La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Europa Press
Ayuso detecta que los menores trasladados a Madrid por el Gobierno tienen familia y trabajo en otras CCAA
La consejera de Servicios Sociales envía una carta al ministro Torres en la que asegura que no aceptarán nuevos traslados sin cobertura legal.
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La Comunidad de Madrid eleva el tono contra el Gobierno central por la política de reubicación de menores migrantes no acompañados tras detectar varios casos en los que los jóvenes han sido trasladados "ignorando su propia voluntad y su situación familiar y personal".
El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha advertido este mismo lunes de que no aceptará nuevos traslados al amparo del Real Decreto-ley 2/2025, al considerar que el mecanismo extraordinario ya no tiene cobertura jurídica tras la expiración de los plazos previstos.
La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha trasladado esta posición en una carta dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En la misiva, el Gobierno madrileño defiende que ha actuado "escrupulosamente conforme a la legalidad" y advierte de que no asumirá actuaciones que carezcan de amparo normativo.
En este sentido, la Comunidad subraya que cualquier intento de promover nuevos traslados fuera de los procedimientos establecidos en los protocolos vigentes "supondrá una actuación contraria a derecho".
Por ello, Dávila insta al Ejecutivo central a cesar en su intento de mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal y avisa de que, en caso contrario, Madrid ejercerá "todas las acciones legales necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente".
Pero el núcleo de la crítica va más allá del encaje jurídico.
Según expone la carta, la aplicación del Real Decreto-ley 2/2025 ha derivado en un sistema de traslados que, en la práctica, ha ignorado aspectos esenciales como la coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individual de cada menor o incluso "su propia voluntad y situación familiar".
![La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/03\/27\/madrid\/comunidad\/843175936_241068877_320x180.jpg"])
El Gobierno madrileño asegura haber detectado casos especialmente sensibles: menores trasladados a Madrid pese a tener familiares en otras comunidades autónomas, grupos de hermanos separados durante el proceso o jóvenes que ya contaban con trabajo y un entorno estable en su lugar de origen y que estaban próximos a cumplir la mayoría de edad.
Situaciones que, según denuncia, han terminado por abocarles a escenarios de vulnerabilidad "cuando no de auténtica marginalidad".
Este choque institucional se produce en plena tensión entre administraciones por la gestión de la acogida de menores migrantes, una cuestión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tratado de abordar mediante mecanismos extraordinarios de reubicación entre comunidades.
Madrid, sin embargo, considera que ese modelo ha agotado su recorrido legal y cuestiona tanto su ejecución como sus consecuencias sobre los propios menores.
