El juez García-Castellón permite a un cuarto policía herido ejercer la acusación en el 'caso Tsunami'

Un cuarto policía herido durante los disturbios planificados por Tsunami Democràtic ejercerá la acusación en la causa judicial en la que se investiga a esta plataforma independentista y a sus líderes.

Así figura en una reciente resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El policía G. S. V. solicitó el pasado 1 de marzo personarse en el procedimiento. Y el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que lo investiga, lo ha aceptado a los pocos días.

Su defensa será ejercida por Juan Gonzalo Ospina y por Antonio García Jabaloy, fundador y socio, respectivamente, del despacho Ospina Abogados.

En esta causa judicial, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional investiga los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic. Entre otros imputados, figuran el expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

No obstante, recientemente, el Tribunal Supremo asumió la causa penal sobre Puigdemont y otro de los investigados, el diputado catalán Rubén Wagernsberg, también aforado.

En el caso Tsunami ya figuran otros tres agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) como acusación particular. También fueron heridos durante los disturbios convocados por esta organización independentista, la misma que, entre otras acciones, logró colapsar el barcelonés Aeropuerto de El Prat en octubre de 2019. La protesta se convocó en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. Más 8.000 radicales tomaron el aeródromo, uno de los más importantes de España.

A juicio del instructor del caso, acciones como ésta pueden ser consideradas como un delito de terrorismo, que atribuye a Puigdemont, Rovira y el resto de investigados, a quienes sitúa detrás de Tsunami Democràtic, como nexos de la plataforma con la esfera política y como coordinadores de los disturbios.

Por contra, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a esta tesis y califica los hechos como desórdenes públicos. Por ello, el fiscal Miguel Ángel Carballo solicita trasladar la causa a un juzgado ordinario de Barcelona. El Ministerio Público también se opuso a la imputación de Puigdemont en esta causa.

Considera, al contrario que el juez, que la plataforma independentista era poco más que un perfil de Twitter que convocaba a las movilizaciones y que, por tanto, no contaba con una estructura organizada detrás. Acusaciones populares personadas en la causa, como la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, apoyan la tesis del magistrado.