Seis organizaciones feministas han anunciado esta semana en una iniciativa conjunta que van a empezar a denunciar en el Consejo General del Poder Judicial a jueces que no dan una “respuesta adecuada” a las víctimas de la violencia de género, “muchas” de las cuales se sienten “maltratadas judicialmente”. Así dicho: en general y con trazo grueso.

No creo que nadie pueda discutir el mérito de las asociaciones feministas de pelear en la defensa de la mujer desde hace lustros y de haber puesto la violencia de género en la agenda pública. Han contribuido de manera relevante a la sensibilización de la sociedad y a la visibilidad del conflicto, primer paso para combatirlo. Pero eso no les da patente de corso para hacer una descalificación genérica del sistema judicial ni las autoriza a hacer listas negras de jueces que, según ellas, no dan una “respuesta adecuada” a las víctimas. ¿Son los colectivos feministas (o de cualquier otro ámbito) los que determinan qué es o no es una respuesta “adecuada”? ¿Lo “adecuado” consiste en estimar las pretensiones de la denunciante, que necesariamente debe recibir un plus de credibilidad frente a la versión de su presunto agresor? ¿No corresponde a los jueces valorar la existencia o no de datos objetivables -justificando su ponderación, motivando sus conclusiones- y no se ha establecido un sistema de recursos para revisar las decisiones que las partes consideren erróneas?

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