El Gobierno de EEUU pide "explicaciones" por escrito a Bruselas por la "regularización masiva" de Sánchez

Tanto, que ya ha hecho llegar por escrito una petición de "explicaciones" a la Comisión Europea, en una comunicación de alto nivel, por escrito, que ha podido confirmar este periódico.

El pasado miércoles, de hecho, un alto cargo de la Administración de Donald Trump se comunicó con un alto funcionario de las instituciones europeas para hacerle llegar la "preocupación" por una medida que afecta a todo el espacio Schengen.

Hay que recordar que los entre 500.000 y 840.000 migrantes potencialmente beneficiarios de la medida impulsada por el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos recibirán un permiso de residencia y de trabajo en España.

Pero también que se podrán mover libremente por todos los países, de la UE o externos pero firmantes del Tratado de Schengen, para residir o en busca de trabajo. Es decir, toda la Unión menos Chipre e Irlanda, y otros cuatro firmantes: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

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Esto es así porque las leyes comunitarias no contemplan que la Unión tenga competencias en las políticas migratorias.

De hecho, el último Pacto de Migración y Asilo, alcanzado durante la presidencia española de turno en el Consejo de la UE (segundo semestre de 2023), lo que ofrece es una serie de medidas comunes para luchar contra la inmigración ilegal.

Entre ellas, la facilitación de acuerdos con terceros países y establecer un mecanismo de solidaridad entre Estados miembros para asumir cuotas de migrantes y refugiados en momentos de mayor presión por la afluencia masiva de estas personas.

Pero no entra a legislar ni cómo ni cuántas personas de origen extranjero puede o debe asumir un país de los Veintisiete, dado que se considera que reside en las políticas internas de empleo, integración y derechos sociales esa capacidad.

Pero por la misma razón, ese mismo pacto reclama una "coordinación" entre los países que pertenecen a la UE y los que están en el espacio Schengen, ya que una decisión unilateral de cada uno de ellos afecta a todos.

La Comisión avisa

Así lo expresaba esta misma semana el comisario de Asuntos de Interior y Migración, el austriaco Magnus Brunner, ante el debate monográfico que este martes celebrará el Parlamento Europeo a cuenta del proceso de "regularización de ciudadanos extranjeros en España".

Según Brunner, "los Estados miembros deben garantizar que estas decisiones no pongan en peligro la integridad del espacio común de la UE sin controles fronterizos interiores y considerar debidamente las posibles implicaciones migratorias y de seguridad".

La declaración de Brunner viene a colación de la disposición incluida en el decreto español, que diluye absolutamente el control de los antecedentes penales. Si el país de origen no responde en 30 días, bastará la "declaración responsable" del solicitante para que se "entienda" que nunca ha cometido delitos.

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Lo que quiere decir la Comisión es que, aunque "las decisiones y políticas para regularizar la estancia irregular de nacionales de terceros países, incluida la concesión de permisos de residencia, son responsabilidad de los Estados miembros", y por tanto, "la Comisión no tiene competencias en este ámbito", un Gobierno no debe actuar de manera unilateral.

Es más, el Ejecutivo comunitario recuerda que su labor principal, consecuencia de ese Pacto de Migración y Asilo alcanzado entre los Veintisiete y la Eurocámara, es "apoyar a los Estados miembros en la reducción de la migración irregular".

Y que para ello ofrece herramientas como "el refuerzo de la cooperación con los terceros países afectados, previniendo las llegadas irregulares, la intensificación de la lucha contra el tráfico ilícito de personas y la facilitación del retorno de quienes no tienen derecho a permanecer".

Pacto de 2008

O lo que es lo mismo, lo que ya reclamaba el anterior texto legal de la Unión, que data de 2008, que los Estados se comprometían a "usar sólo regularizaciones caso por caso, no generalizada, bajo legislación nacional, por razones humanitarias o económicas".

El documento especificaba, ya hace 18 años, que los países deben informar anualmente a la Comisión sobre "si han cambiado sus políticas de regularización como resultado de la crisis económica".

