Andrés Ollero, exjuez del TC: "No es de recibo lo que se está haciendo con las competencias del CGPJ"

Del tribunal de garantías salió el pasado noviembre tras nueve años de una apasionante etapa profesional. Propuesto como magistrado por el PP -partido por el que había sido diputado en el Congreso entre 1986 y 2003-, poco antes de despedirse del TC firmó un voto particular en el que discrepaba de que se declarase inconstitucional el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez.

A lo largo de esos nueve años Ollero suscribió 69 votos discrepantes: 36 contra sentencias apoyadas por el sector progresista y casi el mismo número, 33, contra resoluciones de la mayoría conservadora. 

Esos textos van a ser recogidos en un futuro libro. Pero ahora su catálogo de publicaciones acaba de sumar una nueva obra, La Justicia en el escaparate, una colección de artículos difundidos en su mayor parte en revistas científicas y en el que repasa la evolución de la Justicia desde la Transición.

Esta charla se desarrolla en el Instituto de España, del que acaba de ser elegido secretario general, y se produce unas horas antes de que el Gobierno, a propuesta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le haya concedido la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional "como premio a su actividad al servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella establecidos".

En uno de los primeros artículos recogidos en el libro, escrito a principios de los años 80, usted sostenía que "en la medida en que el Poder Judicial ocupe el lugar que le atribuye la Constitución, obligará a erradicar viejos resabios del Ejecutivo y contribuirá a dar alcance real a la división de poderes". Al cabo de los años, ¿cuál es su valoración sobre la separación de poderes, a la vista de la situación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial?

Desde 1985 he sido crítico con el vigente sistema de elección del CGPJ. En 1980 todo el mundo entendió, por influencia del modelo italiano, que los jueces elegirían a los vocales judiciales del Consejo. Especialmente la izquierda hablaba del autogobierno del Poder Judicial. El primer Consejo lo eligieron los jueces, pacíficamente. En 1985 el Gobierno socialista llevó al Congreso un proyecto en el cual no sólo decía que los jueces elegirían a los vocales judiciales, es que indicaba hasta cómo se tenían que hacer las papeletas. En medio del debate, de pronto sale una enmienda curiosa de Bandrés, que luego escribe que lo han engañado. Y eso les lleva a pensar que lo del autogobierno es muy bonito, pero los jueces son conservadores y los socialistas perciben eso como un problema. La pelea consiste en eso: no se fían de una Judicatura que les parece demasiado conservadora. Por eso no cambian el sistema.

La peor sentencia que ha hecho el Tribunal Constitucional es la que se ocupó de este asunto. A mi modo de ver, es una sentencia absurda. Por un lado afirma que sería inconstitucional que la elección de los vocales del CGPJ por las Cámaras refleje el juego de las fuerzas políticas. Pero, por otro, dice que como no necesariamente iba a ocurrir eso, no lo es. No vendría mal que el TC decidiera de acuerdo con una realidad que todo el mundo conoce.

Hay un mantra de que la instancia más democrática para elegir al CGPJ es el Parlamento

Identificar democracia con partitocracia es totalmente interesado. La democracia es algo más que la partitocracia. Si lo más democrático fuera lo que dicen las Cámaras, estaríamos en una democracia asamblearia, que no es el caso. La clave es que el Poder Judicial sea independiente también de los partidos, sobre todo de los partidos. Hablar de las Cámaras angelicalmente, como si fueran algo distinto al juego de los partidos, no tiene fundamento alguno.

El caso es que luego llegó el Gobierno el PP con un programa que prometía la devolución a la Judicatura de la elección de los vocales judiciales y no lo cumplió

Eso a mí no me sorprende. Tampoco reformó el aborto. A la hora de la verdad todos hacen política.

En otro artículo se refiere al veto de la Constitución a la militancia política de los jueces y analiza cómo ese principio se ha acabado convirtiendo en "mera apariencia": los jueces que se pasan a la política quedan en servicios especiales, computan antigüedad, pueden ascender, volver a la jurisdicción sin solución de continuidad...

Habría que regular esas puertas giratorias. Es negativo para la separación de poderes que cada juez lleve una escarapela puesta según el cargo político que ha ocupado o quién le ha nombrado o lo ha propuesto.

Ollero, durante la entrevista./ E.E.

También sucede en el TC, aunque no sea Poder Judicial. Usted mismo llegó allí tras haber estado una etapa dedicado a la política

Pero el TC no es un poder del Estado. El TC, como decía Kelsen, lo que hace es legislación negativa, dice lo que es inconstitucional, sienta doctrina para que el juez haga justicia. Sería absurdo pretender que el TC estuviera formado por gente que no haya tenido alguna relación con la política. Si yo he podido hablar de algo con autoridad cuando estaba en el tribunal ha sido precisamente de las funciones parlamentarias. Esa experiencia fue valiosa, sobre todo teniendo en cuenta
que normalmente los conflictos parlamentarios llegan al TC sin haber pasado por la jurisdicción ordinaria. Pensar en un TC formado por matemáticos que nunca hayan hablado de política sería un disparate.

