Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa posterior al fin del luto oficial por el accidente de Adamuz.
Sánchez "premia la ilegalidad" con la regularización masiva, según Feijóo: "Sólo el que aporta y cumple la ley se puede quedar"
El acuerdo entre PSOE y Podemos para regularizar masivamente a más de 500.000 inmigrantes sin control parlamentario es un "desvío de atención" de la crisis por los accidentes ferroviarios.
Más información: El plan para la inmigración de Feijóo valorará el castellano y creará una 'autoridad única' que regulará los visados de trabajo.
El Gobierno anunciaba este lunes, por boca de Podemos, una regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal. La medida afectaría a más de 500.000 personas y se tramitará a través de un real decreto, sorteando cualquier debate y votación parlamentaria.
Alberto Núñez Feijóo respondió de manera contundente. El líder del PP acusa al Ejecutivo de "premiar la ilegalidad" y de incumplir sus propios principios sobre la materia. En declaraciones a este diario, Feijóo ha remarcado que su partido defiende una política migratoria completamente distinta.
El PP presentó el pasado octubre su Plan Nacional para una Inmigración Legal, Ordenada y Mutuamente Beneficiosa. En ese documento, explica Feijóo, se establece un principio claro: "El que aporta y cumple la ley puede quedarse". Y sólo en ese caso, porque toda decisión "se evaluará caso por caso", garantizando un análisis individualizado de cada situación.
Alberto Prieto, sobre la regularización de inmigrantes.
La regularización masiva llega en uno de los momentos más críticos del Gobierno. La catástrofe del tren de Adamuz dejó 45 muertos y decenas de heridos, y sólo 48 horas después, el caos en Rodalies (Cercanías de Cataluña) llevó a otro accidente mortal... y a una semana sin apenas servicio en toda la región.
El sistema ferroviario español está "al borde del colapso", denuncian los populares.
Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 26, 2026
Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos.
En la España socialista, la ilegalidad se premia.
La política…
En este contexto, fuentes del PP aseguran que el acuerdo PSOE-Podemos "responde a una estrategia de distracción política".
Se trata de cambiar el foco mediático ante la responsabilidad del Gobierno en dos tragedias que han conmovido al país. El Ejecutivo intenta "cambiar de tema a toda prisa", según estas fuentes.
La medida también llega en plena campaña electoral en Aragón. La socialista Pilar Alegría no tiene opciones reales de victoria, pero la introducción del debate migratorio abre un nuevo frente que beneficia al PSOE... en la medida en que alimenta a Vox.
Según fuentes del PP, a los socialistas sólo les queda desear que la formación de derecha extrema siga creciendo para presentarse ellos "como única alternativa contra la ultraderecha".
Posible ilegalidad
Sin embargo, la mayor controversia rodea la vía de tramitación elegida. El Gobierno ha optado por un real decreto ordinario, eludiendo cualquier debate en el Congreso de los Diputados. Expertos en derecho administrativo cuestionan seriamente la legalidad de esta opción.
La regulación de la extranjería en España está recogida en la Ley Orgánica 4/2000, que constituye el marco legal máximo en esta materia. Una regularización masiva de estas características "afecta al núcleo mismo de los derechos y obligaciones de los extranjeros".
Un real decreto ordinario sólo puede desarrollar y aplicar lo que una ley ya prevé, advierten estos especialistas. No pueden crear nuevas categorías de regularización ni establecer procedimientos extraordinarios sin base legal expresa. Y la Ley de Extranjería no autoriza explícitamente una regularización de este alcance.
Para modificar los términos sustanciales de la norma se requeriría una reforma de la propia ley orgánica, o bien una ley elaborada ad hoc, como reclamaba la Iniciativa Legislativa Popular presentada hace ahora casi dos años... y cuya tramitación apoyó el PP, para enmendarla.
La Constitución española reserva a la ley orgánica las cuestiones relativas a derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros. El Gobierno, según el PP, no cuenta con facultad discrecional para esquivar esta garantía parlamentaria.
"Legal sí, ilegal no"
Feijóo insiste en que la regularización masiva sin garantías reales de integración "es contraproducente", en el plan presentado por los populares en octubre. Porque la medida no aborda los problemas estructurales: la falta de empleo, desconocimiento del idioma, carencia de vivienda, y muy especialmente ahora, la "presión sobre servicios públicos".
Efecto llamada, barrios tensionados y servicios públicos al límite: el precio de salvar a Óscar Puente https://t.co/KUn4RaPFZE
— Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) January 26, 2026
El PP subraya que estas medidas sin base de integración "consolidan la precariedad laboral y social". Alimentan la economía sumergida y "generan competencia desleal" en sectores donde prolifera el trabajo irregular.
"Los barrios sufren" presión excesiva sobre sanidad, educación y servicios sociales, trasladando el coste de decisiones nacionales "a gobiernos locales y autonómicos sin recursos" para afrontarlos adecuadamente.
Feijóo se revuelve contra el "efecto llamada" y el "desvío de la atención", rechazando la iniciativa y ofreciendo un enfoque radicalmente distinto. Según el político gallego, la nacionalidad y la residencia españolas deben ser un mérito, no una gestión burocrática. "Contribuir debe ser el requisito para permanecer".
El líder de la oposición promete, incluso, una reforma profunda cuando llegue al Gobierno. Una política migratoria "ordenada, mutuamente beneficiosa y basada en principios claros".
