La detención del expresidente de la SEPI estrecha el cerco político sobre Montero y el judicial sobre Santos Cerdán

Este miércoles se ha abierto un nuevo frente y la marea ha alcanzado de lleno a María Jesús Montero, porque ha sido detenido quien fue uno de sus más estrechos colaboradores. Y además, está conectado directamente con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE recién salido de la cárcel.

Los socialistas estaban enfrascados en los efectos de los acosos sexuales en el PSOE cuando la Guardia Civil detuvo por sorpresa a Leire Díez y a Vicente Fernández por un caso hasta ahora desconocido que investiga el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.

Al haber sido declarada secreta la causa, se desconoce aún qué hechos motivan las detenciones y cuándo se produjeron estos, pero todo apunta a un nuevo caso de colaborador cercano que termina encausado.

La primera es la llamada “fontanera” del PSOE, sobre la que hay en el Gobierno y el partido algunos temores sobre lo que pueda declarar, porque ya ha acreditado cierta tendencia a alardear de sus actividades. Está encausada por presuntas amenazas a fiscales en otro sumario.

Vicente Fernández fue presidente de la Sociedad Española de Participaciones Empresariales entre junio de 2018 y octubre de 2019.

La importancia de esta detención es que Fernández fue mano derecha de María Jesús Montero, vicepresidenta primera, vicesecretaria del PSOE y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Por ello, su detención estrecha el cerco político sobre Montero, ya muy tocada por el escándalo mal resuelto de Paco Salazar.

El pasado mes de julio, durante su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado, un senador del PP le afeó a Fernández su patrimonio inmobiliario con varias viviendas en Madrid, Sevilla y Marbella, valoradas, según cálculos del senador popular Francisco Bernabé, en más de diez millones de euros.

Sin embargo, en aquella ocasión Vicente Fernández no se pronunció ni sobre ese asunto ni sobre la trama de corrupción del 'caso Koldo'.

Fernández era Interventor General de la Junta de Andalucía cuando Montero era consejera de Hacienda de esa comunidad. En 2018, cuando Sánchez ganó la moción de censura nombró a Montero ministra de Hacienda, de la que depende la SEPI y ella puso al frente a Fernández Guerrero, por ser de su estricta confianza.

El cargo de presidente de la SEPI es uno de los más sensibles de la Administración central, porque de ella dependen todas las empresas con participación del Estado, como Correos, Navantia, la Agencia EFE, Tragsa, Mercasa o Hunosa, entre otras. Más de cien empresas, incluyendo aquellas en las que tiene participación el Estado, aunque sea mínima.

En 2023, el grupo SEPI registró una cifra de negocio de 5.908 millones de euros y un valor contable de 15.700 millones de euros. Es decir, su presidente es necesariamente un cargo de la máxima confianza de la titular de Hacienda.

En el caso de Fernández, esa relación con la ahora vicepresidenta era reconocida y visible. Tanto que, cuando en octubre de 2019 fue imputado por el llamado caso Aznalcóllar, Montero decidió dejar el cargo vacante.

Hizo que un vicepresidente se pusiera al frente de la SEPI, a la espera de que su colaborador fuera desimputado. Por eso no nombró sucesor hasta febrero de 2021, cuando Fernández fue finalmente procesado.

Ese caso Aznalcóllar llegó precisamente a su fin este lunes, cuando se hizo pública la sentencia y Fernández fue absuelto. Dos días después ha sido detenido por otro caso, esta vez investigado por la Audiencia Nacional.

Fernández en Servinabar

La relación de quien era mano derecha de Montero con Cerdán lleva a la empresa navarra Servinabar, la que presuntamente  pagaba los gastos del exsecretario de Organización del PSOE y que supuestamente se benefició de adjudicaciones publicas. Incluso, Cerdán tenía el 45% de esa sociedad, según un documento hallado por la Guardia Civil.

Fernández estuvo en nómina de Servinabar entre mayo de 2021 y febrero de 2023. Es decir, fue contratado por la empresa de Cerdán poco después de que Montero cubriera su puesto al frente de las empresas públicas.

Cobró de Servinabar, como especialista en adjudicaciones públicas, más de 100.000 euros en los escasos dos años que estuvo en nómina, frente a los casi 300.000 que cobraba anualmente en la SEPI.

En este punto, su detención estrecha el cerco judicial sobre Santos Cerdán, que salió de la cárcel hace tres semanas tras pasar en ella casi cinco meses por el caso Koldo.

Fernández fue convocado por Acciona a una reunión para tratar de una obra que debía adjudicar Navantia en Galicia. Y allí estaba Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán, que terminó contratándole para Servinabar como especialista en adjudicaciones públicas.

A su vez, Vicente Fernández estableció relación de amistad con Leire Díez cuando ésta era jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear perteneciente a la SEPI entre 2018 y 2021. A ese puesto llegó Leire Díez de la mano de José Luis Ábalos, tras conocerse en la campaña de primarias en las que Sánchez ganó a Susana Diaz.

La fontanera le ayudó, intentando que se publicaran en diferentes medios (incluido EL ESPAÑOL) informaciones que le favorecían en el procedimiento de Aznalcóllar. Era parte del plan de María Jesús Montero para que su colaborador fuera desimputado y poder reponerle al frente de la SEPI.

Además, Leire Díez, según diversos testimonios, colaboraba con Santos Cerdán cuando éste era el responsable de Organización del PSOE para recabar informaciones comprometidas. Es decir, Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero trabajaban al tiempo para Cerdán, con distintos puestos y cometidos.

Desde entonces, se hicieron amigos y colaboraron.

Este miércoles fueron detenidos a la vez por la UCO por posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.