Imagen del yate 'Omnia', junto al rostro de Álvaro Romillo.

Imagen del yate 'Omnia', junto al rostro de Álvaro Romillo.

Tribunales

Querella contra el financiador de Alvise: le acusan de usar a sus exabogados para esconder de la Justicia un yate de 23 millones

Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como 'CryptoSpain', está siendo investigado por una supuesta estafa piramidal en el 'caso Madeira'.

Más información: Una víctima del 'chiringuito financiero' que promocionó Alvise invirtió 4,5 millones y otra es directivo del Ibex

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Las claves

Víctimas del caso Madeira han presentado una querella contra Álvaro Romillo, acusado de ocultar a la Justicia un yate valorado en 23 millones de euros usando a sus exabogados.

Romillo, alias CryptoSpain y financiador de Alvise Pérez, está procesado por una presunta estafa piramidal de 260 millones de euros a través de Madeira Invest Club.

La querella sostiene que Romillo transfirió la propiedad del yate Omnia y otra embarcación a una empresa búlgara, buscando eludir embargos judiciales.

La UCO detectó que Romillo adquirió ocho barcos entre 2023 y 2024, sin relación con las inversiones ofrecidas a los afectados del club privado.

Víctimas del llamado caso Madeira han interpuesto una querella contra Álvaro Romillo, el principal investigado en esa causa judicial.

En esta ocasión, le acusan de haber utilizado a sus dos exabogados para esconder de la Justicia, entre otras propiedades, un yate valorado en 23 millones de euros.

Romillo, conocido en redes sociales por el alias de CryptoSpain, ha sido procesado por un juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, como supuesto cerebro de una estafa piramidal cifrada en unos 260 millones de euros.

Este empresario, cabeza visible del conglomerado Madeira Invest Club (MIC), también es conocido por haber confesado que pagó 100.000 euros en efectivo al agitador Alvise Pérez cuando éste se presentó a las últimas elecciones europeas, en las que acabaría consiguiendo tres escaños en Bruselas.

Y, como desveló EL ESPAÑOL, el juez Calama descubrió, gracias a una multa de tráfico, que Romillo vendió por apenas 15.000 euros un Bentley Bentayga Azure V8 a una empresa de su abogado, Francisco Miranda, con el fin de evitar que las autoridades judiciales decomisaran el coche. Sin embargo, se trata de un vehículo de lujo valorado en más de 200.000 euros.

Por ello, Calama envió este asunto a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, al no ser competencia este supuesto delito el posible alzamiento de bienes de la Audiencia Nacional.

Uno de esos Juzgados, el de Instrucción número 16 de la capital, abrió recientemente diligencias previas. Y ha sido allí donde un grupo de víctimas del caso Madeira, representadas por el despacho Zaballos Abogados, ha interpuesto la citada querella.

En ella, señalan que Romillo también habría usado a sus dos exabogados —cambió de letrados hace poco— para, a través de un entramado de empresas, esconder de la Justicia el yate Omnia, valorado en 23 millones de euros.

Según relata el documento, al que ha tenido acceso este diario, la embarcación pertenecía, en un inicio, a la sociedad chipriota Azesto Enterprises Limited, la cual era controlada al 100% por la mercantil portuguesa Maidentok Lda, vinculada a la familia Romillo.

El 1 de julio de 2024, fue constituida en Bulgaria la empresa Pelayo Investment Ltd. La querella sostiene que el nombre Pelayo es un indicio de que, realmente, fue creada ad hoc por los ya exabogados de Romillo, dado que es un nombre vinculado a Oviedo, ciudad en la que tiene la principal sede su despacho, y absolutamente desconocido en Bulgaria. No obstante, como administrador de la misma, figuraba un ciudadano de dicho país del Este de Europa.

El 11 de diciembre de 2024, se firmó un contrato de permuta, según el cual la sociedad búlgara entregó el 100% de la mercantil C6 Corporate SL —domiciliada en la misma sede que el despacho de Miranda, en la capital asturiana a CryptoSpain y varios de sus familiares.

El empresario Álvaro Romillo, junto a su ya exabogado, Francisco Miranda, en la Audiencia Nacional.

El empresario Álvaro Romillo, junto a su ya exabogado, Francisco Miranda, en la Audiencia Nacional. Javier Corbacho

A cambio de esa pequeña sociedad, que sólo tenía a su nombre una finca rústica de 55.000 euros, los Romillo transfirieron a la empresa búlgara la propiedad del yate Omnia vía Azesto y la de otra embarcación, llamada Dark Knight y valorada en 2,4 millones de euros.

De acuerdo con los querellantes, al pasar los barcos a una sociedad búlgara que, aparentemente, no estaba vinculada con el entramado de Madeira Invest Club, la supuesta trama criminal pretendía que estos activos quedaran libres de las medidas cautelares y los embargos ya dictados o que pudiera dictar en un futuro la Audiencia Nacional.

EL ESPAÑOL se puso en contacto este martes con Francisco Miranda, el ya exabogado de Romillo. Preguntado por lo que relata la querella sobre el barco, el letrado asegura no tener "ni idea de ese asunto". "No tengo constancia de la querella, primera noticia", señala por teléfono.

Barcos de lujo

No es ésta la única ocasión en la que el yate Omnia aparece vinculado a supuestas actividades ilícitas de CryptoSpain.

Como reveló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Madeira, de forma personal o a través de las compañías que controlaba,Álvaro Romillo adquirió ocho embarcaciones entre 2023 y 2024.

En un informe de más de mil folios, enviado el pasado junio al juez Calama, la UCO desveló que el empresario se hizo con ocho barcos "que no tendrían ningún tipo de relación" con las inversiones que promocionaba el club privado de inversión que dirigía, Madeira Invest Club, que sería el epicentro de la supuesta estafa piramidal.

En octubre de 2024, la página web del MIC fue clausurada sin previo aviso. Los retornos dinerarios cesaron, lo que provocó que decenas de inversores denunciaran a Romillo ante la Audiencia Nacional. Aquello dio origen al caso Madeira.

Mientras estuvo activo, Madeira Invest Club ofrecía inversiones en diversos ámbitos: compra de metales preciosos, coches de lujo, relojes exclusivos, una colección de botellas de whisky, pisos en República Dominicana...

Como desveló este periódico, uno de los denunciantes de la supuesta estafa había invertido nada menos que 4,5 millones de euros en este chiringuito financiero —así denominó la CNMV al MIC— y otro es directivo de una importante empresa del Ibex 35.