En otro artículo se refiere al modelo constitucional de Ministerio Fiscal y sostiene que "su cumplimiento práctico es hoy más que dudoso"

Burón Barba dijo que el fiscal no sólo tiene que defender la legalidad sino también el programa del partido gobernante. ¡Pero si eso no lo hace ni el propio partido! Mi amigo Juan Fernando López Aguilar siempre decía que la política criminal la fija el Gobierno y, por tanto, la Fiscalía, que lleva a cabo la política criminal, tiene que depender del Gobierno. Y yo le decía: no, la Fiscalía tiene que ser independiente y además tiene que parecerlo. Y hablo de cualquier Gobierno, porque son cuestiones de arquitectura constitucional.

En cambio, no hay en la obra ninguna referencia al 'procés'

Este libro está constituido por trabajos escritos hace tiempo que no he querido publicar antes porque pensaba que estando en el TC no era el momento. He sido bastante cuidadoso en lo que he publicado durante mi estancia en el tribunal. E incluso sin haber escrito nada del 'procés' me han recusado (se ríe)

¿Cómo calificaría la labor del TC en la cuestión soberanista catalana?

Diría que ha sido muy meritoria. Había que procurar -y eso se ha estado haciendo durante una buena temporada, ahora ya no- que hubiera unanimidad. El consenso se definía como una situación en la que todos quedáramos razonablemente insatisfechos. En mi caso se pasaron un poco. En aras al consenso firmé una sentencia en la que se decían dos disparates: uno, que hay un derecho a decidir, aunque ese derecho a decidir no implica autodeterminación. Es un oxímoron. El segundo era aplicar a las instituciones la doctrina de la inexistencia de una democracia militante, aplicarla a un Parlamento que, si existe, es porque existe la Constitución y que se permite decir que lo que establece la Constitución le trae al pairo.

Habla de cómo el TC, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están "muriendo de éxito" por el volumen de asuntos que reciben. Pero el estricto filtro que el TC ha instaurado está suponiendo la inadmisión de asuntos en los que luego el TEDH aprecia vulneración de derechos y condena a España. Eso sí que es un oxímoron.

No. Lo que pasa es que el TEDH maneja los ordenamientos de 44 países distintos y tiene que conocerlos para saber con qué criterios funciona cada uno. Aunque lo de Luxemburgo es más grave: se convierte por sí y ante sí en el TC europeo sin ningún Tratado que le dé esa habilitación. Y así sale la sentencia Meloni. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice que la protección de los derechos que figuran en ella es un mínimo, pero cabe una sobreprotección por parte de cada Estado. El caso Meloni era una sobreprotección como la copa de un pino. Respecto a la actuación del TEDH: el criterio de admisión basado en la relevancia constitucional de la demanda de amparo -a los propios magistrados nos ha costado trabajo asumir esta idea- quiere decir que es perfectamente posible que haya una vulneración de un derecho fundamental que no tenga especial trascendencia constitucional porque hay una doctrina sentada. Hemos tenido 'familias' de asuntos en las que, resuelto el primer recurso de amparo, los demás no podemos admitirlos, porque si lo hacemos nos convertimos en un Juzgado de primera instancia. Antes de llegar al TC, el demandante ya ha tenido al menos dos opciones para que la jurisdicción ordinaria haga justicia en su caso. Antes lo decisivo era si podía haber o no vulneración de un derecho fundamental, ahora lo decisivo es si tiene trascendencia constitucional. Si no la tiene, no se puede admitir el recurso; la vulneración debe ser denunciada ante la jurisdicción ordinaria.

¿Cómo es posible que el TC conviva con una reforma "olímpicamente inconstitucional", dice usted en referencia a la norma que acorta el mandato de los magistrados durante el tiempo que las fuerzas políticas incumplen su deber de renovar? 

Es el colmo. ¡Unos políticos que funcionan como si lo que es un deber constitucional fuera un privilegio constitucional que ellos tienen! Hay países, como Alemania o Portugal, donde si las Cámaras no cumplen su deber de nombrar, el propio TC propone a los candidatos. Aquí flota la idea peregrina de que esto sólo afecta a cuatro personas y que, como son gente elegante y sensata, no van a recurrir para que les digan que pueden seguir en el tribunal.

Si nadie recurre entonces no tiene arreglo

Los políticos tienen que respetar las instituciones. No creo que sea mucho pedir. Y por vía legislativa se podría arreglar. Si a las Cámaras se les dice 'si no nombráis vosotras, los va a nombrar el TC' se acabó el problema.

Ahora se vuelve a alterar una ley para poder renovar el TC

Hay que respetar al CGPJ. Lo que no se puede es establecer hace un año 'ustedes no hacen nada en materia de nombramientos. Pero ahora, como a mí me interesa, van a nombrar a dos magistrados del TC para que yo pueda nombrar a otros dos. Eso sí, siguen sin poder hacer ningún otro nombramiento'. No es de recibo.