El PSOE saca con Junts, PP y Vox una reforma para endurecer con hasta 3 años de cárcel los delitos de multirreincidencia

Se trata de una de las exigencias de los de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, aunque, paradójicamente, ha prosperado con más votos de la oposición (PP, Vox, UPN y Coalición Canaria) que de la mayoría progubernamental (donde sólo se han mantenido PSOE, Junts y PNV). Otros partidos como Sumar, EH Bildu o Podemos han votado en contra.ERC, por su parte, se ha abstenido.

El objetivo es que los hurtos de menos de 400 euros (y que antes no comportaban cárcel) puedan castigarse con penas de hasta tres años de prisión en el caso de que el delincuente haya sido condenado en tres ocasiones por delitos similares.

En ese sentido, la reforma pone el énfasis en el robo de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que contengan datos personales.

La modificación era un clamor entre los regidores catalanes, especialmente en la zona metropolitana de Barcelona; algunos de ellos han estado presentes en la tribuna del Congreso.

De ahí que las formaciones con alcaldes hayan estado muy implicadas. No solo Junts, que registró la modificación, sino también el PSC, que ha impulsado una norma que permanecía bloqueada por Francina Armengol. 

“Esta ley sale adelante de los territorios, no de los despachos”, afirmaba la diputada de Junts Marta Madrenas, alcaldesa de Girona hasta 2023. La representante de Puigdemont subrayaba que “los hurtos y las estafas generan una gran inseguridad”.

De profesión, delincuente: los multirreincidentes con hasta 62 arrestos y su negocio para "vivir en exclusiva del pequeño delito"

Una apreciación que compartía el diputado del PSC Francisco Aranda, encargado de defender la reforma en nombre del Partido Socialista.

“Si hay un lugar donde el fenómeno de la multirreincidencia ha sido percibido como un problema de seguridad ciudadana, ese es Cataluña”, añadía, antes de contrastar los 2.700 juicios rápidos celebrados en Madrid durante el último año frente a los 5.900 de Barcelona.

En Vox celebraban que la reforma les da la razón: “el problema existe y somos nosotros quienes lo señalábamos sin complejos”.

El diputado de Abascal por Barcelona, Juan José Aizcorbe, anunciaba su voto favorable y atribuía esta situación a “la política de inmigración”.

El PP, pese a apoyar el texto, optaba por cargar contra Pedro Sánchez y aseguraba que la única “multirreincidencia que preocupa al Gobierno es la de los que han pasado de Ferraz a Soto del Real”.

Cuca Gamarra lamentaba que desde hace años sea habitual ver a delincuentes “entrar por una puerta y salir por otra”. “Eso se acabó. Los españoles tienen que saber que ahora la multirreincidencia no sale gratis”, remachaba.

La diputada popular también reprochaba al PSOE que había votado a favor "a rastras" y ponía el foco en la regularización de 500.000 inmigrantes que impulsa el Gobierno: "¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar los papeles?"

Incluso ERC evitó votar en contra y prefirió la abstención. Su portavoz, Pilar Valluguera, ponía el foco en la lentitud de la justicia, que permite que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por otra”, y defendía que “la realidad no se cambia a golpe de Código Penal”.

EH Bildu y Sumar se mostraron muy críticos con el cambio. El diputado Enrique Santiago lamentaba que se vayan a imponer penas a “robagallinas” y no a quienes cometen delitos de cuello blanco. A su juicio, el acuerdo entre PSOE, Junts y PP supone “un experimento de gran coalición” para sumarse “al discurso ultra”.

Para Podemos, cuyo voto es decisivo si el Gobierno quiere rescatar el traspaso de competencias a Cataluña, “el objetivo de esta ley es criminalizar la pobreza”, por lo que la calificaba de “clasista, racista y populista”.

La diputada morada Martina Velarde llegó a acusar a los de Puigdemont de practicar el “populismo punitivo”, lo que aleja un posible entendimiento para sacar adelante la cesión que reclama Junts.