José Manuel Villarejo, este martes haciendo uso de la última palabra en el juicio del caso Kitchen./
Villarejo cierra el juicio del 'caso Kitchen' devaluando sus agendas y sus grabaciones: "Ahora no sabría explicarlas"
La Audiencia Nacional deja visto para sentencia casi ocho años después de su inicio el proceso en el que se dirime si Interior espió al extesorero del PP.
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La Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional ha declarado esta mañana visto para sentencia el juicio por la 'operación Kitchen', que empezó a ser investigada por los tribunales el 7 de noviembre de 2018, un año después de la detención del excomisario José Manuel Villarejo.
Ese arresto y las pruebas obtenidas en el registro de la casa y las oficinas del antiguo policía dieron lugar a una macrocausa que ha hecho temblar tanto a banqueros como a empresas del Ibex. También a dirigentes del PP como Mariano Rajoy y a ministros del PSOE como Dolores Delgado, pasando por las conversaciones sobre el negocio de saunas del padre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Siete años y nueve después, el propio Villarejo ha hecho uso de su derecho a la última palabra para devaluar el contenido de sus agendas y de las infinitas grabaciones subrepticias que hizo durante décadas a todo el que hablaba con él.
"Mis anotaciones eran atemporales, [eran] de uso para recordar en ese momento, porque eran tantas las cosas... Pero ahora no sabría explicar determinadas cosas", ha dicho en esta última sesión de la vista.
Respecto a los audios, "eran mis funciones como agente de inteligencia", ha dicho.
"En modo alguno había ninguna intención, prueba de ello es que estaban guardadas. Lamento profundamente el daño que haya podido hacer a los que se han visto incursos en ellas. Pero no dejan de ser comentarios en ambientes distendidos", ha señalado.
"Sigo estando convencido de que la verdad saldrá a la luz y estoy muy tranquilo por la decisión del tribunal", ha finalizado.
Solo otros dos acusados, Andrés Gómez Gordo y Sergio Ríos, se han dirigido al tribunal para remarcar su creencia de que participaron en una operación policial lícita y para pedir a los magistrados que tengan en cuenta que llevan ya cinco años suspendidos de funciones como policías.
La Fiscalía Anticorrupción pide la condena de la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy al considerar que en 2013 urdieron una operación parapolicial ilícita, financiada con fondos reservados y otros recursos públicos, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y trata de sustraerle "documentación que pudiera resultar comprometedora para el partido y sus máximos dirigentes".
Y, además, hurtando esa información a la Justicia, que en aquel momento avanzaba en las pesquisas del caso Gürtel.
Anticorrupción solicita 15 años de prisión para el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, al que considera el número uno de la trama.
La misma pena pide para el exsecretario de Estado Francisco Martínez y para Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía.
Pide cuatro años más de cárcel, hasta alcanzar los 19 años de prisión, para Villarejo.