Maduro, en una sesión de la Asamblea Constituyente.

Maduro, en una sesión de la Asamblea Constituyente. Reuters

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El madurismo anula al Parlamento y amenaza con encerrar a la disidencia

La Constituyente sigue adelante con su principal objetivo: quitar del medio a las instituciones que no se subordinen a los designios oficiales.

Pablo López Hurtado > Caracas

Las amenazas autoritarias del madurismo en Venezuela han pasado a ser zarpazos directos en contra de las instituciones que hasta ahora no eran controladas por el Poder Ejecutivo. Cuando en marzo de este año el Tribunal Supremo de Justicia decidió limitar las funciones parlamentarias de la Asamblea Nacional y dar superpoderes al presidente Nicolás Maduro, muchos, como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, comenzaron a calificar al régimen dominado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como una dictadura.

Luego de meses de represión en contra de manifestantes y de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) calificada como fraudulenta por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional, son pocos los indicios democráticos que sobreviven en la sociedad venezolana.

La fiscal Ortega Díaz ha sido destituida y junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer, perteneciente a la disidencia del PSUV, ha huido a Colombia —primero a bordo de una lancha rápida que los llevó de madrugada hasta la isla de Aruba, y desde allí en avión privado hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá—. Con esa ficha fuera del tablero de juego, el madurismo ahora enfila todas sus fuerzas en contra del Parlamento y, por obra y gracia de la Constituyente, le ha arrebatado las facultades legislativas por no haberse subordinado.

La ANC: El arma de la dictadura

La Asamblea Constituyente, integrada por 545 partidarios del madurismo, se ha encargado durante los 15 días en los que ha estado en funciones de saldar cuentas pendientes. Con decisiones unánimes logradas casi sin debatir, la ANC, que ha dicho que estará vigente por los próximos dos años —prorrogables— ha despachado a la fiscal general y nombrado a Tarek William Saab como su sustituto; ha instalado una Comisión de la Verdad —que pretende investigar los hechos de violencia que arrojaron más de 100 asesinatos durante las protestas de los últimos meses, sin estar integrada por miembros de la oposición—; ha logrado que los otros poderes públicos, como el Tribunal Supremo o el Consejo Nacional Electoral, se subordinen a sus designios; ha convocado elecciones regionales y ahora pretende hacer leyes, todo en contra de la Constitución vigente, como lo ha explicado en diversas oportunidades Cecilia Sosa, expresidenta del máximos tribunal del país: “La Constituyente no puede usurpar las funciones de otros poderes, porque esos poderes supraconstitucionales no existen”, ha dicho recientemente en declaraciones a La Patilla.

Ese movimiento realizado por la Constituyente creada por Maduro se semeja al autogolpe dado por el dictador Alberto Fujimori cuando en 1992 disolvió el Congreso de Perú. En ambos casos, los gobernantes achacaban al Parlamento los males de la sociedad y trataban de convencer que su eliminación o sustitución a la fuerza era necesaria para poder progresar. Tal vez la mayor diferencia entre ambos es que en aquel momento el peruano gozaba de gran popularidad y su homólogo venezolano es rechazado por la mayoría de los venezolanos. Según la encuestadora Datanálisis, solo el 17 % de los ciudadanos aprueba la gestión de Nicolás Maduro.

El temor generalizado en la oposición es que las amenazas hechas por el propio Maduro y el segundo hombre fuerte del PSUV, Diosdado Cabello, de encarcelar a los diputados y líderes de la Mesa de Unidad (MUD) también se concreten y con la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad sean procesados más dirigentes incómodos. En Venezuela existen hoy más de 300 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal. Varios alcaldes opositores han sido detenidos en las últimas semanas y otros, como Ramón Muchacho, han pedido asilo en el exterior. Incluso algunos candidatos a las gobernaciones han sido inhabilitados políticamente por las instituciones dominadas por el madurismo.

Lucha de poderes

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, ha tratado de sortear las fuertes críticas provenientes de todas partes del mundo al indicar que el Parlamento no había sido disuelto, pero de hecho la decisión deja pocas dudas. La ANC decreta: “Asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos, así como para dictar actos parlamentarios en forma de ley vinculados con las referidas materias”.

Al respecto, el abogado y profesor constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, ha escrito que un Parlamento sin funciones legislativas “no existe”. También ha expresado que los poderes públicos existen como tales “si pueden ejercer plenamente” sus competencias constitucionales, por lo tanto el madurismo no disolvió a la Asamblea Nacional: “La anularon”.

La respuesta de la oposición, que es mayoría en el Parlamento, ha sido declararse en rebeldía, seguir debatiendo y desconocer todas las decisiones que tome la Constituyente, que califican como “írrita e inconstitucional”.

En una sesión extraordinaria, los parlamentarios acordaron rechazar “la usurpación de la soberanía popular” y defender el mandato dado por los 14 millones de venezolanos que votaron en las elecciones de los diputados en diciembre de 2015. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, poco más de ocho millones de votantes sufragaron para elegir a los constituyentistas el 30 de julio pasado, en unos comicios que para la MUD fueron fraudulentos porque no contaron con los mecanismos de auditoría que garantizan la fiabilidad del conteo

De hecho, el Parlamento ha designado una comisión especial que va a investigar el “fraude constituyente”. También han denunciado que con la ANC Maduro busca acabar con la oposición y burlar los controles parlamentarios que se necesitan para que el país, inmerso en una intensa crisis económica que se refleja en una inflación que podría llegar a cuatro dígitos —la más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional—, pueda firmar acuerdos internacionales de financiamiento.