La portavoz del PP, Ester Muñoz, este martes en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno alega "problemas de digitalización" para no desvelar cuántos se han nacionalizado con la Ley de la Memoria
El PP denuncia la "opacidad" de un proceso que han solicitado más de 2.300.000 para acceder a la nacionalidad española.
Más información: El PP acusa a Sánchez de buscar "alterar el censo electoral en el medio plazo" a través de la regularización de inmigrantes
El Gobierno alega que no puede ofrecer datos sobre cuántas personas han solicitado la nacionalidad acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática, pese a que el plazo ordinario, de tres años, finalizó el pasado mes de octubre.
En sus respuestas a cinco preguntas registradas por el PP, el Ejecutivo admite que no puede saberse porque "la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil" hace que "no estén digitalizadas" todas las concesiones desde julio de 2024 hasta junio de 2025. Es decir: casi un año de apagón.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha denunciado la "opacidad" del proceso y ha registrado una solicitud de amparo dirigida a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que el Gobierno entregue a la Cámara "los datos que estamos pidiendo los diputados".
La norma permite a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio, así como a descendientes de brigadistas internacionales, acceder a la nacionalidad como españoles de origen.
En la práctica, el diseño de los requisitos y la interpretación de los consulados han hecho más laxo el concepto de exilio, al no exigirse de forma sistemática una prueba de persecución política.
Ese margen ha permitido que se hayan acogido también descendientes de emigrantes económicos tradicionales, especialmente en América Latina.
El Ejecutivo tampoco precisa cuántas personas han obtenido ya la nacionalidad por esta vía ni en qué censo electoral del CERA están.
Más de 2 millones
Las únicas cifras disponibles proceden del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que sitúa en unos 2,3 millones las personas que han pedido cita, de las cuales más de un millón tendría ya su solicitud en tramitación.
Los procesos más activos se concentran en América Latina. El Consulado de Buenos Aires acumula unas 645.000 solicitudes; le siguen La Habana (350.000), Ciudad de México (165.000), la circunscripción de Córdoba (Argentina), con unas 125.000, y el consulado de São Paulo, con alrededor de 150.000.
Pese a ello, el Gobierno sigue sin detallar cuántos expedientes han concluido ni cuántas nacionalidades han sido efectivamente concedidas. Tampoco Exteriores ha querido detallar cuál es el plazo para resolver los expedientes no resueltos.
El atasco burocrático llevó a que el plazo original de dos años, ampliable a tres mediante la disposición adicional octava de la ley, se agotara hasta el límite máximo previsto.
El PP sospecha que este "apagón estadístico" encubre una nacionalización masiva cuyos efectos el Gobierno no quiere cuantificar ni explicar, pese a que afecta al censo electoral y a la política migratoria.
"No sé qué es peor, si que tengan descontrol o que nos estén tomando el pelo. ¿Cómo es posible que se hayan producido nacionalizaciones y no sepa el Gobierno cuántos?", ha inquirido Ester Muñoz, que ha recordado que, además, el Ejecutivo está impulsando una regularización de inmigrantes que podría ser de hasta medio millón.
