La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en Moncloa. Europa Press
Ofensiva del Gobierno contra la libertad de empresa: denuncia "garras especuladoras" en la Sanidad y quiere topar precios
Impulsa un proyecto de ley para erradicar del sistema sanitario público "lógicas relacionadas con el funcionamiento comercial".
Aprueba un decreto ley que permite topar los precios en alimentación y transportes ante "posibles abusos" en situaciones de emergencia.
Más información: El Gobierno lanza una ley para quitar las "garras especuladoras" de la sanidad privada de los hospitales públicos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado este martes un nuevo paso en su ofensiva intervencionista.
El Consejo de Ministros ha aprobado dos iniciativas legislativas encaminadas a limitar la libertad de empresa: una para regular precios en situaciones de emergencia y otra para sacar de la Sanidad las "garras especuladoras" de las compañías privadas.
Llueve sobre mojado. Estas medidas se suman a una cascada de normas en las que el Ejecutivo de Sánchez ha optado por reforzar el control directo sobre ámbitos tradicionalmente compartidos con las comunidades autónomas o abiertos a la iniciativa privada.
La semana pasada, sin ir más lejos, Sánchez anunciaba el futuro real decreto para limitar la oferta privada de Formación Profesional .
Ayer, el Consejo de Ministros impulsó dos normas de alto impacto político y económico. Por un lado, aprobó un anteproyecto de ley para vetar la gestión privada de hospitales públicos. La medida tendrá un efecto directo sobre el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid.
Por otro, dio luz verde a un real decreto-ley que habilita al Ejecutivo a topar precios en sectores como la alimentación, el transporte o incluso la energía en situaciones de emergencia.
La primera de las iniciativas supone una enmienda a la Ley 15/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que permitió la entrada de nuevas fórmulas de gestión dentro del Sistema Nacional de Salud.
La intención es erradicar del sistema sanitario público "lógicas relacionadas con el funcionamiento comercial", tal y como consta en el propio documento.
Casi tres décadas después de aquella norma, que permite mediante concesión que empresas privadas gestionen hospitales públicos, el Ministerio de Sanidad de Mónica García intenta dar marcha atrás al modelo. Eso sí, la norma necesitará el respaldo del Congreso de los Diputados para salir adelante, algo que no parece probable.
El anteproyecto establece que la gestión privada de centros sanitarios públicos solo será posible cuando no pueda prestarse el servicio de forma directa por la Administración.
Incluso en esos casos excepcionales, los modelos de gestión indirecta deberán garantizar "la sostenibilidad financiera y la eficiencia", además de cumplir requisitos de "calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio".
![Mónica García, ministra de Sanidad, en el Consejo de Ministros.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/10\/actualidad\/1003744123980_261346252_320x180.jpg"])
La ofensiva apunta de manera clara al modelo sanitario madrileño, donde se concentra la mayoría de los hospitales públicos gestionados mediante concesiones.
De los ocho centros existentes en toda España bajo este sistema, cuatro se encuentran en la Comunidad de Madrid, lo que convierte la iniciativa en un ataque directo a uno de los ejes de la política sanitaria del PP en la región.
El ataque lo ejecuta una ministra de Sanidad que, a su vez, será candidata de Más Madrid en los próximos comicios electorales.
La futura ley introduce además un procedimiento obligatorio de evaluación previa para cada caso de gestión privada en el Sistema Nacional de Salud.
Este análisis deberá incluir una memoria justificativa de la administración sanitaria, el dictamen de un comité de evaluación y, en determinadas concesiones de servicios, un informe de la Oficina Nacional de Evaluación.
El texto abre también la puerta a la reversión de los modelos de gestión privada actualmente activos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendía ayer la norma como "un triunfo de la sociedad civil ante las garras especuladoras y privatizadoras".
Aseguró que quedarán vetados "los modelos concesionales que combinan la concesión de obra y la prestación sanitaria con ánimo de lucro".
A su juicio, los casos polémicos registrados en los últimos años, como el del Hospital de Torrejón, no son episodios aislados, sino el reflejo de un marco normativo que ha permitido orientar la sanidad pública hacia el beneficio económico, en referencia directa a la ley de 1997.
El Ministerio de Sanidad sostiene que los modelos de gestión indirecta han obtenido peores resultados en indicadores como hospitalizaciones evitables o mortalidad por infarto o ictus. Este diagnóstico, sin embargo, no es unánime.
Estudios académicos previos, como una investigación publicada en 2018 por la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén y la Escuela Andaluza de Salud Pública, concluyeron que los modelos de colaboración público-privada (comúnmente conocido como modelo Alzira) figuraban entre los más eficientes del sistema, por delante de la gestión cien por cien pública, que aparecía como la menos eficiente en términos comparativos.
Tope de precios
Junto a la reforma sanitaria, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que permitirá topar precios en situaciones de emergencia.
La modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios habilita al Gobierno a fijar límites máximos en el transporte, la alimentación y otros bienes y servicios esenciales ante posibles abusos por parte de empresas y operadores.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, explicó que el objetivo es reforzar la protección de los consumidores tras episodios recientes como el de la dana de Valencia, los incendios de 2025 o el accidente ferroviario de Córdoba.
![El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/10\/actualidad\/1003744124150_261348027_320x180.jpg"])
El mecanismo permite fijar el precio máximo tomando como referencia el importe más alto de los 30 días previos, con un corrector adicional: si ese precio supera en más de un 50% el coste medio del periodo, el tope se establecerá en la media más ese 50%.
La activación de estas limitaciones quedará reservada a situaciones declaradas como emergencia de protección civil o a otros supuestos determinados expresamente por el Consejo de Ministros, que se reserva en exclusiva esta competencia.
La norma obliga además a los comercializadores a informar al consumidor del precio medio y máximo ofertado en los 30 días anteriores y reconoce el derecho a la devolución automática de cualquier cantidad cobrada por encima del límite legal.
El alcance del decreto no se limita al transporte o los alimentos. El texto permite extender el tope de precios a la comercialización de energía, lo que abre la puerta a una intervención directa en las tarifas eléctricas o en los precios de la gasolina y el diésel.
La filosofía de la medida, según el Ministerio, es impedir que las empresas puedan aprovechar una situación de crisis para obtener un rédito económico extraordinario a costa de los consumidores.
Para ello, la norma introduce cierta flexibilidad al permitir incrementos de precios cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes o cuando resulten necesarios para introducir nueva oferta, siempre que no se traduzcan en un aumento de los márgenes empresariales.
Estrategia intervencionista
Con estas dos iniciativas, el Ejecutivo consolida una estrategia de intervención directa del Estado en sectores sensibles, desde la sanidad hasta los precios de bienes y servicios esenciales, abriendo un nuevo frente político con las empresas, a las que ataca en su libertad, y con las comunidades autónomas , que ven comprometidas sus competencias.
En poco tiempo, se ha anunciado una norma para limitar la oferta privada de Formación Profesional, un plan nacional de vivienda que crea zonas tensionadas y una ley de regeneración democrática que atribuye a la Moncloa la calificación de determinados espacios como lugares de tortura franquista, aun cuando lo rechacen sus inquilinos.
También van en esa dirección algunas medidas recién anunciadas, como es el control de las redes sociales con la excusa de proteger a los menores de 16 años, no permitir el acceso a las plazas de toros a menores de 18 años o limitar la venta de comida basura en máquinas de vending y controlar los gramos de azúcar del café. Incluso leyes que ya están a punto de salir, como la prohibición de fumar en terrazas.
