El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
El Gobierno de Ceuta pide personarse como perjudicado en la causa que instruye la juez Tardón sobre la invasión
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, se encargará de este procedimiento por su "trascendencia".
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El Gobierno de Ceuta solicitará personarse en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional en la que se investiga la entrada masiva de inmigrantes ilegales en la ciudad, ocurrida los días 30 y 31 de julio.
Así lo ha acordado este jueves la Junta de Gobierno, según ha podido saber este periódico.
El Ejecutivo autonómico pretende personarse como acusación particular, al considerar que la ciudad podría tener la condición de perjudicada.
Varios partidos —Iustitia Europa, que fue la primera entidad en denunciar, y el PP— y asociaciones, como Hazte Oír, ya figuran personados en esta causa; en su caso, como acusaciones populares.
La jueza instructora del procedimiento es magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Por su parte, el representante del Ministerio Público es el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
Fuentes fiscales han informado este jueves de que Alonso, máximo responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, asume la causa dada la "singularidad" y "trascendencia" de la misma.
La personación del Gobierno ceutí abre la vía para que, si es aceptada, el Ejecutivo presidido por Juan Jesús Vivas pueda solicitar diligencias en este procedimiento judicial.
Y la relevancia reside en que lo haría en calidad de perjudicada por la invasión migratoria en la que más de 70.000 personas accedieron desde la frontera con Marruecos a territorio ceutí.
Por el momento, la juez Tardón ha recibido ya un informe de la Policía Nacional, adelantado en exclusiva por EL ESPAÑOL, que describe cómo gendarmes marroquíes guiaron la avalancha.
La magistrada también recibirá un atestado de la Guardia Civil.
El mismo día 31 de julio, Tardón, que estaba de guardia, solicitó ambos informes policiales antes de decidir si acepta o no la competencia para investigar estos hechos.
Em concreto, la juez pidió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Ucrif Central) de la Policía un análisis sobre si la avalancha migratoria constituyó una "acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal".
En respuesta, la Policía comunicó a la instructora que la aparente finalidad migratoria del incidente fue sólo la cobertura formal de una operación que estuvo guiada por agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano.
Ahora, la Fiscalía debe emitir un informe —que, no obstante, no es vinculante— acerca de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.
