El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante unas jornadas de Derecho.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante unas jornadas de Derecho. Pablo Martín Efe

Tribunales

¿Ha habido 'purga' en la Fiscalía? Cinco razones que lo desmienten

Maza, que comparece hoy en el Congreso, tuvo en cuenta un informe crítico de la Inspección para no renovar al fiscal jefe de Murcia.

María Peral

Cuando no se han cumplido ni los 100 primeros días de su mandato, el fiscal general, José Manuel Maza, ha sido citado para comparecer este miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso tras la controversia generada por los nombramientos que ha propuesto para altos cargos de la carrera y por su decisión de no respaldar el inicio de una investigación penal contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, en el marco de la trama Púnica.

La comparecencia, solicitada de manera urgente por el PSOE, tiene por objeto "informar" de los "criterios" de la Fiscalía General "respecto a la persecución de delitos de corrupción", sin alusión a casos concretos. El fiscal general no es nombrado por el Parlamento ni es un cargo político; es designado por el Gobierno y su control directo por la Cámara es problemático en términos constitucionales. Pero fuentes del Ministerio Público aseguran que Maza, pese al enunciado general asignado por la Cámara a su intervención, "no va a tener ningún inconveniente en descender al detalle para dar explicaciones" sobre su actuación.

La sesión se prevé polémica. El portavoz del Grupo Socialista del Congreso, Antonio Hernando, anunció el pasado día 23 que su partido pedirá la dimisión de Maza si no justifica debidamente "la purga masiva de fiscales". Hernando resaltó la "extraordinaria gravedad" de las acusaciones del hasta ahora fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, sobre el "acoso" que sufren los fiscales que llevan procesos de corrupción política, aunque no especificó de quién procedería ese hostigamiento.

Un examen de las propuestas de nombramiento decididas por el nuevo fiscal general y el resultado de los debates del Consejo Fiscal celebrado la pasada semana no avalan, sin embargo, la existencia de una "purga" de fiscales.

Mínimo cambio de la cúpula

El nuevo fiscal general recibió como herencia de su antecesora, Consuelo Madrigal, la convocatoria de un macroconcurso de 35 plazas, algunas de ellas pendientes desde hacía un año. Ese concurso no fue resuelto antes por la larga situación de interinidad con la que funcionó el Gobierno hasta la celebración de las últimas elecciones generales e incluía 11 plazas de fiscales de Sala. Son los llamados 'generales' de la carrera fiscal, los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano asesor del fiscal general.

De los 10 fiscales de Sala restantes, sólo dos no han sido renovados, Javier Zaragoza al frente de la Audiencia Nacional y José Luis Bueren en la Unidad de Apoyo

Uno de esos 11 puestos de fiscales de Sala era la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, vacante por la jubilación el pasado octubre de Antonio Salinas. No era, por tanto, un puesto 'purgable', sino de nuevo nombramiento. Maza ha optado por proponer al candidato que más apoyos recibió en el Consejo Fiscal (órgano parcialmente elegido por los propios fiscales en votaciones democráticas, que tiene la facultad de informar sobre los nombramientos). Manuel Moix no está asociado, esto es, no pertenece ni a la Asociación de Fiscales ni a la Unión Progresista de Fiscales.

De los 10 fiscales de Sala restantes, sólo dos no han sido renovados, Javier Zaragoza al frente de la Audiencia Nacional y José Luis Bueren en la Unidad de Apoyo. No podría hablarse de "purga" ideológica porque el primero es de la UPF pero el segundo no (Bueren no está asociado) y porque los ocho fiscales de Sala confirmados pertenecen en su mayoría a la UPF y fueron elegidos en su día por Cándido Conde-Pumpido, fiscal general con el PSOE.

El factor ideológico

Entre los 10 fiscales de Sala confirmados se encuentra Antonio Vercher, encargado de los casos de medio ambiente. Maza lo ha ratificado pese a no haber obtenido el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal. Pertenece a la UPF.

