Sánchez y Montero en la Ejecutiva del PSOE de este lunes en Ferraz.

Sánchez y Montero en la Ejecutiva del PSOE de este lunes en Ferraz. PSOE

Política

Sánchez recurre al "papeles para todos" en plena crisis por los muertos de los trenes y alimenta a Vox ante las urnas

El PSOE crea un nuevo eje de campaña en medio del 'rally' electoral autonómico, algo que en Vox celebran porque creen que les beneficia.

Más información: Sánchez regularizará a más de medio millón de inmigrantes y lo hará por Real Decreto para sortear al Congreso

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Las claves

El Gobierno de Sánchez aprobará la regularización de más de medio millón de inmigrantes que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia en España.

La medida se tramitará por Real Decreto, evitando así el debate parlamentario y el voto en el Congreso, donde no tendría apoyo suficiente.

La decisión llega en plena polémica por el accidente ferroviario de Adamuz y podría beneficiar electoralmente a Vox, que defiende políticas migratorias más restrictivas.

El acuerdo con Podemos fija que la regularización estará abierta hasta el 30 de junio y podrá acreditarse con documentos como el padrón, citas médicas o contratos de alquiler.

Justo cuando más acorralado estaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras descubrirse que el descarrilamiento de Adamuz, con 45 muertos, se debió a un error en una soldadura de las vías, el Gobierno vuelve a sacarse un conejo de la chistera.

Este martes llevará al Consejo de Ministros la regularización de todos los inmigrantes que acrediten llevar en España más de cinco meses.

En total, habrá más de medio millón de inmigrantes que verán su situación legalizada mediante un real decreto que no tiene rango de ley y que, por tanto, no pasará por el Congreso. En los términos en los que está planteado sería rechazado con toda seguridad.

Alberto Prieto, sobre la regularización de inmigrantes.

Se trata en la práctica de un nuevo "papeles para todos", pero sin consenso parlamentario, al estilo del que impulsó el ministro socialista Jesús Caldera en 2005 y que llevó aparejada la regularización de casi 600.000 inmigrantes.

Ahora bien, en 20 años España ha cambiado toda su fisonomía demográfica: los inmigrantes han pasado de ser un 8,5% a un 14%.

Aquella regularización vino avalada por una mayoría parlamentaria que ahora no existe, aunque el PP fue muy crítico entonces.

En el contexto actual, y con Vox al alza, la medida de Pedro Sánchez puede beneficiar al partido de Santiago Abascal, que ha hecho de las medidas restrictivas en inmigración una de sus grandes bazas.

En la primera meta volante del actual rally electoral, Extremadura, la comunidad con menos inmigración, Vox pasó del 8% al 17% de los votos. Ahora, aspiran a repetir éxito en Aragón, que se enfrenta a las urnas el próximo 8 de febrero.

De hecho, Abascal fue este lunes el primer líder en reaccionar en X para acusar a Sánchez de "acelerar la invasión". Fuentes del partido admiten que el nuevo eje sobre la inmigración les favorece.

La medida condicionará lo que queda de campaña en Aragón y podría drenar votos del popular Jorge Azcón hacia su derecha, lo que complicaría su gobernabilidad si al final tiene que depender de Vox.

Repercusión en Aragón

Hasta ahora, las encuestas mostraban que el líder del PP estaba a un escaño de lograr una suma alternativa con PAR y Teruel Existe. Si Vox sube, tendría que pasar de forma obligatoria por la aduana de Abascal.

A eso se aferran en las filas socialistas ante lo que prevén una debacle histórica, ya que podrían bajar de la barrera psicológica de los 20 escaños, pese a que a su izquierda solo habría 4 o 5.

La tercera meta volante es Castilla y León, el 15 de marzo, la primera comunidad en la que Vox entró en un Ejecutivo regional. Fue hace cuatro años, tras un resultado por encima de las expectativas.

El acuerdo entre Podemos y el Gobierno estipula que el plazo para acogerse a la regularización finaliza el 30 de junio. Su recorrido impactará en tres comicios, ya que unas semanas antes los andaluces tendrán que acudir a las urnas.

Andalucía es una de las comunidades con mayor presión en este sentido, con provincias como Málaga y Almería, donde los inmigrantes ya suponen más del 20% de la población.

El decreto ley establece que el requisito de la permanencia en el país podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

También se menciona que se regularizará a "todos aquellos que carezcan de antecedentes penales relevantes", aunque no se aclara nada más.

Fuentes de Podemos admiten que lo han negociado "con el Gobierno", pero evitan concretar si Interior estaba al tanto.

El acuerdo entre Podemos y el Gobierno llega cuando una Iniciativa Legislativa Populat (ILP) impulsada por Cáritas languidecía en un limbo, tras ser admitida a trámite pero estancada en su tramitación.

La iniciativa proponía la regularización de más de medio millón de personas, todos aquellos que hubieran acreditado varios meses de residencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

En aquel momento, el PP votó a favor de la admisión a trámite, pero luego pidió que se analizase "caso a caso".

Ahora, el Gobierno busca presionar a Génova recordando que permitió que la ILP entrase en el Congreso.

Un año más tarde, Alberto Núñez Feijóo marca distancias y afirma que la propuesta de Sánchez "premia la ilegalidad".

De hecho, en los últimos meses el PP ha endurecido su propuesta en inmigración, llegando a pedir la contratación en origen y a copiar el modelo australiano de visado por puntos.

Aunque, en el trazo grueso, todos saben que Vox dominará el debate. Desde ahora, las causas del caos ferroviario pasan a un segundo plano. El Gobierno busca la polarización con la inmigración.