Inmigrantes argelinos hacen cola ante su consulado en Alicante en busca de documentación para la regularización masiva.
Los letrados del Senado ven inconstitucional el "veto" a las medidas para evitar el coladero de la regularización masiva
La Cámara Alta prepara un conflicto de atribuciones contra la Mesa del Congreso por excluir del debate enmiendas ya incorporadas a la ley: "La Constitución no contempla no votarlas".
Además, el PP recurrirá en amparo al TC, apoyándose en el dictamen de la Secretaría General del Senado, que certifica que la motivación del Gobierno "está manifiestamente infundada".
Más información: El Gobierno alega problemas de Presupuesto para no poner los medios de control que eviten la regularización de delincuentes.
El Gobierno ha logrado que el Congreso acepte el veto a dos medidas incluidas en la proposición de ley contra la multirreincidencia. El mismo veto que el Senado rechazó la semana pasada por inconstitucional e "infundado", a la luz del informe de los letrados de la Cámara Alta.
Los vetos del Gobierno pretenden excluir de esa ley, que vuelve al Congreso tras su paso por la Cámara Alta, dos medidas muy concretas impulsadas por el Partido Popular.
Con ellas, los de Alberto Núñez Feijóo trataban de evitar que la regularización masiva de inmigrantes siga siendo "un coladero de delincuentes".
Tal como está redactado el decreto, basta con una "declaración responsable" del interesado para que el Estado "entienda" que no tiene antecedentes penales. Y el PP había logrado en el Senado el apoyo de grupos suficientes como para tener también mayoría en el Congreso.
El dictamen de los letrados, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, asegura que es incierto el supuesto impacto presupuestario de hasta 71 millones de euros que argumenta el Ejecutivo.
La Secretaría General del Senado, en su dictamen técnico-jurídico fechado el 16 de marzo, asegura que esa cifra no existe.
Un "invento"
Según fuentes del cuerpo de letrados, es un "invento" que está basado, como dice el dictamen, en "una mera hipótesis o estimación no justificada".
Porque está "manifiestamente infundado" el impacto financiero que exige el Tribunal Constitucional en los Presupuestos vigentes para que un veto sea válido, según el artículo 134.6 de la Carta Magna.
El argumento del Gobierno se reduce a "hacer decir a las enmiendas lo que no dicen", como que exigen plazas de nueva creación, 400 policías y 491 fiscales. Esa demanda, en realidad, no aparece en las medidas propuestas por el PP y aprobadas por el Senado.
Después, el Ejecutivo hace "una mera multiplicación" por un coste unitario que "tampoco justifica". Los letrados son contundentes: el Gobierno "no ha llevado a cabo la evaluación del impacto real y efectivo".
Es más, argumentan que el uso de la expresión "como mínimo" en los escritos de disconformidad "prueba por sí solo que el cálculo es aproximado", lo que incumple la doctrina del Tribunal Constitucional fijada en una cadena de sentencias citadas, que arranca en 2018.
Las enmiendas no ordenan en ningún momento que la Administración cree plazas ni contrate personal en la Policía. Ya que es al solicitante del permiso de residencia al que se le exige que aporte el certificado de antecedentes penales y policiales.
Por eso, los letrados concluyen que el Gobierno "fuerza" la interpretación de las modificaciones legales para construir artificialmente un impacto presupuestario que le permita vetarla.
Y en todo caso, según la jurisprudencia constitucional, los costes de personal indirectos –los que cualquier norma podría generar sobre la carga de trabajo de cualquier organismo– no justifican "de ningún modo" el veto.
Había mayoría
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, denuncia que el Gobierno ha actuado "en connivencia con la Presidencia del Congreso" para impedir que "una mayoría parlamentaria real" se exprese. Y es que las enmiendas salieron aprobadas en el Senado por PP, Vox y Junts, y esa suma se habría reproducido en el Congreso.
![La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/20\/actualidad\/1003744178165_262054825_320x180.jpg"])
Lo confirmaba la propia portavoz de Junts, Míriam Nogueras: su formación tenía decidido votar a favor de una reforma a su proposición de ley para exigir certificados de antecedentes penales en los procesos de regularización.
"Es una lástima que, con el pretexto de aumento presupuestario, el Gobierno vete esta medida para que no se pueda votar; es de todo menos democrático", dijo la líder del partido de Carles Puigdemont.
