El Gobierno aprobará una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil en España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una Estrategia de Desarrollo Sostenible para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género y que incluye, entre otras medidas, una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil.

Así lo han informado a EL ESPAÑOL fuentes del Gobierno, que han detallado que el objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100% de las familias con hijos menores de 18 años a su cargo y acabar así con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.

Por el momento no hay fecha para que esta prestación se apruebe.

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Esta prestación es una reivindicación histórica de Sumar, que hace solo unos días propuso que se financiara con un impuesto para los ultrarricos.

De esta manera, el Gobierno incorpora por primera vez la prestación universal por crianza en una estrategia estatal como medida para erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo.

El objetivo es reducir la tasa de riesgo y exclusión social en un 10%.

200 euros al mes por hijo

Sumar siempre ha defendido que esta prestación, de carácter universal y sin requisito de renta, sea de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años (2.400 euros anuales por hijo).

Según un reciente informe de UNICEF, casi 1 de cada 3 niños y niñas en España vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, afectando a más de 2,7 millones de menores.

En términos generales, la pobreza en España se sitúa en el 19,5%. Entre los menores de edad, esta se dispara y se sitúa en el 28,4%, con un descenso de sólo 0,8 puntos en el último año.

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Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 5,6% de los menores de 18 años en nuestro país sigue sin poder permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Es decir, alrededor de 450.000 niños viven al límite en España.

Con esta prestación universal por crianza, la tasa de pobreza entre menores se podría reducir hasta un 11,2% en nuestro país. Esto, según datos de UNICEF, sacaría a más de 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación de vulnerabilidad si la prestación es de 100 euros al mes.

Si esta se duplica, como reclama Sumar, supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).

Impuesto a los ultrarricos

Se trata de una estrategia elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo titular, Pablo Bustinduy, la ha defendido como la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil junto a un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

Para pagar esta prestación, Consumo apuesta por crear un impuesto para los ultrarricos que consistiría en gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a los 100 millones de euros, algo que en España permitiría recaudar en torno a 5.200 millones de euros, según estimaciones realizadas por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea.

Para Bustinduy, un impuesto como este no solo serviría para erradicar la pobreza infantil, sino también para tener un sistema tributario más justo.

La propuesta de una prestación universal por crianza también ha sido defendida en reiteradas ocasiones por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Triplicar inversión en vivienda

Otro de los objetivos de esta Estrategia de Desarrollo Sostenible con 100 metas a cumplir hasta 2030 es el de mejorar el acceso a la vivienda y para ello se quiere triplicar la inversión pública con 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años y alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en 2030.

Se plantea también incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. Para ello, añaden las mismas fuentes, es fundamental la colaboración entre las distintas administraciones públicas y que más Gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.

La estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, señala además la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda de los jóvenes para reducir su edad de emancipación.

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Brecha de género

Entre las 100 metas también se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género y se fija como objetivo reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030, incluyendo una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres y un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

Con esta estrategia, el Gobierno también apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero en un 32%, además de establecer más recursos para emergencias derivadas de fenómenos extremos climáticos.

Asimismo, se quiere promover la visibilidad y concienciación sobre los delitos y discursos de odio y lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén completamente digitalizados, simplificados y unificados y se pueda garantizar la atención presencial para quienes lo necesiten.

Las 100 metas que se incluyen en esta estrategia se integran en cuatro retos: un Estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad; un sistema económico circular que genere bienestar y justicia social, laboral y ambiental; una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática; y situar los derechos humanos y la igualdad en el centro de la acción pública.