Vista de una oficina de Extranjería en Valladolid. Efe
La Comisión advierte contra regularizaciones masivas que no "atienden las implicaciones de seguridad" en toda la UE
El Parlamento Europeo celebra este martes un debate de urgencia a propósito del proceso en España, en el que bastará una "declaración responsable" del migrante para "entender" que no tiene antecedentes penales.
Más información: La regularización de Sánchez será un coladero: el inmigrante quedará 'limpio' si en un mes no recibe los antecedentes penales.
El Pleno del Parlamento Europeo dedicará este martes un debate a la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La Comisión Europea sostiene que cualquier regularización de extranjeros es competencia nacional, pero advierte contra procesos masivos que no evalúen sus efectos sobre Schengen, la seguridad interior y el nuevo marco común de asilo y migración.
Concretamente, advierte contra regularizaciones masivas que no "atienden las implicaciones de seguridad" en toda la UE.
El anuncio del Gobierno de Sánchez de regularizar de forma extraordinaria a unos 500.000 migrantes en situación irregular ha provocado una reacción inmediata en las instituciones europeas, donde se subraya que cualquier decisión de este calado trasciende las fronteras nacionales y afecta directamente al funcionamiento del espacio Schengen.
Aunque Bruselas recuerda que la regularización es una prerrogativa de los Estados miembros, insiste en que esos procesos deben analizar cuidadosamente sus consecuencias en materia de seguridad, gestión de fronteras y movimientos secundarios dentro de la Unión.
Sobre la mesa figura una propuesta que permitiría obtener un permiso de residencia de un año, con acceso al mercado laboral, a quienes acrediten una estancia mínima en España y carezcan de antecedentes penales, así como a determinados solicitantes de protección internacional.
El borrador del decreto de regularización prevé que, si tras pedir el certificado de antecedentes penales al país de origen (y, en su caso, tras intentarlo también la Administración española) no llega respuesta en el plazo establecido, el migrante pueda presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales y, en ese supuesto concreto, “se entenderá” que carece de ellos, aunque esa declaración sigue estando sujeta a posibles verificaciones y a responsabilidad administrativa y penal si resulta falsa.
Varios grupos políticos alertan de que una regularización masiva sin plena coordinación europea podría tensionar la confianza mutua que sustenta la libre circulación de personas.
Desde la óptica de la seguridad, la preocupación central de la Comisión Europa es que toda persona regularizada en un Estado miembro adquiere, de facto, la capacidad de desplazarse por el resto del espacio Schengen.
Esto obliga a que los criterios de regularización sean coherentes con las normas comunes de asilo, retorno y control de fronteras exteriores, para evitar “puertas traseras” que desvirtúen el nuevo Pacto de Migración y Asilo que entra progresivamente en vigor.
Esta advertencia no se dirige sólo a España: Bruselas teme que cualquier decisión unilateral a gran escala siente precedentes y fragmente la respuesta europea.
Terceros países seguros
En paralelo, la UE está reforzando sus instrumentos para diferenciar con mayor rapidez entre personas necesitadas de protección y quienes no cumplen los requisitos, a través de listas de países de origen seguros y del concepto de tercer país seguro.
La Eurocámara y el Consejo Europehan pactado la creación de una primera lista común que incluye, entre otros, a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, lo que permitirá acelerar los procedimientos de asilo de nacionales de esos Estados. Esta arquitectura normativa pretende precisamente reducir el recurso a regularizaciones extraordinarias como forma de aliviar sistemas de acogida saturados.
La reforma también amplía las posibilidades de declarar inadmisibles solicitudes de asilo cuando el solicitante tiene un vínculo con un país tercero considerado seguro, ha transitado por él o puede ser trasladado en virtud de acuerdos específicos con ese Estado.
Al mismo tiempo, se habilita a la Comisión para suspender total o parcialmente la designación de un país como seguro si se produce un deterioro grave de la situación de derechos humanos o de seguridad. De este modo, la UE busca combinar rapidez y flexibilidad, sin renunciar a las garantías individuales exigidas por el Derecho internacional.
Frente a este giro hacia procedimientos más estrictos y armonizados, los defensores de la regularización española argumentan que se trata de una respuesta pragmática a una realidad ya existente de trabajadores integrados en la economía y la sociedad, pero atrapados en la irregularidad administrativa.
Sin embargo, las fuerzas conservadoras en la Eurocámara alertan de un posible “efecto llamada” si el mensaje que se proyecta es que la entrada irregular puede acabar derivando en papeles generalizados. Para estos grupos, cualquier iniciativa de este tipo debería basarse en criterios individualizados y condicionados, y no en amnistías amplias.
La Comisión recalca que la regularización no puede convertirse en un atajo que vacíe de contenido el sistema común de asilo y retorno recientemente acordado. Si un Estado miembro opta por un proceso extraordinario, debe garantizar que los controles de antecedentes, la verificación de identidad y la interoperabilidad de bases de datos se alinean con los estándares de la UE para prevenir riesgos de seguridad y delincuencia organizada. Bruselas insiste también en que las decisiones nacionales deben coordinarse con los socios europeos para gestionar eventuales desplazamientos posteriores hacia otros países Schengen.
Al mismo tiempo, la UE intenta reforzar la cooperación con terceros países para gestionar los flujos irregulares y promover vías legales y ordenadas. La revisión del concepto de “tercer país seguro” permite que los Estados miembros, o la propia Unión, firmen acuerdos que prevean que las solicitudes de protección se examinen fuera del territorio comunitario, siempre que se respeten plenamente el principio de no devolución y las garantías procesales. Esta estrategia exterior se presenta como complemento, y no sustituto, de las políticas internas de integración y regularización.
La advertencia de la Comisión, en suma, no niega la potestad de España para diseñar sus propias amnistías migratorias, pero exige que lo haga dentro del marco europeo y con una evaluación explícita de las implicaciones de seguridad para todos los socios. La clave estará en si el plan español se acompasa al calendario de aplicación de las nuevas normas de asilo y retorno y en cómo responden otros Estados miembros ante la posibilidad de que ciudadanos regularizados en España ejerzan su derecho a circular por el resto de la Unión. La discusión en la Eurocámara mostrará hasta qué punto la regularización puede compatibilizarse con la prioridad comunitaria de un control más homogéneo de las fronteras y de los flujos migratorios.
Todo ello se produce en un contexto en el que la Comisión y el Parlamento insisten en que la gestión migratoria debe equilibrar seguridad, solidaridad y respeto a los derechos fundamentales. Las nuevas listas de países seguros, las reglas sobre terceros países seguros y los procedimientos acelerados de frontera pretenden reducir la discrecionalidad nacional, pero también aumentan la presión para que los Estados eviten decisiones unilaterales de gran alcance. En este equilibrio delicado se inscribe la advertencia contra regularizaciones masivas que no tengan en cuenta, de forma transparente y coordinada, sus repercusiones en la seguridad de toda la UE.