De los cinco fiscales superiores sometidos a renovación, el fiscal general ha cambiado a tres, de los cuales dos pertenecen a la UPF (Juan Calparsoro, en el País Vasco, y Manuel López Bernal, en Murcia). Tampoco ha renovado a Jesús García Calderón, de la Asociación de Fiscales, que ha sido sustituido por Ana Tárrago, también de la AF.

Para la jefatura del País Vasco ha postergado al candidato de la AF (Jesús Izaguirre) en favor de una fiscal no asociada, Carmen Adán. Y al frente de la Fiscalía Superior de Murcia ha situado a José Luis Díaz Manzanera (AF), que fue recomendado por el propio López Bernal y ha sido el más apoyado por el Consejo.

El caso de Murcia

Díaz Manzanera, estrecho colaborador y amigo de López Bernal, asegura que "no puede haber dudas" sobre la continuidad que habrá en la postura de la Fiscalía de Murcia en los procesos que se instruyen por corrupción política en esa comunidad. Es el propio Díaz Manzanera el que, por encargo de Bernal, ha actuado hasta ahora en la pieza del 'caso auditorio' abierta contra el presidente del Gobierno autonómico. El popular Pedro Antonio Sánchez declarará el próximo día 6 por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento público en relación a la adjudicación, construcción y recepción de las obras del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de la que fue alcalde entre 2003 y 2013.

Un dato poco conocido y que ha tenido peso en la decisión de no renovar a López Bernal es un informe elaborado por la Inspección Fiscal el año pasado

El nuevo fiscal superior ha llevado también personalmente otros procesos que afectan a cargos políticos y empresarios, como el caso de la desaladora de Escombreras. "No creo que no se haya renovado a mi antecesor por indicaciones políticas o por razones ideológicas porque, de ser así, se hubiera designado a otro candidato, no a mí", ha manifestado a este periódico. A su juicio, ha influido el hecho de que López Bernal llevaba ya once años en el cargo y le quedan dos para jubilarse, por lo que no habría agotado el mandato de cinco años.

El informe de la Inspección

Un dato poco conocido y que ha tenido peso en la decisión de no renovar a López Bernal es un informe elaborado por la Inspección Fiscal el año pasado sobre las diligencias investigación penal abiertas por la Fiscalía Superior de Murcia y bajo la responsabilidad de su jefe. El informe reflejaba "prácticas que no pueden considerarse adecuadas" en relación con la apertura de diligencias, su duración y la ausencia de peticiones de prórrogas, pese a lo cual seguían abiertas.

El informe dio lugar a un decreto firmado el pasado octubre por la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, en el que, sin poner en cuestión el esfuerzo investigador de los fiscales murcianos, se hacía hincapié en la "inexcusable obligación de acomodarse a las exigencias" de la circular que fijó las pautas a las que deben someterse las diligencias de investigación, "pues no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad". En esa circular se indica a los fiscales que tienen que concretar los hechos a investigar; que no pueden continuar investigando hechos ya perfilados de espaldas a un sospechoso claramente determinado, sino que hay que judicializar el asunto; que la duración ordinaria de las diligencias es de seis meses y la prórroga debe ser excepcional y que las prórrogas deben ser autorizadas por la Fiscalía General, absteniéndose los fiscales de acordar la práctica de nuevas diligencias hasta que no reciban el plácet para continuar.

El respaldo del Consejo Fiscal

El Consejo Fiscal avaló el pasado día 23 el procedimiento seguido por Maza para no autorizar el envío de una exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez por el caso Púnica, en contra del criterio de la fiscales anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez. El fiscal general dio explicaciones sobre este asunto a los vocales e hizo que las dieran el jefe de su Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa, y el teniente fiscal, Alejandro Luzón.

Éstos indicaron que de los datos enviados por las fiscales no se desprendían indicios de delito pero, para estar más seguros, pidieron la opinión de los fiscales de Sala de la sección penal del Supremo, que coincidieron en el mismo criterio. Maza asumió la posición de los fiscales de Sala y de la Secretaría Técnica y pudo dar las indicaciones de forma verbal, pero lo hizo por escrito motivando el criterio.