Y eso, según las fuentes consultadas a todos los niveles en la UE, "no ha ocurrido". Lo que sí ha pasado es que tanto la Comisión como el Parlamento han reaccionado, con el debate monográfico de este martes, y el Gobierno estadounidense ha pedido "explicaciones" a Bruselas.

Conversaciones diplomáticas

Según las fuentes conocedoras, el asunto ya ha salido en las reuniones que mantienen, cada semana, funcionarios de la embajada de la UE en Washington con miembros del Departamento de Estado.

No es que la Administración Trump ni su policía migratoria ICE sirvan de ejemplo en nada a la UE respecto a las políticas migratorias, pero la alianza transatlántica sí que permite tratar estos asuntos a nivel político.

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En Washington se celebra no sólo la inminente entrada en funcionamiento íntegro del Pacto de Migración y Asilo de 2023, que prevé, por ejemplo, el envío de solicitantes de residencia o refugio humanitario a "terceros países seguros", sino que se aplauden "los esfuerzos" de gobiernos como los de Italia, Chipre y Grecia en contener la migración irregular.

Y se preguntan qué pasa con España.

En esas conversaciones diplomáticas, el Ejecutivo comunitario ha transmitido al estadounidense que las competencias en política migratoria no forman parte del cuerpo de soberanía cedido a Bruselas. Y que, por tanto, poco se puede hacer más que presionar al Gobierno de Sánchez, de palabra desde la UE y como considere conveniente EEUU.

Pero hay más, el canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, también ha mostrado su enfado con la medida.

Lo hizo hace ahora unos 10 días, durante el retiro de los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) en Zagreb.
Allí, Alberto Núñez Feijóo expuso entre otros temas, que la decisión del Gobierno de España es "contraria al espíritu y la letra" del pacto europeo.

Y que se había tomado sin consultas con el resto de Estados miembros ni con la oposición, al punto de que se tramitará hurtando el debate al Congreso.

En conversaciones informales, Merz llegó a expresar a Feijóo su alta preocupación por la iniciativa y llegó a plantearse la posibilidad de ordenar a su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, que llamara a consultas al embajador español, Pascual Navarro.

La UE reacciona

La preocupación en la UE por la medida española se ha plasmado ya en el aviso formal de la Comisión. Bruselas ha advertido de que las regularizaciones masivas "no son la vía adecuada".

Brunner insistirá en el debate de este martes en que las amnistías migratorias deben ser "selectivas, coordinadas y basadas en criterios claros".

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Ya la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, marcó la línea en su reciente visita a Madrid. La política maltesa criticó a los gobiernos que regulan la inmigración "sin una solución europea compartida" y advirtió de que las decisiones nacionales con impacto en Schengen "no pueden tomarse en solitario".

A ello se suma la cuestión de seguridad, que inquieta tanto en Bruselas como en varias capitales. Tal como ha publicado este diario, el diseño del procedimiento deja un amplio margen para que miles de inmigrantes "queden limpios" en apenas un mes, aunque hayan cometido delitos en terceros países.

Fuentes de los servicios de Interior europeos alertan de ese "coladero" potencial. Señalan que el decreto no está pensado para cruzar de forma sistemática datos con Europol, como se constató en la reciente reunión en Chipre del Grupo de Control Parlamentario, o con todos los países de origen y tránsito.

Mientras tanto, el efecto llamada ya es visible sobre el terreno. Los consulados de Marruecos en varias ciudades españolas han empezado a abrir los fines de semana para ayudar a sus ciudadanos a reunir la documentación y acogerse a la regularización.

Ese movimiento diplomático ilustra que la medida no sólo impacta en los ya presentes en España. Se percibe en el Magreb como una oportunidad inédita para acceder a papeles en la UE, lo que inquieta a las instituciones comunitarias por el riesgo de nuevas llegadas irregulares.

Todo ello se produce en un contexto de creciente preocupación social por la inmigración en Europa. Según el último Eurobarómetro, dos de cada tres europeos citan la inmigración como uno de los principales problemas.

Y la mitad de los ciudadanos de la Unión reclama "más unidad" en la UE y políticas comunes frente a desafíos compartidos. Una demanda de coordinación que contrasta con la medida del Gobierno de Sánchez.