenazada.

¿Quién era el tal Jaime Bonilla y qué le iba a López Obrador en todo esto? Como la propia Lourdes Maldonado explicaba ante el presidente y sus demás colegas de profesión, se trata de un ex senador elegido gobernador de Baja California pocos meses después de las acusaciones de Maldonado, en julio de 2019, encabezando las filas de "Juntos Haremos Historia", la difusa coalición liderada por el propio AMLO. Los mandatos gubernamentales tienen en México una duración de dos años, pero Bonilla quiso perpetuarse por ley durante cinco, algo que la propia Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucional, con lo que, en octubre de 2021, Bonilla tuvo que abandonar su cargo.

La relación entre Bonilla y Maldonado venía de atrás. La segunda había trabajado para el primero en uno de sus muchos proyectos periodísticos, PSN (Primer Sistema de Noticias). Tras su despido en 2013, Maldonado pidió una indemnización que no llegó nunca y tuvo que ver como su ex jefe medraba en el mundo de la política, consiguiendo cada vez un mayor poder. Finalizado su período como gobernador de Baja California, la Justicia volvía a fallar, esta vez en favor de Maldonado, decretando el embargo de la empresa raíz de Bonilla, Media Sports de México, el 21 de enero de 2022. Exactamente dos días después, Maldonado aparecía muerta en el interior de un coche, la cara desfigurada de un balazo a quemarropa.

Cuatro periodistas muertos en un mes

Por supuesto, López Obrador mostró sus condolencias y anunció una investigación. Llegaba muy tarde. Jaime Bonilla, de 71 años y ya retirado de la política, tiene que responder también ante la Fiscalía General de la República por acusaciones de abuso de autoridad y de retención de fondos destinados a ayuntamientos. En otras palabras, se le acusa de ser un cacique, no se sabe al mando de quién ni obedeciendo qué posibles órdenes superiores. La lealtad de sus "amigos", en cualquier caso, ha quedado más que demostrada.

La muerte de Lourdes Maldonado era, en aquel momento, la tercera de un periodista en México a lo largo de 2022. Desgraciadamente, no sería la última en el primer mes del año. Al deceso de José Luis Gamboa (brutalmente apuñalado a escasos metros de su casa en Veracruz) y a los del fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel y la citada Lourdes Maldonado (ambos, a tiros, en Tijuana, con una semana de diferencia) hubo que unir el 31 de enero el del periodista y abogado Roberto Toledo, en Zitácuaro, estado de Michoacán.

Las reacciones a este último asesinato -Toledo fue tiroteado por tres sicarios- rozaron lo delirante. Desde el propio entorno de López Obrador se quiso matizar inmediatamente que Toledo era abogado y no periodista, vinculando su muerte a su desempeño en las cortes de justicia. La información era falsa: Toledo colaboraba habitualmente en Monitor Michoacán, un medio local, donde recababa información sobre distintos sucesos de Zitácuaro y otras localidades vecinas.

Según Joel Vera Terrazas, también abogado y colaborador del finado en el mismo bufete, Toledo habría recibido amenazas de los poderes políticos por su empeño en rebuscar más de lo debido en asuntos relacionados con la fiscalía y el gobierno de Michoacán. El gobernador del estado de Michoacán es Alfredo Ramírez Bedolla, del Movimiento de Regeneración Nacional, partido fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2011.

La popularidad que no cesa

Como buen populista, López Obrador utiliza cualquier circunstancia para arrimar el ascua a su sardina. Por supuesto, en México, hay medios de comunicación corruptos, pero, generalmente, no hace falta señalarlos, ni tienen en sus filas a periodistas que se atrevan a buscar más allá de la verdad que se les entrega. Al meter a toda la prensa en un mismo saco, un saco que además le sería hostil, López Obrador pretende presentarse ante sus votantes como una víctima del sistema, cuando no hay evidencia alguna al respecto. Más bien, por lo que parece, al contrario.

Insinuar que el propio presidente de la nación está detrás de estos asesinatos sería temerario. Afirmar que ayuda a la impunidad de los que matan, amenazan y extorsionan no lo es tanto. López Obrador teme a la prensa incómoda y, por lo general, es la prensa incómoda la que suele acabar con la cara deformada de un balazo en la parte de atrás de un coche. Los demás tienen quienes les protejan, sean del signo que sean. México es un país a menudo vinculado con la violencia de forma gratuita, con lo que bien haría su gobierno en tomarse muy en serio estos episodios tan flagrantes de atentado a las libertades más básicas.

Lo curioso es que, pese a estas oleadas de crímenes, pese a su incapacidad para entender la crítica como algo que no tiene por qué ser un ataque y pese a su nefasta gestión de la pandemia del coronavirus, López Obrador es uno de los presidentes más populares de la historia reciente de México. Según el centro de investigación social Mitofsky, su media de aprobación a lo largo del mes de enero, el mes de los cuatro asesinatos, fue del 63%, apenas dos puntos menos que en diciembre del año pasado. En las últimas décadas, solo Felipe Calderón, presidente de 2006 a 2012, presenta números similares a estas alturas de legislatura.

Mitofsky también señala que la percepción de seguridad ha bajado en un solo mes un 41% en México. Es de entender que en algunos gremios más que en otros. Cuando la inseguridad se mezcla con la falta de protección o incluso con la acusación directa, la situación se hace insostenible. En eso está el periodismo libre en México ahora mismo: entre "las mañaneras" del presidente y los tiroteos a quemarropa.