El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Juan Carlos Hidalgo Efe

Tribunales

Maza niega injerencias del Gobierno pero no convence a la oposición

"No me han dado ninguna orden y, si alguna vez lo hacen, tengo las ideas muy claras", afirma el fiscal general ante el escepticismo de todos menos el PP.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han enseñado esta mañana la tarjeta amarilla al fiscal general, José Manuel Maza, al que han hecho comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso tras la polémica generada por los nombramientos en la carrera fiscal y la actuación del Ministerio Público en procesos de corrupción que afectan a cargos del partido en el Gobierno.

Pese a las detalladas explicaciones ofrecidas por Maza, todos los portavoces de la oposición coincidieron en que el fiscal general "no ha disipado las sospechas" de que está actuando a favor de lo que le interesa al Ejecutivo, dijo el representante socialista, Juan Carlos Campo. "Con estos mimbres la instrucción en manos de la Fiscalía, no", resumió por parte del grupo catalán Lourdes Ciuró, una idea apuntada también por José Manuel Villegas (Ciudadanos) al enfatizar la necesidad de una reforma del estatuto de los fiscales.

Maza expresó su malestar porque la institución que dirige desde hace tres meses se vea cuestionada sobre la base de noticias periodísticas "que no se ajustan a la verdad", dijo en referencia a informaciones en el sentido de que había "impuesto no investigar" al presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), por el caso Púnica.

"¿Cómo se va a impedir si ya se estaba investigando?", manifestó Maza, que explicó que la propuesta de las dos fiscales del caso de enviar al Tribunal Superior de Murcia una exposición razonada contra Sánchez no solo fue contradicha por la Secretaría Técnica sino también por los fiscales de Sala del Supremo por ausencia de indicios de delito. "¿Ustedes creen que si yo fuera a obedecer una orden política para favorecer a alguien iba a enviar el asunto a todos esos expertos, con el riesgo de que me llevasen la contraria y quedar más desairado?", preguntó Maza, que añadió: "¿Qué tenía que hacer, dar la razón a las dos fiscales frente al criterio de todos los demás, coincidiendo además yo con estos los fiscales de Sala y con la Secretaría Técnica?"

Maza insistió en que el Gobierno "no me ha dado ninguna orden". "Y si alguna vez lo hiciera tengo las ideas muy claras", insinuando que "volvería a mi trabajo" como juez del Supremo ante una situación de presión del Ejecutivo.

"Lo que no voy a permitir", anunció, "es que a un ciudadano, sea político o no, de una condición u otra, se le siga un procedimiento en la Fiscalía si no veo motivos para ello. Digan lo que digan".

"Van a protestar contra usted cuando no les guste lo que haga", le advirtió la portavoz popular, María Jesús Moro, tras recordar que nadie cuestionó la independencia del hoy fiscal general cuando, como juez del Supremo, no aceptó la apertura de un proceso penal contra las dirigentes de Podemos por supuestos pagos del Gobierno de Venezuela.

Aun asi, Maza desplegó una batería de datos que ponen de manifiesto que la "purga masiva" de fiscales progresistas denunciada por el socialista Antonio Hernando ha consistido en cambiar a cinco fiscales jefe de las 35 plazas sometidas a nombramiento.

De los 11 fiscales de Sala que había que designar, el 36 por ciento de los nombrados pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, el 36 por ciento no son asociados y el 27 por ciento son de la mayoritaria Asociación de Fiscales.

Respecto a la no renovación de Manuel López Bernal como fiscal superior de Murcia, señaló que no ha tenido en cuenta un informe de la Inspección crítico con "prácticas que no pueden considerarse adecuadas" en la tramitación de las diligencias de investigación abiertas bajo su mandato y subrayó que su sucesor, José Luis Díaz Manzanera, "es realmente el impulsor de los procedimientos contra la corrupción política" que afectan al presidente del Gobierno autonómico.