Doble ofensiva al TC
Fuentes de la dirección del PP confirman que presentará "un escrito de reconsideración" ante la Mesa del Congreso, como "paso previo" al recurso en amparo ante el Tribunal Constitucional. Ya que Muñoz da por hecho que la Mesa, presidida por Francina Armengol, mantendrá su "sumisión" al Gobierno.
El respaldo documental para ese recurso ya está sobre la mesa: el dictamen de los propios letrados del Senado, que argumentó el rechazo de los vetos en la Cámara Alta por no reunir "los requisitos exigidos por la jurisprudencia del TC".
El Senado, por su parte, presentará "sin lugar a dudas" un conflicto de atribuciones ante el Constitucional. Así lo confirmaron fuentes de la Cámara a este periódico.
La tesis es que la Mesa del Congreso habría usurpado una competencia que la Constitución reserva exclusivamente al Pleno de la Cámara. El artículo 90.2 de la Constitución otorga al Congreso la facultad de "aceptar o no, por mayoría simple" las enmiendas aprobadas por el Senado.
Lo que la Carta Magna no permite es "excluirlas" del orden del día y no someterlas siquiera a votación, recuerda el dictamen de los letrados. Al admitir el veto del Gobierno sobre un texto ya aprobado en la cámara colegisladora, el Congreso habría permitido al Gobierno legislar por la puerta de atrás.
O como explican otras fuentes de la dirección del PP: "Ya está aprobado y, por tanto, no cabe el veto". Es decir, que las enmiendas dejaron de ser tales en el momento en que el Pleno del Senado las incorporó al texto de la proposición de ley. "Ya son cuerpo legal".
Más argumentos
Los letrados del Senado detallan en su dictamen todavía más argumentos contra los dos vetos.
La partida presupuestaria que el Gobierno cita como afectada por la enmienda sobre la planta fiscal, la 13.06.112A.12X, directamente "no existe" en los Presupuestos Generales de 2023 prorrogados. Y el TC exige que el veto se refiera al Presupuesto en vigor, no a uno futuro.
![Agentes de los equipos de emergencia atienden a los 60 migrantes llegados en patera al muelle de Arrecife, en Lanzarote (Canarias).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/20\/espana\/politica\/1003744178628_262061534_320x180.jpg"])
Además, la enmienda fijaba "un plazo de dos años con aplicación gradual", de modo que el gasto podría ejecutarse en 2027 o 2028, y sólo si el propio Gobierno aprueba un Real Decreto. El Ejecutivo imputa, sin embargo, "todo el coste al ejercicio 2026" de manera torticera.
Además, el Gobierno no vetó en el Congreso "enmiendas de contenido sustancialmente idéntico". ERC introdujo una sobre creación de plazas de jueces en Cataluña –con traspaso de fondos a la Generalitat incluido–, que fue debatida y votada sin objeción alguna del Ejecutivo.
Vetar en el Senado lo que se dejó votar en el Congreso constituye, según el dictamen, "una discriminación injustificada entre grupos parlamentarios y entre Cámaras".
A ello se suma que el Gobierno lleva tres años sin presentar Presupuestos: el escrito de los letrados aplica el principio de que "quien incumple una obligación constitucional no puede sacar provecho de su incumplimiento".
Desconfianza y "perversión"
El conflicto de atribuciones que prepara el Senado se enfrenta, no obstante, a un obstáculo procesal de fondo. Fuentes de la Secretaría General del Senado advierten de que el TC tiene pendientes ya 12 conflictos planteados por la Cámara Alta contra el Gobierno o contra el Congreso en esta legislatura.
Según esas mismas fuentes, "Conde-Pumpido, tras admitirlos a trámite, encomienda la ponencia de estos asuntos, invariablemente, a magistrados progresistas, y la intención es meterlos en un cajón y no resolverlos en la presente legislatura".
La pregunta que se hacen en el Senado es retórica pero incómoda: "¿Cómo va a decir el Constitucional que el Gobierno no tiene la obligación de presentar una Ley de Presupuestos?".
Esas mismas fuentes califican de "palmaria" la "perversión del Gobierno al vetar las enmiendas".
El Ejecutivo, denuncian, "se inventa partidas presupuestarias inexistentes" y "se inventa costes de personal indirectos que las enmiendas en absoluto contienen, haciendo decir a las enmiendas lo que no dicen para poder vetarlas".
Si esta lógica prosperara, concluyen los letrados, el Gobierno tendría argumentos para vetar cualquier iniciativa parlamentaria, pues toda norma lleva asociado algún coste indirecto de personal. El control parlamentario se invertiría y quedaría, en la práctica, en manos del Ejecutivo.
