María Jesús Montero, Ministra de Hacienda.

María Jesús Montero, Ministra de Hacienda. Imagen de archivo

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Ya es oficial: Hacienda elimina el límite de 3.000 € y controlará todos los cobros con tarjeta y Bizum

La nueva normativa amplía la información que reciben las entidades sobre ingresos y pone el foco en la actividad económica de autónomos y negocios.

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La digitalización del dinero ha transformado por completo la forma en la que interactuamos con la economía en el día a día, y pocos sistemas han tenido tanto impacto en España como Bizum. Su rapidez y facilidad de uso lo han convertido en una herramienta habitual tanto para pagos entre particulares como en comercios.

Sin embargo, el aumento de estos métodos de pago ha llevado a la Agencia Tributaria a reforzar el control sobre determinadas operaciones, especialmente aquellas vinculadas a actividades económicas.

Desde 2026, Hacienda contará con más información sobre los cobros realizados a través de tarjeta y Bizum por parte de autónomos y empresas, en un cambio normativo que busca mejorar la trazabilidad de los pagos digitales y reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Un nuevo marco legal

El cambio se produce tras la aprobación del Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, junto con la Orden HAC/747/2025, que modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT).

Esta reforma responde al crecimiento de nuevos intermediarios financieros, como las fintech, que operan en muchos casos desde otros países de la Unión Europea. Hasta ahora, la obligación de informar recaía principalmente en la banca tradicional, pero el nuevo marco amplía ese control a más entidades.

De esta forma, se establece un sistema más homogéneo en el que todos los proveedores de servicios de pago deben cumplir con obligaciones informativas similares.

Adiós al umbral de los 3.000 euros

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral de 3.000 euros que existía para informar sobre cobros con tarjeta.

Hasta ahora, las entidades no estaban obligadas a comunicar determinados movimientos si no se superaba esa cifra. Con la nueva normativa, este límite desaparece en el caso de los cobros realizados por empresarios y profesionales.

Esto implica que las entidades de pago deberán informar de forma periódica —con carácter mensual— sobre los ingresos que reciben autónomos y empresas mediante tarjeta o Bizum, independientemente de la cuantía.

El objetivo, según Hacienda, es evitar la pérdida de información relevante y mejorar el control sobre la actividad económica.

Qué pasa con los pagos entre particulares

Una de las principales dudas es si esta medida afecta a todos los usuarios. En este sentido, es importante diferenciar entre tipos de operaciones.

Los Bizum entre particulares —como enviar dinero a un amigo o dividir una cena— siguen fuera de este sistema de información mensual, siempre que no exista una actividad económica detrás.

En cambio, cuando se utiliza Bizum o tarjeta para pagar a un comercio o profesional, esos ingresos sí forman parte de la información que las entidades deben comunicar a la Agencia Tributaria.

Más control para empresas, no para usuarios

Aunque el cambio ha generado preocupación, lo cierto es que no supone que Hacienda reciba automáticamente cada pago individual de cualquier ciudadano.

La obligación de informar recae sobre bancos y entidades de pago, y se centra en los cobros vinculados a actividades económicas, no en los gastos personales del día a día.

Para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, esta mayor disponibilidad de datos puede traducirse en mejores borradores y servicios de asistencia más precisos.

Sin embargo, el impacto es mayor en el caso de autónomos y pymes, que deberán mantener un mayor control sobre su contabilidad y declarar correctamente todos sus ingresos.

Un paso más contra el fraude fiscal

La reforma del Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria marca un avance en la adaptación del sistema fiscal al entorno digital.

Aunque el efectivo sigue siendo más difícil de rastrear, los pagos electrónicos quedan cada vez más registrados dentro del sistema, lo que reduce el margen para la economía sumergida.

En definitiva, Hacienda no controlará todos los pagos de los ciudadanos, pero sí tendrá más visibilidad sobre los ingresos digitales de quienes desarrollan una actividad económica en España.