Ábalos y Koldo gastan hoy su última bala para evitar el juicio en el TS por la primera causa de corrupción del Gobierno

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasistente, Koldo García, serán trasladados este jueves desde la prisión de Soto del Real al Tribunal Supremo para su primera comparecencia ante la Sala que les juzgará por graves delitos de corrupción.

No se trata del juicio oral en sí, sino de una audiencia preliminar introducida por la Ley Orgánica 1/2025 y en la que las partes podrán plantear las cuestiones previas que antes se exponían en la primera sesión de la vista.

Pero, además, acusaciones y defensas tendrán que justificar la finalidad y pertinencia de las pruebas que han propuesto, sobre las que -a diferencia de la regulación anterior- la Sala aún no se ha pronunciado.

Ábalos y García quieren que testifiquen, entre varias decenas de personas, los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la exdirectora del CNI Paz Esteban o la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Es previsible que la Sala pida a las partes una explicación de por qué consideran precisos estos testimonios.

Sin embargo, antes de llegar a ese debate las defensas harán todo lo posible para que se suspenda la propia audiencia preliminar.

Fuentes de las defensas aseguran que plantearán nuevos argumentos con ese objetivo.

Hasta ahora, los esfuerzos defensivos se han centrado en alegar la falta de competencia del Tribunal Supremo para juzgar a Ábalos después de haber renunciado al acta de diputado, condición que le permitía estar aforado ante la Sala Penal.

La letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, presentó el martes un escrito en el que sostiene que "mantener a Ábalos ante el Tribunal Supremo cuando ya no es diputado supone juzgar a un ciudadano común en una instancia superior 'artificialmente', privándole de su juez natural".

El nuevo defensor del exministro, Marino Turiel, se ha sumado a la postura de la defensa de Koldo García, que subraya que con el enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo no hay doble instancia.

"Si un diputado renuncia, debería recuperar el derecho a ser juzgado por un tribunal ordinario para poder tener un recurso de apelación completo ante una instancia superior jerárquica", alega la letrada.

"La renuncia a ser diputado es un derecho. Si el investigado prefiere perder su 'privilegio' de ser juzgado por el Tribunal Supremo para ganar una doble instancia real en la justicia ordinaria, el Tribunal no debería impedírselo calificándolo de 'fraude', ya que el acusado está eligiendo una situación de menores privilegios (la justicia común)", afirma. "Si no hay cargo, no hay fuero".

El mantenimiento de la competencia del alto tribunal cuando la renuncia al fuero se produce una vez abierto el juicio oral es un asunto resuelto por la Sala Penal desde hace años, por lo que es dudoso que este planteamiento de la defensa prospere.

Ese criterio ha dado lugar a una doctrina uniforme desde 2014 basada en la idea, entre otras, de que "no puede quedar al azar o al capricho del acusado tratar de convertir en contingente y dependiente de su voluntad o de otros factores la determinación del Tribunal de juzgamiento".

En todo caso, las defensas de Ábalos y García insistirán hoy en su tesis de que la causa debe ser remitida a la Audiencia Nacional, donde se investiga una parte de los hechos en relación a otros investigados no aforados y cuyas conductas se han considerado escindibles de las del exministro y su asistente.

La audiencia preliminar se configura, así, como la última oportunidad para tratar de evitar que se celebre en el Tribunal Supremo el primer juicio de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel y una multa de casi cuatro millones de euros para José Luis Ábalos y 19 años y medio de prisión para Koldo García.

La acusación popular, que encabeza el PP, eleva la petición de pena a 30 años de cárcel a cada uno.

Se les atribuye siete presuntos delitos: organización criminal, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad documental y prevaricación.

La petición de pena es mucho menor para el tercer acusado, Víctor de Aldama, cuyas confesiones en contra de sus compañeros de banquillo han ayudado a la investigación. Tanto el fiscal como el PP solicitan para él siete años de prisión.

La acusación se refiere, principalmente, a la adjudicación por organismos del Ministerio de Transportes de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, para la que Aldama actuaba como conseguidor, a cambio de sobornos para Ábalos y García

También se les acusa por las gestiones realizadas por el exministro y su asistente para favorecer los intereses de Aldama o de empresas relacionadas con él, como Air Europa o Villafuel.

Los escritos de acusación también incluyen la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, mujeres relacionadas con Ábalos.

La primera de ellas fue contratada por Ineco y, después, por Tragsatec, dependientes de Transportes, pese a que, como ella misma admitió ante el juez instructor, Leopoldo Puente, no hizo ninguna labor durante dos años y medio.

Aldama, a través de un intermediario, también pagó el alquiler y los gastos de un piso de lujo para Jésica Rodríguez en el centro de Madrid.

Cerdán no es parte

En la audiencia preliminar deben estar presentes los acusados al exigirlo la ley.

La Sala rechazó la pretensión de García y Ábalos de atender el acto por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real (Madrid), en la que se encuentran desde el 27 de noviembre.

El magistrado instructor les encarceló al apreciar un "riesgo extremo de fuga" derivado de las altas penas de prisión a las que podrían ser condenados y la proximidad del juicio oral.

En cambio, no estará, pese a haberlo pedido, Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE es investigado junto a José Luis Ábalos y Koldo García en otra pieza de la causa, la relativa a la adjudicación de obras del Ministerio de Transportes, que ha sido remitida a la Audiencia Nacional tras la pérdida del fuero de Ábalos.

La Sala ha denegado la presencia de la defensa de Cerdán en estrados al no ser parte en el procedimiento que se va a juzgar.